Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
A la clase en el poder no les bastó con desaparecer al órgano garante del acceso a la información pública, en una clara regresión en materia de derechos humanos. Ahora fueron todavía más lejos: eliminaron de la Ley de Transparencia la obligación de publicar los indicadores relacionados con objetivos y resultados de los sujetos obligados.
Es decir, quitaron precisamente el apartado que permitía medir si los gobiernos estaban cumpliendo o no sus metas. ¿Por qué eliminar la fracción VI, aquella que obligaba a publicar “los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”? La respuesta es obvia: porque esos indicadores exhibían la ineptitud gubernamental.
No se puede entender de otra manera, puesto que si obtuvieran buenos resultados estarían más que contentos en transparentarlos y dales máxima publicidad. Como es lo contrario, optaron por la opacidad al desaparecer este indicador. Así solitos se exhiben en su ineptitud.
Ahí estaban los datos duros. Los porcentajes de cumplimiento. Los rezagos. Las metas incumplidas. Los programas ineficaces. Era, quizá, uno de los mecanismos más importantes para evaluar objetivamente el desempeño institucional.
Y reitero: precisamente por eso lo eliminaron. Porque a los gobiernos autoritarios y opacos no les gusta ser evaluados. Mucho menos exhibidos con cifras oficiales que contradigan el discurso triunfalista de las conferencias y boletines institucionales.
Lo más grave es que esta decisión representa además una violación evidente al principio de progresividad de los derechos humanos. Ese principio establece que el Estado no puede reducir ni eliminar mecanismos ya conquistados para garantizar derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima eliminaron una herramienta normativa que permitía a cualquier ciudadano conocer cuánto avanzaba el gobierno en sus metas, qué programas funcionaban y cuáles no, así como el nivel real de cumplimiento institucional.
Ahora ya no lo sabremos. Y no porque técnicamente no puedan publicarlo, sino porque legalmente decidieron dejar de estar obligados a transparentarlo. Ese es el verdadero fondo del asunto. El mensaje político es contundente y dimensiona el nivel de soberbia de la nueva clase política: no quieren que la ciudadanía evalúe resultados. No quieren comparaciones. No quieren indicadores públicos que permitan evidenciar ineficiencia, simulación o fracaso gubernamental.
Así se propicia la opacidad y luego la corrupción. Por eso resulta tan grave esta reforma. Porque no sólo desaparecieron organismos autónomos; también comenzaron a desmontar, pieza por pieza, los instrumentos que permitían fiscalizar al poder desde la ciudadanía.
Dos puntos.
El argumento oficial siempre será el mismo: austeridad, simplificación administrativa o reestructuración institucional. Pero la realidad es otra. Ningún gobierno verdaderamente democrático elimina mecanismos que permiten medir resultados. Sólo lo hacen aquellos que no quieren ser evaluados.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.