Justicia sin litigio: el gran pendiente del Congreso de Colima

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Por: Ángel Durán

En enero de 2024, México dio un paso histórico al aprobar la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

Esta legislación no surgió de la improvisación, sino como respuesta a una demanda social que exigía un sistema de justicia más ágil, humano y cercano a la ciudadanía. 

El mensaje fue claro: la justicia no puede agotarse en tribunales saturados, debe abrir vías de conciliación, mediación y diálogo directo entre las partes.

El Congreso de la Unión cumplió con su tarea. Emitió una ley general que mandata a las entidades federativas adecuar sus marcos normativos para crear centros públicos y privados de conciliación, registros de facilitadores y mecanismos para que los convenios alcanzados tengan plena validez jurídica. 

Se otorgó un plazo de un año para que los estados armonizaran sus leyes y pusieran en marcha este sistema. Ese plazo ya venció hace siete meses.

En Colima, seguimos sin la reforma. La ley está vigente en todo el país, pero nuestro Congreso local no ha hecho las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni a las normas reglamentarias que permitirían implementar este nuevo modelo. 

Lo anterior debe de hacerse pues es un mandato federal y, sobre todo, una necesidad urgente para despresurizar a los tribunales colimenses, que enfrentan un retraso grave y constantes quejas de la ciudadanía.

Hoy, la responsabilidad recae en nuestros legisladores locales. Ellos tienen la posibilidad de dejar una huella positiva en la historia de Colima, al completar este andamiaje legal y abrir paso a una justicia más rápida, democrática y participativa. 

No hacerlo implica seguir condenando a los tribunales a un colapso que se traduce en juicios interminables, altos costos y desesperanza para quienes buscan justicia. 

Sí hacerlo, en cambio, significará brindar a la sociedad una vía pacífica y eficaz para resolver sus conflictos sin tener que pasar años en litigios.

Los beneficios son incuestionables. Cada centro de mecanismos alternativos que se cree en Colima, será una válvula de escape para el Poder Judicial. 

Cada convenio alcanzado mediante conciliación será un juicio menos en los pasillos de los juzgados. 

Cada facilitador certificado será un agente de paz que transformará la manera en que los colimenses resuelven sus diferencias. Y cada ciudadano que acceda a estos servicios encontrará en el Estado no sólo un juez que dicta sentencia, sino un aliado que ofrece soluciones.

La justicia restaurativa que propone esta ley no busca ganadores ni perdedores, sino acuerdos que reparen daños y eviten nuevos conflictos. 

Es una oportunidad para cambiar la cultura del litigio que ha predominado en nuestro país y sustituirla por una cultura del acuerdo y de la pacificación social. 

Se trata de un cambio profundo en la forma de entender la justicia, y corresponde al Congreso del Estado hacer que esta transformación sea real en Colima.

Convocar a la sociedad civil, a los colegios de abogados, a las universidades y al propio Poder Judicial para socializar esta reforma es indispensable. No basta con aprobar leyes; se necesita un esfuerzo colectivo que genere confianza en estos mecanismos. 

Los abogados y profesionistas afines tendrán también un papel fundamental, pues podrán certificarse como facilitadores y participar activamente en esta nueva etapa de la justicia colimense.

El llamado es directo: a las diputadas y diputados del Congreso de Colima, les corresponde cumplir con el mandato federal y con la expectativa ciudadana. 

La justicia sin litigio ya es una realidad en la ley, pero depende de todos (muy en especial a los congresistas) convertirla en una realidad en nuestra entidad. 

Este no es un trámite más; es una de las reformas más importantes para darle un nuevo rostro a la justicia a nuestro estado.

Si se asume con seriedad, será recordada como una reforma que permitió despresurizar a los tribunales, acercar la justicia a la gente y demostrar que la política puede ser motor de cambio y responder al reclamo social de vivir en paz.

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*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.