Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Con la desaparición del INFOCOL se consuma un golpe artero al derecho humano de acceso a la información, al conocimiento y a la efectividad de las políticas públicas en materia de transparencia. Se consuma, efectivamente, porque ya se vivió —y se padeció— lo que significa que los gobiernos se vigilen a sí mismos: opacidad, simulación y desdén hacia el ciudadano.
La historia no miente: los cientos de miles de recursos de revisión tramitados ante el INAI y los organismos autónomos estatales, como el propio INFOCOL, obligaron a las instituciones públicas a responder solicitudes y a entregar información. Sin estos contrapesos, simplemente se vuelve a un modelo ineficiente y autorreferencial, donde quien tiene el poder también decide qué puede o no saber el ciudadano.
Este retroceso nos regresa al viejo esquema de hace más de dos décadas, cuando los gobiernos eran juez y parte. En ese contexto, la negativa a entregar información era la norma, no la excepción. La desaparición del INFOCOL no solo representa una decisión administrativa, sino un atentado estructural contra la transparencia, la rendición de cuentas y el empoderamiento ciudadano. Una prueba más del desmantelamiento del andamiaje democrático de nuestro país.
Ahora será más difícil saber en qué gastan los recursos públicos, cómo cumplen sus metas los programas sociales, qué cláusulas incluyen los contratos y convenios gubernamentales, o simplemente obtener respuestas a preguntas legítimas sobre el funcionamiento del gobierno. Aumentarán las llamadas “negativas fictas”, es decir, el silencio como respuesta a una solicitud de información. Una regresión peligrosa.
Y duele. Porque lo poco que funcionaba en este país, lo que sí empoderaba a la sociedad frente al poder, lo están desmantelando. Todo bajo la bandera de una supuesta “austeridad republicana” que, en realidad, no es más que un pretexto para concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales, pues el dispendio es evidente en las obras fallidas y en los programas clientelares.
Ojalá me equivoque. Ojalá el nuevo modelo funcione mejor que el anterior. Si la Contraloría estatal realmente garantiza el derecho de acceso a la información, si responde con oportunidad, con eficacia, con imparcialidad, lo reconoceré sin cortapisas. Pero si no lo hace, tampoco se callará ante la opacidad y la ineptitud del gobierno ante el daño que le hizo a este derecho fundamental para nuestra democracia deliberativa.
Dos puntos
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se impulsó una reforma educativa que buscaba evaluar a los docentes para que sólo los más capacitados estuvieran frente al aula. Hoy, no sólo se han desmantelado los organismos que evaluaban los procesos educativos, sino que se pretende entregar al sindicato el control absoluto en la asignación de plazas. Un nuevo retroceso que fortalece el corporativismo en perjuicio de la educación de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes. Así los tiempos.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.