Por: Ángel Durán
Durante muchos años en México nos acostumbraron a algo profundamente injusto: caminar hacia el mar y encontrarnos con una reja, una caseta, un guardia o un letrero que decía “propiedad privada”.
Como si alguien pudiera apropiarse del horizonte. Como si el océano tuviera escrituras.
Pero las playas no tienen dueño, todos tenemos derecho a disfrutarlas, y nadie te debe impedir su acceso, poner tu sombrilla o ponerte cómodo junto a tu familia; quien te lo impida, está violando la ley y puede ser sancionado, sólo hace falta que defiendas tu Derecho.
Hace unos días publiqué en Paréntesis Legal un análisis más amplio y jurídico sobre las reformas nacionales que buscan garantizar el acceso libre a las playas mexicanas.
Ahí expliqué cómo durante décadas muchos desarrolladores, hoteleros y fraccionadores aprovecharon vacíos legales y la indiferencia de las autoridades, para cerrar accesos públicos y convertir bienes nacionales en espacios exclusivos. https://parentesislegal.com/avanzan-las-reformas-para-que-no-se-restrinja-el-acceso-y-uso-de-todas-las-playas-de-mexico/ aquí lo puedes ver.
Hoy quiero hablar del tema desde lo local. Desde que miles de familias viven cada temporada y les son negados sus derechos de disfrutar el acceso a las playas.
Porque en Colima, como en muchas zonas del país, todavía existen obstáculos para llegar al mar: bardas, cadenas, accesos bloqueados, vigilancia intimidante o caminos “privados” que terminan expulsando a la gente de espacios que constitucionalmente pertenecen a todos.
Eso tiene que terminar. La Constitución, en su artículo 27, es clara: las playas son bienes nacionales. Y la Ley General de Bienes Nacionales, también lo establece sin rodeos: nadie puede impedir, restringir o condicionar el acceso a ellas.
Nadie: ni hoteles. ni fraccionamientos. ni clubes privados. ni desarrolladores inmobiliarios. Mucho menos cuando construyeron bardas o cerraron caminos para apropiarse de facto de lo que jamás les perteneció, en este caso deben de derribarlos para dar acceso a todo a quien quiera pasar al mar.
El problema es que durante años se normalizó el abuso. Se hizo costumbre que una familia llegara a la playa y sintiera que estaba invadiendo un espacio ajeno. Que alguien les dijera, dónde sí podían sentarse y dónde no.
Y eso no solo es ilegal. Si no también clasista.
Por eso las nuevas reformas federales son importantes. Porque ya no basta con reconocer el derecho en el papel.
Ahora el Estado tiene la obligación de garantizar accesos reales, visibles y permanentes hacia las playas.
Y donde existan bloqueos ilegales, éstos deben retirarse. Así de simple.
Las autoridades municipales, estatales y federales tienen que dejar de hacerse de la vista gorda, cuando reciban una denuncia, deben actuar de inmediato y sancionar al responsable y capacitar de manera masiva a todos los hoteleros, fraccionadores, y toda aquella persona que tenga inmuebles que impiden el paso a la playa, capacitar a su personal para que sepan cómo actuar, cuando alguien les pide acceso; esa es la mejor solución.
No puede seguir ocurriendo que desarrollos enteros crezcan rodeando la costa y expulsando silenciosamente a la población local.
El turismo no puede construirse desplazando derechos.
Claro que los hoteles generan inversión y empleo. Claro que el desarrollo económico importa. Pero ninguna actividad comercial puede estar por encima del interés colectivo y del patrimonio nacional.
México tardó demasiado tiempo en entender que las playas son parte de nuestra identidad, de nuestra convivencia y de nuestra libertad.
No se trata de pelear contra el turismo. Se trata de recordar que primero está el derecho humano al espacio público. Y eso nos corresponde defenderlo a todos.
Las víctimas deben denunciar los accesos bloqueados. Las autoridades deben inspeccionar. Los municipios deben impedir nuevas barreras. Y quienes ya cerraron el paso al mar, deben entender que la ley cambió y hay que cumplirla.
Porque las playas no son mercancía, son bienes nacionales que puede disfrutar cualquier persona y el acceso al mar, no debe tener candados.
Si alguien te impide el acceso, debes llamar al 911, para eso, el personal debe estar capacitado y con conocimiento jurídico de este nuevo sistema legal, enviar a policías capacitados, dar vista a autoridades federales competentes: como la SEMARNAT, la PROFEPA, la Secretaría de Marina y los ayuntamientos costeros.
También pueden intervenir las fiscalías y organismos de derechos humanos cuando existan abusos, amenazas o restricciones ilegales que impidan el acceso a bienes nacionales de uso común.
Claro, todas estas autoridades deben de capacitar a su personal y defender a quien sea víctima de estos abusos.
Este tema es una tarea de todos y debe de haber políticas públicas para difundir este derecho de interés colectivo; pues como sociedad también estamos obligados, a que, cuando veamos una restricción de acceso al mar, tenemos que hacer las denuncias correspondientes.
La unión es la única forma de avanzar hacia un país más justo e igualitario.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.