Por: Ángel Durán
En Colima, muchas familias han sido y están siendo víctimas de un fenómeno que no solo les roba dinero, sino también el sueño de construir un hogar: la venta fraudulenta de terrenos.
La operación es casi siempre la misma: se ofrece un lote en “preventa”, supuestamente dentro de un futuro fraccionamiento que aún no existe, sin escrituras, sin permisos del Ayuntamiento y sin ninguna certeza jurídica.
Los compradores confían, pagan, hacen planes, sueñan en familia… hasta que todo se cae.
El terreno no puede escriturarse, el fraccionamiento no fue aprobado y la empresa o persona vendedora tiene decenas —cuando no cientos— de denuncias por lo mismo.
En lugar de encontrar apoyo y protección, las víctimas tropiezan con un sistema judicial lento, desarticulado y costoso.
En la fiscalía les dicen “usted también se dejó engañar”; en los tribunales civiles, el litigio se extiende por años; y mientras tanto, la empresa sigue vendiendo terrenos, publicando anuncios en redes sociales, captando nuevas víctimas a plena luz del día.
Se trata de un fraude reiterado, tolerado por la inacción institucional.
Lo más grave, es que este tipo de engaños no son casos aislados, sino parte de un modus operandi conocido.
Las autoridades tienen los nombres, los antecedentes y las denuncias, pero no se actúa con la urgencia que la situación requiere.
Esta impunidad constante ha convertido a Colima en un campo minado para quienes con esfuerzo intentan hacerse de un patrimonio.
La solución, aunque compleja, no es imposible.
Debe comenzar con un cambio de cultura entre compradores: Antes de comprar un terreno, asegúrate de verificar que el vendedor cuente con escrituras legales inscritas ante el Registro Público de la Propiedad, revisa que el inmueble no tenga gravámenes, embargos o limitaciones de dominio, y que los datos del predio coincidan con lo que se está ofreciendo. Consulta también en el Ayuntamiento correspondiente si existe un permiso de fraccionamiento o un programa parcial de desarrollo aprobado para esa zona.
Es recomendable que te acompañe un abogado, ingeniero o arquitecto de confianza que pueda revisar los documentos y la viabilidad de construir en ese lugar. Evita firmar contratos privados sin sustento legal ni entregar dinero si no hay seguridad jurídica del inmueble.
Además, investiga en redes sociales, foros o sitios de denuncias ciudadanas si la persona o empresa que te vende ha sido señalada por incumplimientos o fraudes; cuando un nombre aparece repetidamente, hay que desconfiar.
Recuerda: consultar con un profesionista es una pequeña inversión que puede salvarte de perder tu patrimonio.
Pero no se puede dejar todo en manos de las víctimas.
El Estado debe intervenir y regular de forma inmediata este mercado informal y engañoso.
Hay que aceptar que tenemos un sistema de justicia rebasado en lo civil y en lo penal, que llega tarde —si es que llega— a los conflictos relacionados con el patrimonio.
Las familias no pueden esperar cinco o diez años a que se resuelva una demanda.
Urge que se actúe preventivamente, y no solo cuando el daño ya está hecho.
Es deber del Estado proteger a los ciudadanos contra este tipo de prácticas fraudulentas que se disfrazan de negocios inmobiliarios.
El fraude patrimonial lastima a toda la comunidad, genera desconfianza en las instituciones y fractura el tejido social.
No se puede permitir que quienes lucran con la necesidad de vivienda sigan operando con total libertad mientras cientos de familias ven esfumarse el dinero y la esperanza que habían guardado por años.
Recomendaciones específicas y una petición especial a la autoridad:
- Que el Gobierno del Estado de Colima conforme comisiones especiales de atención a víctimas de fraude inmobiliario, con capacidad técnica y jurídica para atender de forma inmediata este tipo de casos. Ya hay suficientes antecedentes para actuar con contundencia.
- Que el Poder Judicial agilice los procedimientos civiles relacionados con contratos de compraventa y escrituración de terrenos, mediante mecanismos de resolución exprés, tratándose de predios no regularizados o con historial de fraude.
- Que la Fiscalía General del Estado cree una unidad especializada en delitos patrimoniales relacionados con venta irregular de inmuebles, que actúe no solo como reactiva, sino en clave de prevención, investigando a las empresas reincidentes, rastreando sus redes y bloqueando sus operaciones si es necesario.
- Que se suspenda de forma inmediata la publicidad en redes sociales, páginas web o espectaculares de aquellas empresas o personas físicas que estén denunciadas reiteradamente por fraude o incumplimiento, mediante un convenio con plataformas digitales y medios locales.
- Que los ayuntamientos que son los que primero reciben solicitudes y reacciones, actúan de inmediato y vean que yo, que al caso de observarlo a las demás autoridades, y que todas estas autoridades al encontrarse mínimos, mensajes a la población posibles compradores, para que no sean víctima de fraude.
La buena fe no debe ser motivo de burla ni de abuso.
Si las autoridades no actúan hoy, familias enteras seguirán perdiendo su dinero, y causará desilusión en contra de las instituciones estatales por no haber actuado a tiempo.
Es hora de ponerle un alto al fraude inmobiliario en Colima.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.