Por Ángel Durán
Hay fechas que no deberían servir para felicitar a nadie. Deberían servir para reflexionar.
El 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, es una de ellas.
Porque antes de ser una celebración, es un recordatorio. Un recordatorio de que las libertades no nacen de la generosidad del poder, sino de las luchas de generaciones enteras que comprendieron que una sociedad que no puede expresar sus ideas está condenada a obedecer las ideas de otros.
La libertad de expresión no es un privilegio de periodistas, comunicadores o medios de comunicación.
Es un patrimonio colectivo. Pertenece a toda la sociedad. Es el derecho que tenemos las y los mexicanos de conocer la verdad, de cuestionar al poder, de debatir el rumbo del país y de participar en la construcción de nuestro destino común.
Por eso, cuando una sociedad pierde su libertad de expresión, pierde mucho más que un derecho. Pierde la posibilidad de corregirse a sí misma.
Los constituyentes que edificaron nuestras instituciones comprendieron algo fundamental: ningún poder debe estar por encima del derecho de las personas a pensar, opinar e informar.
Por ello, nuestra Constitución protege la libertad de expresión como uno de los pilares sobre los que descansa la democracia mexicana.
Sin embargo, la historia enseña que las constituciones por sí solas no bastan.
Las leyes pueden escribirse. Los derechos pueden proclamarse. Los discursos pueden repetirse año tras año. Pero cuando la realidad contradice a las palabras, la sociedad termina percibiendo esos derechos como promesas incumplidas.
Y ahí radica el desafío de nuestro tiempo.
La verdadera prueba de una democracia no se encuentra en los discursos que pronuncian sus gobernantes, sino en la capacidad de escuchar las voces que los contradicen.
Un gobierno fuerte no es aquel que acumula poder. Es aquel que tolera la crítica, acepta el escrutinio y entiende que la disidencia no es una amenaza, sino una condición indispensable para mejorar.
Los organismos internacionales de derechos humanos lo han sostenido durante décadas: La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en un principio elemental: donde la libertad de expresión es débil, la democracia comienza a deteriorarse.
La censura rara vez llega anunciando su nombre. Generalmente aparece disfrazada de miedo, de autocensura, de amenazas, de precariedad económica o de impunidad.
Y cuando eso ocurre, los primeros afectados son los periodistas. Pero los últimos afectados terminan siendo todos los ciudadanos.
Porque cada periodista silenciado representa una pregunta que nunca se formuló. Una investigación que nunca se publicó. Una verdad que nunca llegó a la sociedad.
México ha pagado un costo demasiado alto por no comprender plenamente esta realidad.
Durante años hemos visto cómo hombres y mujeres dedicados a informar han enfrentado riesgos que ninguna sociedad democrática debería tolerar. Muchos fueron amenazados. Otros fueron obligados a callar. Algunos desaparecieron. Otros perdieron la vida.
Lo más preocupante no es únicamente la violencia. Lo más preocupante es acostumbrarnos a ella.
Una nación comienza a perder el rumbo, cuando deja de indignarse ante aquello que debería escandalizarla.
Por eso este 7 de junio la reflexión no debe dirigirse únicamente al Estado.
También debe alcanzar a la sociedad.
Los derechos humanos sobreviven únicamente cuando existe una ciudadanía dispuesta a defenderlos. Ninguna libertad permanece viva por inercia. Todas requieren vigilancia, compromiso y memoria.
Las generaciones que nos precedieron comprendieron que el silencio impuesto nunca ha producido sociedades más libres ni más justas.
Gracias a ellas heredamos instituciones, derechos y espacios de participación que hoy parecen normales, pero que en realidad fueron conquistados mediante enormes sacrificios.
La pregunta es inevitable: ¿estamos dispuestos a proteger ese legado?
Porque una sociedad que olvida el valor de sus libertades, termina perdiéndolas poco a poco. No de golpe. No en un solo día. Sino lentamente, mientras deja de defender aquello que considera seguro.
La libertad de expresión, es uno de los grandes legados de nuestra historia democrática. No pertenece a un gobierno, a un partido político, ni a un medio de comunicación. Pertenece a México.
Y como todo legado valioso, exige responsabilidad. La responsabilidad del poder para respetarla. La responsabilidad de los periodistas para ejercerla con verdad y ética. Y la responsabilidad de la sociedad para defenderla.
Porque cuando una nación y su gente protegen la libertad de expresión, protegen también su derecho a construir un futuro mejor.