Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Más allá del flagelo de la violencia que roba la paz a millones de mexicanas y mexicanos, existe una tragedia silenciosa que amenaza el futuro del país: la educativa.
Mientras los homicidios y la violencia delincuencial ocupan titulares, 1.4 millones de estudiantes de los estados más pobres de México permanecen sin clases, privados de la única herramienta capaz de transformar realmente sus condiciones de vida: la educación.
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán vuelven a ser escenario de esta crisis. El paro de la CNTE mantiene sin actividades escolares a alrededor de 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes. Son estudiantes que pertenecen, en su mayoría, a los sectores más vulnerables de la población y que hoy ven interrumpido su proceso educativo por una disputa política y sindical.
La diferencia entre este problema y otros que enfrenta el país es que éste sí puede resolverse con voluntad política. Sin embargo, el régimen ha demostrado que concibe la educación más como una herramienta de control político que como un mecanismo de movilidad social.
Por eso en 2019 López Obrador desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y abrogó la reforma educativa de 2013. Con ello no sólo eliminó el Servicio Profesional Docente; también desmanteló un modelo que buscaba colocar la evaluación, la capacitación y la mejora continua como ejes centrales del sistema educativo.
La reforma de Enrique Peña Nieto tenía defectos, como cualquier política pública, pero partía de una premisa correcta: que los mejores docentes estuvieran frente a grupo y que el Estado recuperara la rectoría educativa frente a los poderes fácticos del sindicalismo.
Morena decidió recorrer el camino contrario. Sustituyó la evaluación por programas asistencialistas que le han resultado muy rentables electoralmente. Ahí están las becas y programas como La Escuela es Nuestra, señalado en diversas ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación debido a deficiencias en los mecanismos de fiscalización y control del gasto.
Pero ante la falta de clases y el paro ilegal que afecta a estas niñas, niños, adolescentes y a sus padres de familia, ¿de qué sirven los apoyos económicos y la inversión en infraestructura si las y los estudiantes no tienen clases?
No es casualidad que precisamente en las entidades donde la CNTE mantiene mayor influencia se registren algunos de los peores indicadores educativos del país. Ahí persisten altos niveles de rezago, abandono escolar y bajos resultados en comprensión lectora y matemáticas.
Lo más grave es que Morena alimentó políticamente a la CNTE durante años. Utilizó sus movilizaciones para combatir la reforma educativa, lucró electoralmente con el conflicto magisterial y hoy enfrenta las consecuencias de haber fortalecido a un grupo que se ha convertido en un poder paralelo.
La gran tragedia es que quienes pagan el costo no son los dirigentes sindicales ni los políticos. Son los estudiantes más pobres del país. Aquellos para quienes la educación representa la única posibilidad real de movilidad social, precisamente los sectores más pobres, a ellos criminalmente les roban su futuro.
Dos puntos.
Desde 2013 defendimos en este espacio la reforma educativa de Enrique Peña Nieto porque colocaba en el centro la mejora de la práctica docente, la evaluación y la ampliación del tiempo efectivo de aprendizaje con el programa Escuelas de Tiempo Completo. Trece años después, los hechos parecen darle la razón a quienes advertían que destruir ese modelo significaría una regresión educativa cuyas consecuencias hoy estamos padeciendo.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.