Por: Guillermo Montelón Nava
Las democracias contemporáneas no suelen desaparecer de un día para otro. Su deterioro ocurre, con frecuencia, mediante mecanismos sutiles de control político, manipulación social y captura institucional que vacían de contenido al orden constitucional mientras preservan su forma. México vive hoy un proceso de esta naturaleza, caracterizado por la concentración del poder, la colonización del discurso público y la erosión sistemática de los contrapesos ciudadanos. Frente a este escenario, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada se convierte en una condición indispensable para preservar las libertades y restituir una democracia sustantiva.
El régimen político dominante ha entendido que el control efectivo no se ejerce únicamente desde las leyes o las urnas, sino desde la cultura política, la dependencia social y la fragmentación comunitaria. La estigmatización de organizaciones ciudadanas, la descalificación del pensamiento crítico y el uso clientelar de los programas públicos forman parte de una estrategia orientada a sustituir la ciudadanía por masas políticamente subordinadas. Allí donde se debilita la organización social autónoma, el poder se vuelve discrecional.
En Colima, este fenómeno se expresa de manera particularmente aguda. La crisis de seguridad, la violencia persistente, la infiltración de intereses criminales y la fragilidad financiera de las instituciones locales han generado un entorno propicio para el control político y la resignación social. Cuando el miedo sustituye a la participación y la sobrevivencia cotidiana desplaza al compromiso cívico, el espacio público se contrae y la democracia se vacía.
Sin embargo, Colima no es un territorio socialmente inerte. Existen actores concretos con capacidad real de incidir en la reconstrucción del tejido social y en la defensa del orden constitucional. Las universidades públicas y privadas del estado —en particular la Universidad de Colima y los centros de educación superior— tienen una responsabilidad estratégica en la formación de pensamiento crítico, en la generación de análisis independientes y en la recuperación de la cultura cívico-política. Su papel no debe limitarse a la docencia técnica, sino ampliarse a la discusión pública, la observación electoral y la defensa de la autonomía intelectual frente al poder.
Las organizaciones empresariales y productivas, especialmente aquellas vinculadas al comercio, la agroindustria y los servicios, enfrentan hoy los efectos directos de la inseguridad, la informalidad y la ausencia de certeza jurídica. Su participación en la vida pública no puede reducirse a la interlocución coyuntural con el gobierno en turno. Un sector productivo organizado y con visión cívica es un actor clave para exigir legalidad, instituciones sólidas y reglas claras, condiciones sin las cuales no hay desarrollo ni estabilidad social.
El campo colimense, históricamente organizado en ejidos, cooperativas y asociaciones de productores, representa otro núcleo fundamental de la sociedad civil. La marginación, el abandono institucional y la presión de economías ilícitas han debilitado su estructura comunitaria. Recuperar la organización social rural no solo es una tarea económica, sino un imperativo democrático: donde hay comunidad organizada, hay resistencia al control clientelar y mayor capacidad de defensa del territorio y de la legalidad.
Las iglesias y organizaciones de inspiración religiosa, particularmente las de arraigo comunitario, cumplen también una función insustituible. Más allá de su dimensión espiritual, constituyen espacios de cohesión social, transmisión de valores y reconstrucción del sentido de comunidad. En un contexto de violencia y descomposición ética, su contribución a la formación de una ciudadanía responsable y solidaria resulta clave, siempre desde el respeto al orden constitucional y a la libertad de conciencia.
Asimismo, los colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de víctimas, barras de abogados, colegios de profesionistas y organizaciones vecinales deben asumir un papel más articulado y estratégico. Su dispersión actual facilita la manipulación y el aislamiento. La articulación de redes cívicas amplias permitiría no solo la observación del proceso electoral rumbo a 2027, sino la generación de agendas públicas ciudadanas que trasciendan a los partidos y condicionen a quienes aspiren a gobernar.
Desde una perspectiva constitucional, la defensa de la democracia en Colima no se limita a la alternancia electoral. Implica exigir independencia de las autoridades electorales, libertad de expresión, derecho de asociación y respeto irrestricto al voto. Sin una sociedad civil fuerte, organizada y vigilante, estos principios se convierten en meras declaraciones formales.
La elección de gobernador en 2027 será un punto de inflexión. Pero antes de disputar el poder, Colima necesita reconstruir ciudadanía. Sin cultura cívica no hay democracia; sin organización social no hay libertad; y sin sociedad civil activa, el control político se impone sin resistencia. La historia demuestra que los regímenes que concentran poder temen más a una sociedad organizada que a cualquier oposición partidista. Por ello, fortalecer a los actores sociales de Colima no es solo una estrategia política: es una tarea histórica, ética y constitucional.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.