*En el Hospital Regional Naval de Manzanillo, Colima, se detectó 22.8 millones de pesos por aclarar.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Durante la revisión de la tercera cuenta pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en la Secretaría de Marina (Semar), principalmente relacionadas con fallas en ciberseguridad y pagos millonarios por obras no ejecutadas en instalaciones navales y hospitalarias.
Tal es el caso de Manzanillo donde de acuerdo con el informe de la ASF en el Hospital Regional Naval de Manzanillo, Colima, se detectó 22.8 millones de pesos por aclarar.
De ese total, 20.8 millones corresponden a pagos en exceso por conceptos de obra no ejecutados en áreas como la cisterna, el cuarto de equipos y trabajos de urbanización, además de diferencias por un millón de pesos entre lo pagado y lo efectivamente construido en tres conceptos específicos.
De acuerdo con informes del órgano fiscalizador, aunque la Semar logró solventar algunas observaciones operativas durante el proceso de auditoría, persisten debilidades relevantes en el área de Tecnologías de la Información.
En materia de ciberseguridad, la ASF evaluó 18 dominios y concluyó que el 44.4% requiere fortalecer sus controles, mientras que un 5.6% presenta una carencia total de control, situación que pone en riesgo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.
Asimismo, en la gestión de activos tecnológicos se identificaron equipos no registrados en inventarios, licencias de software cuya vigencia comenzó antes de la instalación de los equipos correspondientes y almacenes de equipo informático que no cuentan con sistemas adecuados de climatización, lo que podría comprometer la operación y seguridad de los dispositivos.
En conjunto, la ASF concluyó que las irregularidades más relevantes en la Secretaría de Marina durante 2024 se relacionan con deficiencias en la supervisión de contratistas, pagos por trabajos no concluidos o inexistentes y omisiones en el cumplimiento de normativas sanitarias y de seguridad digital, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y resarcitorias.