Sociedad de la información
Por: Luis Alfonso Polanco Terríquez
La mañana de este último sábado de enero, la sociedad colimense despertó bajo un manto de silencio sepulcral. Una noticia sacudió los cimientos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, calando hondo en el sector político y en la clase media de nuestra entidad. El saldo: dos mujeres asesinadas. Más allá de su linaje familiar con figuras de la política nacional o de su origen en esta tierra, lo que hoy lamentamos son dos historias de vida que se apagan prematuramente. Como bien dicta el refrán: “La muerte no golpea las puertas, las derriba”, y hoy ha derribado la tranquilidad de muchos.
No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia matemática. No son “dos más”, ni cifras en una estadística fría. Son amistades que duelen, personas de trabajo y ciudadanos queridos por su comunidad. Resulta estéril buscar culpables en la autoridad sin argumentos sólidos, pero es igualmente inaceptable que no exista justificación alguna para la privación de la vida. En este tablero de ajedrez violento, cada pieza que cae deja un vacío irremediable.
Estas tragedias se entrelazan con otros tres decesos ocurridos este mismo sábado, sumándose a la larga lista de víctimas por accidentes, enfermedades o desapariciones forzadas. Surge entonces la pregunta obligada y dolorosa: ¿Cuál es hoy la principal causa de muerte en Colima? ¿Las ejecuciones, el cáncer, la diabetes o los accidentes? Tristemente, parece que la violencia reclama un podio que no le pertenece, vaciando las sillas de nuestros hogares.
No hay mayor tragedia natural que la que rompe el orden de la vida: “No hay dolor más profundo que el de un padre que debe enterrar a su hijo”. Mientras tanto, el sigilo oficial permitió que los “voraces de la información” construyeran narrativas de rapiña que solo lastiman más a una sociedad ya de por sí herida.
Al cierre de estas líneas, la incertidumbre reina. Si fue un ataque del crimen organizado —posibilidad que muchos preferirían descartar—, es gravísimo. Si fue un robo, es quizá peor, pues evidencia una vulnerabilidad cotidiana absoluta. Aún recordamos con amargura que, hace apenas unos años, la seguridad de nuestros templos fue violada con la ejecución de un párroco local en esa colonia donde mujeres privadas de la vida las dos mujeres.
El rigor de la ley y el vacío de la realidad. Desde una perspectiva jurídica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) no se adentra en la filigrana técnica del homicidio, delegando esa tarea a los códigos penales. No obstante, la Carta Magna es clara en su espíritu: la protección de la vida es el derecho humano supremo.
En la praxis judicial, términos como infanticidio o feminicidio buscan dar visibilidad a vulnerabilidades específicas, pero en esencia, todo se reduce a la privación de la vida, sea dolosa o por parentesco. Al final, ante el rigor de la muerte, la vida de un niño es tan sagrada como la de un adulto.
La autoridad afirma con frecuencia que la seguridad es “tarea de todos”. Es una verdad a medias. Cuando el Estado se ve rebasado, la responsabilidad recae en la base social, pero un Estado que delega su función primaria corre el riesgo de ser un Estado fallido. Si no actuamos desde el tejido familiar, el espiral de violencia solo tenderá a crecer.
La raíz en el hogar. Padre de familia: la educación comienza en la raíz. ¿Sabes realmente dónde están tus hijos? ¿Con quién conviven? A veces, bajo el pretexto de compartir tradiciones como cabalgatas o fiestas, exponemos a los menores a entornos donde el alcohol y la apología de la violencia están al alcance de la mano. La autoridad debe ser vigilante, sí, pero el tutor es el primer guardián.
Para despedirme. Resulta imperativo reflexionar sobre los artículos 32 y 33 de nuestra Constitución. Diversos juristas señalan que los protocolos de extradición y soberanía parecen desdibujarse. Si se trata de traición a la patria, el Código Penal Federal debería ser la vara de medir, tal como ha sugerido la Presidenta de México frente a quienes claman por intervenciones extranjeras. Asimismo, queda en el aire la incongruencia penal: si nuestra pena máxima es de 50 años, ¿por qué escuchamos sentencias simbólicas de siglos? Quien tenga la respuesta técnica, que la exponga. Nos vemos en la próxima entrega. Mientras tanto, cuidemos lo que nos queda: la vida y la familia.