Por: Ángel Durán
La problemática que hace algún tiempo abordé sobre la vulnerabilidad del derecho a la vivienda en Colima, lejos de disiparse, se ha enquistado y profundizado.
Lo que antes era una advertencia hoy es una constante: familias enteras son desalojadas de su patrimonio, no por falta de voluntad de pago, sino por un entramado financiero y legal que parece diseñado para el despojo.
Agentes externos como prestamistas y bancos continúan operando con una voracidad que no distingue entre un deudor moroso y una familia en situación de vulnerabilidad.
La lógica es perversa: se otorgan préstamos con intereses leoninos, sabiendo de antemano que la capacidad de pago es limitada, con la clara intención de ejecutar la garantía hipotecaria y quedarse con el inmueble. Para unos pocos es un negocio redondo; para muchos, una tragedia.
El Poder Judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho, es el único que puede detener esta violación al derecho humano a la vivienda. Hasta ahora no lo ha hecho. Aunque formalmente los procedimientos de remate se ajustan a la ley, la esencia de la justicia se diluye. ¿Cómo es posible que un sistema que se presume proteccionista de los derechos humanos permita que el derecho fundamental a la vivienda sea pisoteado de esta manera?
La respuesta apunta a una falta de análisis profundo y a una aplicación deshumanizada de la ley. Se prioriza la forma sobre el fondo, el procedimiento sobre la protección de la familia.
No se trata de eximir a nadie de sus responsabilidades financieras, sino de reconocer que detrás de cada deuda hay una historia, una familia, un hogar que merece ser protegido.
La inestabilidad generada por los remates masivos afecta el valor de las propiedades y la confianza en el mercado. Pongo un ejemplo: un inmueble valuado en un millón de pesos, al llegar al remate, se ofrece en dos terceras partes, es decir, 666 mil 666 pesos. Si no hay postores, en una segunda subasta se reduce un 20% y se oferta en 533 mil 332 pesos. Si tampoco hay interesados, se convoca una tercera subasta en la que se acepta la cantidad que se ofrezca.
Aquí es donde aparece el negocio abusivo: hay veces que por 50 mil pesos, o menos, el acreedor se adjudica el inmueble. Durante años acumula intereses y, cuando considera que ya es suficiente, demanda y remata en la última moneda, con compradores externos previamente preparados para acudir como postores “esto no lo ve el poder judicial”. El resultado es inevitable: la familia pierde su casa y queda en la calle.
Este es el abuso más agresivo y el ámbito en que el Poder Judicial podría hacer mucho para evitar la depredación inmobiliaria.
Más allá de las cifras, el costo humano es incalculable. No solo sufre el deudor; también los hijos, si no toda la familia que resiente la pérdida de un hogar.
La desintegración familiar, el desarraigo y la desesperanza dejan cicatrices que perduran mucho después del último martillazo del remate.
Es urgente que el Poder Judicial asuma su responsabilidad y realice un análisis exhaustivo sobre el derecho a la vivienda y este fenómeno.
No basta con aplicar la ley al pie de la letra; es necesario interpretarla con una perspectiva de derechos humanos, evitando el abuso y protegiendo a las familias.
Se requiere revisar los criterios bajo los cuales se validan estos remates, investigar las prácticas de los agentes externos y defender activamente a quienes, por su vulnerabilidad, se convierten en presa fácil de estas maniobras. La justicia no puede ser ciega ante el sufrimiento humano.
Las autoridades tienen la obligación moral y legal de actuar. El Estado debe evitar el abuso contra las familias y una buena medida sería reformar el Código Civil para que la vivienda, como derecho humano de la familia, goce de una protección reforzada. Ello implicaría que los inmuebles destinados a habitación no pudieran rematarse bajo estas condiciones.
Aunque existen procedimientos para proteger bienes patrimoniales, no todas las personas los conocen o pueden aplicarlos, y a veces un integrante de la familia compromete el inmueble afectando a todos.
No se trata de impedir que los deudores paguen, sino de evitar que prestamistas e instituciones financieras abusen intencionalmente con altos intereses para quedarse con los inmuebles y despojar a familias enteras.
Una reforma legal debería establecer que una vivienda no pueda usarse como garantía sin el consentimiento de toda la familia, pues el daño en caso de desalojo recae en todos. El objetivo es que esos inmuebles formen parte del patrimonio familiar inembargable.
Este es el análisis que el sistema de justicia y el Estado deben realizar, porque la omisión está convirtiéndose en una grave violación a los derechos de la familia, derecho fundamental consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.