Por: Ángel Durán
El pasado 8 de mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Hu|@manos (CIDH) publicó su Informe Anual 2024, en el que, una vez más, se insistió en la necesidad urgente de que México cumpla con más de 250 recomendaciones emitidas desde 2015.
Estas recomendaciones no son meras sugerencias diplomáticas, sino lineamientos técnicos y jurídicos que trazan el camino hacia un sistema de justicia más humano, eficiente e independiente.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica en materia de derechos humanos, y el epicentro de esta crisis es precisamente el sistema judicial.
El capítulo V del informe retoma con especial énfasis el seguimiento a las recomendaciones formuladas a Brasil, El Salvador, Perú y, particularmente, a México. Se trata de un examen detallado del nivel de cumplimiento, la calidad de las respuestas institucionales y, sobre todo, de las omisiones persistentes.
Aunque se han registrado avances en 170 de estas recomendaciones y 27 fueron consideradas cumplidas en su totalidad, la realidad es que aún persisten grandes rezagos estructurales que impiden un verdadero acceso a la justicia.
Entre las recomendaciones que siguen vigentes, destaca la necesidad de fortalecer técnica e institucionalmente a las procuradurías del país, garantizando su independencia y su capacidad de investigación. La CIDH advierte que sin una reforma profunda en la operación de las fiscalías, particularmente en casos de graves violaciones a derechos humanos, la impunidad seguirá siendo la regla y no la excepción.
Asimismo, se señala la urgente necesidad de coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, mediante un plan integral que contemple criterios técnicos y no decisiones políticas, especialmente en la atracción de casos de alto impacto.
Esta falta de articulación ha sido un factor determinante en la fragmentación del sistema de justicia mexicano.
Otra de las omisiones más graves es la falta de protección efectiva a las víctimas, testigos, peritos y defensores de derechos humanos, quienes frecuentemente enfrentan represalias.
La Comisión insiste en que el acceso a los expedientes debe ser garantizado para las familias y sus representantes, y que deben imponerse sanciones ejemplares en caso de actos de intimidación.
De igual forma, se destaca la necesidad de implementar de forma efectiva la Ley General de Víctimas y garantizar la operatividad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en todos los niveles.
Para ello, es imprescindible eliminar barreras burocráticas, escuchar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil, y dotar a la CEAV de recursos suficientes, autonomía y capacidad operativa real.
Uno de los pendientes más dolorosos es la rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante la llamada Guerra Sucia.
La CIDH insta al Estado mexicano a asumir su responsabilidad histórica, investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de estos crímenes, en cumplimiento del derecho a la verdad y la memoria de las víctimas.
También se reitera la importancia de reformar el Código de Justicia Militar, para asegurar que las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sean juzgadas por tribunales civiles, sin importar si las víctimas son civiles o militares.
Por último, se solicita monitorear y evaluar la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, incluyendo capacitaciones constantes no solo a ministerios públicos y jueces, sino también a defensores públicos, quienes enfrentan importantes limitaciones en recursos y formación continua.
El llamado de la CIDH no es nuevo. Desde 2015 se ha construido una hoja de ruta clara para la transformación del sistema de justicia en México.
Lo grave es que, a pesar del paso de una década, muchas de esas recomendaciones siguen sin cumplirse.
Si queremos un sistema judicial moderno, accesible y respetuoso de los derechos humanos, es indispensable que el Estado mexicano asuma con seriedad estos compromisos internacionales.
No hay justicia verdadera sin derechos humanos. Y no hay democracia consolidada sin un sistema judicial capaz de protegerlos.
La CIDH ha hablado con claridad; ahora le toca al Estado mexicano y a la sociedad entera caminar decididamente hacia la transformación del sistema de justicia.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.