Por Ángel Durán
Hay anuncios oficiales que deberían despertar tranquilidad, confianza y sentido de responsabilidad institucional.
El reciente mensaje de la Secretaría de Educación Pública produjo exactamente lo contrario.
Ver al secretario Mario Delgado, acompañado de funcionarios educativos estatales, celebrando con expresiones de júbilo la reducción anticipada del calendario escolar, dejó una sensación preocupante: pareciera que se anunciaba una conquista histórica, cuando en realidad se comunicaba la disminución de semanas efectivas de clase para millones de estudiantes mexicanos
La escena no pasó desapercibida. Sonrisas, entusiasmo y agradecimientos dirigidos a “las familias mexicanas” y a los maestros daban la impresión de que el país entero había solicitado con fervor suspender actividades escolares antes de tiempo.
Surge entonces una pregunta elemental: ¿quién consultó realmente a las familias?, ¿en qué momento la sociedad mexicana pidió reducir el tiempo de aprendizaje de sus hijos?, ¿dónde están los estudios pedagógicos, sociales y laborales que justifiquen una decisión de ese tamaño?
La educación no puede administrarse con criterios de improvisación, ni bajo pretextos circunstanciales.
México enfrenta desde hace años una crisis educativa profunda.
Los niveles de comprensión lectora, matemáticas y ciencias siguen siendo motivo de alarma.
México ocupa posiciones bajas en los rankings internacionales de calidad educativa.
Mientras la OCDE advierte rezagos graves en matemáticas, lectura y ciencias, reducir semanas efectivas de clase transmite un mensaje contrario a las necesidades reales del país.
Las naciones que avanzan fortalecen el aprendizaje; no celebran el ausentismo institucional.
Resulta difícil comprender que, frente a esa realidad, la principal autoridad educativa del país proyecte como un triunfo la reducción del tiempo escolar.
Se habla del Mundial de futbol, de las altas temperaturas y de ajustes administrativos.
México siempre ha tenido calor. Los mundiales existen desde hace décadas. Ninguna de esas circunstancias había sido presentada antes como motivo suficiente para alterar de manera tan abrupta el calendario académico nacional.
El problema no es únicamente pedagógico. También existe un impacto social enorme que parece no haberse valorado.
Millones de madres y padres organizan su vida laboral conforme al calendario escolar anual.
Adelantar cuarenta días la salida de clases altera dinámicas familiares, genera gastos adicionales, obliga a buscar cuidados para niñas y niños y provoca desequilibrios económicos y emocionales que no fueron dimensionados públicamente.
La educación pública representa una obligación constitucional del Estado mexicano.
No es un favor político ni una concesión administrativa.
Las autoridades educativas deberían ser las primeras en proteger el derecho a la educación con seriedad institucional.
Por eso preocupa todavía más el mensaje simbólico que se transmite.
Cuando servidores públicos educativos celebran la reducción de clases como si se tratara de un beneficio extraordinario, el discurso termina desvirtuando el valor de la escuela, del esfuerzo académico y de la formación constante.
México necesita exactamente lo contrario.
Necesita fortalecer el aprendizaje, recuperar disciplina institucional y consolidar un sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones para competir en un mundo cada vez más complejo.
La escuela no puede convertirse en un espacio subordinado al entretenimiento ni a decisiones tomadas sin suficiente exposición de motivos.
Tampoco puede normalizarse la idea de que “todos los maestros” o “todas las familias” respaldan esta medida.
En varios estados ya existen voces críticas, docentes inconformes y padres de familia preocupados.
La pluralidad democrática obliga a escuchar también esas posiciones.
Gobernar no significa anunciar decisiones irreversibles esperando que la sociedad simplemente las acepte.
El fondo del problema revela algo todavía más delicado: la ausencia de reflexión profunda antes de tomar decisiones públicas.
Todo servidor público debería entender que cada medida institucional genera consecuencias sociales reales.
La función pública exige prudencia, sensibilidad y análisis.
No basta con anunciar algo desde un escritorio; se necesita comprender cómo impactará en la vida cotidiana de millones de personas.
La Secretaría de Educación Pública aún está a tiempo de replantear esta decisión.
Corregir no representa debilidad política; representa responsabilidad democrática.
Persistir únicamente por orgullo institucional sería un error todavía mayor.
Los otros poderes del Estado, los organismos defensores de derechos humanos y la propia sociedad, también deben participar en esta discusión porque el derecho a la educación pertenece a toda la nación, no solamente a quienes administran temporalmente el sistema educativo.
México requiere autoridades educativas capaces de enviar mensajes de esfuerzo, preparación y compromiso colectivo.
El país no necesita más ausentismo institucional ni decisiones que profundicen la percepción de improvisación. Necesita escuelas fuertes, maestras y maestros respaldados, familias escuchadas y estudiantes plenamente formados.
Las decisiones públicas deben construirse con reflexión, sensibilidad social y visión de futuro.
Un país que debilita sus aulas termina debilitando también su destino.
Por ello es que lo más sensato es, que se deje sin efecto esta decisión y se continúe con el calendario escolar tal y como está aprobado; eso sí es respetar la Constitución y garantizar cuando menos mínimamente, el derecho humano a la educación en nuestro país.