Por: Ángel Durán
Al conocer una reflexión inspirada en el pensamiento de Yuval Noah Harari me surgió una pregunta que no podemos eludir: ¿estamos condenados a ser gobernados por quienes muestran mayor seguridad, aunque tengan menos conocimiento, responsabilidad y sensibilidad social?
No empleo aquí esa palabra como insulto.
Me interesa el problema institucional: cuando el poder queda en manos de una persona sin preparación, ética ni vocación de servicio, el daño no recae solamente en su reputación.
Lo paga la sociedad mediante malas decisiones, instituciones debilitadas y oportunidades perdidas.
David Dunning y Justin Kruger estudiaron cómo quienes tienen bajo desempeño en un campo pueden sobreestimar sus capacidades porque les faltan herramientas para advertir sus errores.
El efecto Dunning-Kruger no prueba que el ignorante siempre tenga más confianza que el experto ni clasifica personas por su inteligencia. Explica una dificultad específica de autoconocimiento.
Quien sabe suele reconocer variables, límites y consecuencias; quien desconoce puede reducir un problema complejo a una respuesta sencilla.
En política, esa falsa claridad tiene atractivo.
El ciudadano escucha a un especialista decir que una crisis depende de múltiples factores, mientras otro personaje promete resolverla inmediatamente.
Nuestro cerebro se inclina con facilidad hacia la respuesta cómoda.
Daniel Kahneman explicó esta tensión mediante dos formas de procesamiento.
Una es rápida, intuitiva y emocional; la otra es lenta, analítica y demandante.
Ambas son necesarias. Sin la primera no reaccionaríamos ante un peligro; sin la segunda no podríamos diseñar una política pública, evaluar sus costos ni anticipar sus efectos.
El problema comienza cuando la política explota permanentemente la reacción inmediata e impide la deliberación.
A ello se agrega el poder. Investigaciones de Sukhvinder Obhi encontraron menor resonancia motora en personas colocadas experimentalmente en posiciones de poder.
Dacher Keltner también ha estudiado cómo el poder puede reducir la atención hacia las necesidades ajenas.
Estos hallazgos no significan que gobernar destruya inevitablemente la empatía ni exoneran moralmente a nadie.
Advierten un riesgo que debe contenerse mediante contrapesos, rendición de cuentas, escucha ciudadana y proximidad con quienes padecen las decisiones públicas.
La historia demuestra que no existe una condena biológica a elegir gobernantes irresponsables.
La democracia fue concebida precisamente para distribuir el poder, corregir errores y sustituir pacíficamente a quien gobierna mal.
Harari sostiene que las grandes comunidades cooperan mediante relatos compartidos, como la nación, el dinero, las leyes y las instituciones.
También advierte que información no equivale a verdad: conocer la realidad exige investigar, contrastar y aceptar su complejidad; inventar una explicación seductora resulta mucho más fácil.
Al político, por su parte, debemos dotarlo de mejores instituciones, asesoría técnica, información verificable y obligaciones de justificar sus decisiones.
La confianza ciudadana no debería ganarse gritando certezas, sino demostrando competencia, honestidad y resultados.
No estamos destinados a ser gobernados por los menos responsables.
Sin embargo, si premiamos el espectáculo, confundimos seguridad con conocimiento y permitimos que la tecnología explote nuestros impulsos, facilitamos su llegada.
La democracia necesita algo más difícil: ciudadanos dispuestos a pensar y gobernantes capaces de escuchar, dudar responsablemente y decidir para el bien común.