Ventana Política
Por: Guillermo Montelón Nava
La amenaza del fenómeno de El Niño ya no puede verse como una advertencia lejana ni como un episodio climático más dentro de la rutina anual de lluvias y sequías. Los pronósticos internacionales y nacionales coinciden en que podríamos enfrentar una de sus manifestaciones más severas en décadas, con consecuencias potencialmente devastadoras para regiones enteras del país. Ante ello, México necesita actuar con visión preventiva y no esperar, como tantas veces ocurre, a que la emergencia nos rebase.
El Niño representa mucho más que lluvias intensas en unas zonas y sequías extremas en otras. Se trata de un fenómeno capaz de alterar profundamente la vida económica, social y productiva de millones de personas. Inundaciones, deslaves, pérdida de cosechas, incendios forestales, desabasto de agua, daños en carreteras y viviendas, así como afectaciones al comercio y a la salud pública, forman parte de un escenario que exige preparación inmediata, pero hasta ahora, ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos han informado sobre planes y programas de prevención.
La experiencia ha demostrado que los desastres naturales no siempre se convierten en tragedias por la fuerza de la naturaleza misma, sino por la ausencia de prevención, coordinación y capacidad de respuesta. Ahí radica precisamente el mayor desafío para los tres órdenes de gobierno: entender que la protección civil no puede limitarse a reaccionar cuando ya hay comunidades bajo el agua o campos totalmente secos. La verdadera responsabilidad pública consiste en anticiparse.
Resulta indispensable que los gobiernos federal, estatal y municipal fortalezcan desde ahora sus planes preventivos. Esto implica revisar y actualizar atlas de riesgo, limpiar y desazolvar ríos, canales y drenajes, supervisar presas y sistemas hidráulicos, identificar zonas vulnerables y establecer protocolos claros de evacuación y atención. En muchas ciudades, cada temporada de lluvias evidencia las mismas fallas: alcantarillas colapsadas, inundaciones previsibles y asentamientos irregulares en áreas de alto riesgo. Lo grave es que esos problemas ya son conocidos y, aun así, persisten por negligencia o falta de planeación.
Sin embargo, el reto va mucho más allá de la infraestructura urbana. El sector agrícola podría convertirse en uno de los más golpeados por los efectos extremos del fenómeno. Sequías prolongadas pueden arrasar cultivos y provocar pérdidas millonarias para productores que dependen del temporal, mientras lluvias intensas pueden destruir cosechas enteras en cuestión de horas. Esto no solo afecta a quienes trabajan el campo; repercute directamente en el precio de los alimentos, en el abasto nacional y en la estabilidad económica de miles de familias.
Por ello, es urgente impulsar estrategias de apoyo preventivo al campo. Sistemas de captación de agua, tecnificación del riego, seguros agrícolas, monitoreo climático y asesoría técnica deben convertirse en prioridades y no en medidas improvisadas cuando ya ocurrió el desastre. La seguridad alimentaria del país también depende de nuestra capacidad para prepararnos frente a fenómenos climáticos cada vez más agresivos.
Otro aspecto fundamental es la comunicación oportuna y efectiva con la población. En muchas ocasiones, las alertas oficiales llegan tarde, son confusas o simplemente no logran generar conciencia. La ciudadanía necesita información clara, permanente y accesible sobre riesgos, medidas de autoprotección y protocolos de emergencia. No basta con emitir avisos esporádicos; se requiere una auténtica cultura de prevención.
Las campañas de concientización deben involucrar escuelas, medios de comunicación, organizaciones civiles y comunidades enteras. La preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre salvar vidas o lamentar pérdidas irreparables. Saber cómo actuar ante una inundación, qué hacer frente a una ola de calor extrema o cómo almacenar agua de manera segura son conocimientos básicos que deberían difundirse masivamente.
La operación eficiente de los sistemas de protección civil será igualmente decisiva. Personal capacitado, equipo suficiente, coordinación interinstitucional y capacidad de reacción rápida deben garantizarse antes de que las emergencias se presenten. Cuando un fenómeno climático extremo golpea, cada minuto cuenta. La improvisación cuesta vidas.
También es momento de reconocer que el cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de estos fenómenos. Lo que antes se consideraba extraordinario hoy comienza a volverse recurrente. Por ello, las políticas públicas deben dejar de pensar únicamente en atender contingencias temporales y avanzar hacia estrategias de adaptación climática de largo plazo.
El gobierno no puede seguir actuando bajo la lógica de la emergencia permanente. Cada desastre deja imágenes dolorosas, promesas de reconstrucción y discursos sobre la necesidad de prevenir, pero con demasiada frecuencia todo vuelve a olvidarse cuando pasa la crisis. Esa indiferencia institucional tiene costos humanos y económicos enormes.
Prepararnos para los posibles efectos extremos de El Niño no es una opción política ni una exageración alarmista. Es una obligación ética y una necesidad nacional. Los gobiernos deben asumir con seriedad su responsabilidad, pero también la sociedad debe involucrarse activamente en las tareas de prevención y cuidado del entorno.
La naturaleza seguirá imponiendo desafíos cada vez más complejos. La diferencia estará en nuestra capacidad para actuar con anticipación, coordinación y responsabilidad. Esperar a reaccionar cuando los daños ya sean irreversibles sería, una vez más, el peor de los errores.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.