Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- De acuerdo con el informe elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se cuenta pendientes por resolver “392 procedimientos sancionadores, que se han abierto en los últimos seis años, contra partidos y actores políticos por preguntas irregularidades electorales, los cuales no ha podido resolver por falta de información”.
La principal causa: desconocer el origen de los recursos que financiaron sus campañas o actos anticipados proselitistas.
En la lista están asuntos relacionados con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García; la actual Presidenta, Claudia Sheinbaum, ex corcholatas morenistas, ex candidatos presidenciales, funcionarios y todos los partidos.
De acuerdo con el informe elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, la mayoría de casos son del 2023 y 2024, cuando los partidos se disputaron la candidatura presidencial.
Por ejemplo, la autoridad sigue investigando a Samuel García sobre si pagó una entrevista televisiva el 30 de noviembre del 2023, y recibir aportaciones prohibidas cuando era precandidato presidencial. El procedimiento de oficio se abrió en abril del 2024, pero la autoridad asegura que siguen buscando información.
También por oficio, el Instituto aún indaga quiénes pagaron espectaculares en los que se promovían, a través de las supuestas entrevistas, a algunas “corcholastas” de Morena en su interna del 2023, entre ellas Adán Augusto López.
El pleno del INE exigió a la autoridad mayor colaboración con el INE para entregar información, pues muchos casos siguen detenidos por no tener elementos suficientes para resolver.
De las instituciones que más se resisten a entregar información es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que confiaron en que el nuevo titular tenga un mejor ánimo de la colaboración.
La consejera Carla Humphrey reclamó a la Secretaría Ejecutiva no haber entregado la ruta jurídica que solicitaron hace meses para proceder contra las autoridades externas que no entregan la información que se les solicita o dan largas.
Recordó a dependencias gubernamentales que la ley las obliga a cooperar con el organismo.
“Seguimos esperando para asegurar que las autoridades externas cumplan con sus obligaciones de proporcionar información de manera oportuna y completa.
“Están obligadas a coadyuvar para una adecuada rendición de cuentas. Se requiere un esfuerzo en conjunto con distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de prevención y vigilancia sobre origen y destino de los recursos públicos y privados para poder corroborar el origen y destino del financiamiento que reciben los partidos políticos y personas candidatas en los plazos brevísimos propios de la materia”, indicó la consejera.