Por Ángel Durán Pérez
No hay duda a a nivel mundial vivimos una crisis democrática.
Las instituciones y los gobiernos se han distanciado de la sociedad, generando desconfianza, desgaste y una creciente sensación de que el sistema ya no responde a los anhelos colectivos.
Frente a esta realidad es indispensable reflexionar sobre el origen de la democracia y preguntarnos cómo volver a su sentido esencial: servir al bienestar de la sociedad y garantizar que el poder público actúe verdaderamente en favor del bien común.
Ese fue el espíritu que inspiró a los pensadores de la Ilustración hace más de doscientos años, cuando comenzaron a consolidarse los estados democráticos modernos.
La democracia nació como un instrumento para limitar el poder, proteger derechos y asegurar que las decisiones públicas respondieran a la voluntad de los pueblos.
Sin embargo, la historia demuestra que toda institución, por sólida que parezca en su origen, puede desgastarse con el tiempo si se olvida su finalidad social.
La democracia sólo puede entenderse cuando se practica.
No es un discurso ni una etiqueta política: es una forma de vida pública que exige responsabilidad de los gobiernos, instituciones eficientes y una ciudadanía informada.
Todos los órganos del Estado, pero también la sociedad misma, deben actuar bajo principios democráticos: soberanía popular, división de poderes, estado de derecho, participación ciudadana real, respeto a los derechos humanos.
De lo contrario, el sistema pierde legitimidad y termina funcionando lejos de las necesidades reales de la población.
México no es ajeno a esta problemática. Nuestro país atraviesa un evidente desgaste institucional que ha generado inconformidad social.
Durante años, la ineficiencia de muchas estructuras públicas fue debilitando la confianza ciudadana.
La llegada de nuevos proyectos políticos prometió transformar esa realidad; sin embargo, aún es temprano para evaluar resultados y, pese a algunos cambios, todavía no se consolidan transformaciones profundas que fortalezcan verdaderamente la vida democrática.
Uno de los errores recurrentes de los gobiernos ha sido creer que cada cambio político requiere modificar las reglas fundamentales del sistema.
Con frecuencia se pretende reformar la Constitución, eliminar instituciones o transformarlas radicalmente, sin antes realizar un análisis serio de las causas que originan los problemas.
Cambiar estructuras sin diagnóstico profundo, difícilmente produce soluciones duraderas.
El debate reciente sobre la reorganización del sistema electoral, ilustra bien esta tensión.
Se habla de austeridad, de eliminar privilegios y de reducir costos en las instituciones públicas.
En principio, estos objetivos responden a un reclamo legítimo de la sociedad: ninguna institución ni servidor público debería gozar de privilegios.
El ejercicio del poder debe ser austero, responsable y orientado al servicio público.
Pero la austeridad no debe confundirse con debilitar a las instituciones.
La democracia también requiere inversión. Un sistema electoral sólido, transparente y confiable necesita recursos suficientes para cumplir su función.
Reducir indiscriminadamente su capacidad operativa puede terminar afectando la calidad de la democracia que se pretende mejorar.
Lo verdaderamente necesario es fortalecer el vínculo entre gobierno y sociedad.
La ciudadanía debe estar informada, participar, cuestionar y vigilar el ejercicio del poder.
Para lograrlo se requiere transparencia, procesos abiertos y partidos políticos comprometidos con las demandas reales de la población.
La democracia no se sostiene únicamente con elecciones; necesita instituciones profesionales, sistemas de partidos responsables y una auténtica división de poderes.
También se requieren gobernantes con visión de Estado, capaces de comprender que las reglas democráticas no pueden modificarse para beneficiar a un grupo político o perjudicar a sus adversarios.
El sistema debe diseñarse para servir a todos, no para consolidar el control del poder.
Cuando las instituciones funcionan con profesionalismo, cuando los partidos se organizan con base en el mérito y la capacidad, y cuando el Estado garantiza un verdadero Estado de derecho, la democracia deja de ser un discurso para convertirse en una realidad cotidiana.
Solo entonces podremos afirmar que la democracia cumple su propósito fundamental: ser un bien social.
Porque la democracia no puede construirse para proteger intereses particulares ni para perpetuar a quienes gobiernan.
Su razón de existir es otra: garantizar libertad, justicia y bienestar para toda la sociedad.