*Recortes presupuestales, desaparición de fondos y reglas de operación absurdas tienen las calles del estado sumidas en un bache inmenso
CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El evidente deterioro de las calles y avenidas en el estado no es un problema exclusivo de una sola alcaldía; se trata de una crisis financiera que mantiene bajo el agua a las administraciones de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. El severo problema de baches y la falta de mantenimiento urbano es el resultado directo de una política de asfixia presupuestal provocada por el Gobierno Federal a través de la desaparición de programas, el recorte drástico de recursos y la eliminación de fondos para la infraestructura local.
Históricamente, los ayuntamientos de la entidad dependían de una red de apoyos federales para costear el reencarpetamiento y la compra de mezcla asfáltica, un insumo derivado del petróleo cuyo costo se ha disparado. Sin embargo, la estrategia de centralización del gasto en la Ciudad de México dejó a los municipios colimenses operando “con las uñas” y con las manos atadas para responder a las demandas de los ciudadanos.
El triple golpe financiero de la Federación
Especialistas en finanzas públicas coinciden en que el colapso de las vialidades en el estado responde a tres factores federales determinantes que afectan por igual a los principales municipios de la región:
Desaparición de Fondos Clave: Con la eliminación de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y bolsas de desarrollo regional, municipios costeros como Manzanillo y de alta producción agrícola como Tecomán perdieron el respaldo económico para reaccionar ante los destrozos de las lluvias y tormentas tropicales. Hoy, si un fenómeno meteorológico destruye el asfalto, cada ayuntamiento debe absorber el gasto total.
Recortes Sostenidos al Presupuesto: Año con año, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha disminuido las participaciones destinadas a los municipios. Al recortar este dinero, administraciones con grandes zonas urbanas como Colima y Villa de Álvarez se ven obligadas a usar sus pocos ingresos solo para sobrevivir (pagar nóminas, alumbrado público, recolección de basura y seguridad), dejando la bolsa del bacheo prácticamente en ceros.
Cancelación de Programas de Pavimentación: Se eliminaron por completo las ventanillas donde los alcaldes gestionaban proyectos técnicos para reencarpetar colonias enteras, cerrando cualquier posibilidad de obtener recursos extraordinarios para la red vial.
Reglas de operación absurdas y prioridades ajenas a las calles
Aunado a la falta de dinero, las estrictas reglas de operación del poco recurso federal que aún se transfiere (como el Ramo 33) actúan como una camisa de fuerza. La ley obliga a gastar ese dinero estrictamente en zonas de pobreza extrema y en rubros muy específicos (como redes de drenaje o electrificación). Si un alcalde en Manzanillo, Tecomán, Colima o La Villa intenta utilizar ese fondo para reparar una avenida principal o los accesos a las colonias, la Federación lo sanciona inmediatamente por desvío de recursos.
Mientras las calles de nuestro estado padecen este abandono presupuestal, el dinero de los contribuyentes colimenses ha sido redirigido masivamente hacia la consolidación de megaproyectos federales y programas sociales de transferencia directa. Aunque estos programas apoyan el bolsillo familiar, la política centralista dejó vacías las arcas públicas locales para el mantenimiento urbano, priorizando agendas que nada tienen que ver con el fortalecimiento de las vialidades.
Ante este panorama, la realidad para el estado es compleja: con el costo del asfalto por las nubes y las finanzas locales asfixiadas por el centralismo fiscal, los municipios de Colima enfrentan el reclamo ciudadano de las calles dañadas, cargando con el costo político de decisiones que se tomaron desde los escritorios de la Ciudad de México.