Análisis Político
Por: Abel González Sánchez
Por vez primera en la historia reciente las y los diputados locales recibieron miles de aplausos de la ciudadanía, se aventó un diez el Congreso del Estado al aprobar por unanimidad reformas de fondo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, impulsadas por el Diputado Presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, con el propósito de frenar y desterrar la gran corrupción que han caracterizado el servicio de las grúas y corralones del estado, dañando gravemente a la economía de la gente trabajadora y que sufre accidentes viales, lo único malo, es que no fue el Congreso de Colima, el que lo hizo fue el Congreso de Michoacán.
El diputado petista, Hugo Rangel Vargas responsable del área del trasporte y vialidad en el Congreso de Michoacán, encabezó el año pasado conjuntamente con otros legisladores del PT, del verde y morenistas, la solución a las demandas ciudadanas y en conferencia de prensa dijo que acordaban un acto de justicia para miles de michoacanos que han sido víctimas del abuso desmedido de las grúas y corralones, “Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente disfrazando los actos con supuesta legalidad” agregó, “Estas reformas sientan un precedente en Michoacán, el negocio de las grúas se acabó, son abusivas porque cobran conjuntamente con algunos agentes de tránsito tres veces más de un arrastre normal, ya no será tierra de nadie, deben transparentarse las cuotas y servicios, dijo, el Legislativo asume la verdadera representación del pueblo”, para que los reglamentos municipales se actualicen, y para que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los privilegios de unos cuantos empresarios concesionarios que abusan, ¿Y para cuando se hará algo así en Colima? es una pregunta.
EL CONGRESO DE COLIMA DEBERÍA DESPERTAR Durante años el Congreso de Colima está durmiendo el sueño de los justos, tranquilos y sin sobresaltos, solamente cobrando, pues aquí en Colima las grúas y corralones han hecho lo que han querido conjuntamente con algunos malos elementos de tránsito de los municipios, así como algunos judiciales de la Fiscalía que detienen arbitrariamente vehículos con ciertos pretextos, como el de argumentar que sus placas no están en Repuve, en el registro federal de vehículos, asunto que no les compete, pero los mandan al corralón sino hay moche. Los retenes que montan los municipios deberían ser autorizados por la mesa estatal de seguridad pública, no hay orden ni control, en su mayoría de operativos no se hacen para aprehender delincuentes ya que nunca se ha sabido que allí detengan alguno, sino más bien los hacen para enviar grúas por un costado para lograr detener motos y vehículos para mandarlos al corralón con cualquier pretexto.
Hasta por el hecho de traer licencia vencida de una moto o vehículo los detienen a capricho y hacen trizas económicamente a la gente, siempre le cargan la mano al más jodido o al que sufre algún percance o accidente de tránsito, cuando dicha unidad puede conducirse a las áreas de tránsito municipal por uno o dos días para que solo paguen las multas que son menores, antes hasta los municipios y el gobierno estatal tenía grúas propias con tarifas bajas, pero ahora concesionaron el servicio a particulares sin control alguno y permitiendo abusos hasta de un municipio a otro, ya que no todos tienen corralones.
UN EJEMPLO DE ABUSO El señor Carlos Alberto Tiscareño García quien es un amigo, de origen humilde quien vive en colonia popular y quien trabaja puliendo carros en una agencia de autos, la semana pasada iba por la mañana rumbo a su trabajo en su motoneta, no es ni una moto que genere ruido, pero fue detenido en un retén de seguridad pública por la Avenida del Campesino en la capital, no tenían por qué detenerlo, pero lo hicieron, traía la licencia vencida, pudieron infraccionarlo quitándole la licencia o la placa o dándole oportunidad a que trasladara su motoneta a algún espacio oficial de tránsito para garantizar pagar solo la multa, pero le aplicaron todo el peso del gobierno para beneficiar mayormente a los propietarios de las grúas, porque a los municipios y gobierno estatal en muy poco o en nada les beneficia, pero el Congreso Estatal sigue dormido, sin enterarse.
Argumenta Carlos Alberto Tiscareño que la mujer agente de tránsito responsable del opertativo le dijo que la ley es la ley, no lo escuchó, solo autorizó subieran su motoneta a la grúa, dijo que en algunos operativos suben hasta 10 motos en una grúa, y todas pagan lo mismo, no dividen el monto del arrastre, las grúas las colocan por un lado del retén, lo que significa que los operativos no van por los delincuentes, porque a los delincuentes no se los llevan arriba de las grúas, van con otro objetivo, que es de captar multas de tránsito y de beneficiar a los concesionarios de las grúas y corralones, porque quizás hay buenas mochadas, es la triste verdad. Urge modificar el sistema de los retenes de los Ayuntamientos, que los hagan para disuadir la delincuencia, pero que no sean cómplices para beneficiar a los concesionarios de los corralones y grúas, afortunadamente hoy la Subsecretaría de Movilidad del Gobierno Estatal ya no los realiza como la anterior titular y es lo más correcto, solo hace operativos del transporte público.
PAGÓ 1,4OO PESOS POR EL ARRASTRE Carlos Alberto Tiscareño tuvo que dejar de trabajar dos días para resolver un problema sencillo e irrelevante, irrelevante porque traía licencia vencida, pues hay estados que otorgan las licencias de conducir de por vida, aquí son cada 4 años, hay que renovarla, pero se ve que las autoridades burocratizan y complican la vida a los trabajadores al detener sus unidades, dañan a la economía familiar, ya que las empresas jamás te darán uno o dos días para hacer los trámites burocráticos, si caes en las garras de un ministerio público te va peor, pierdes varios días porque por teléfono no te atienden. Los afectados deben dejar de trabajar, es un gran problema que generan a la clase trabajadora en lugar de darles facilidades si es que la moto no es robada o no está ruidosa, pero aun así lo obligaron a pagar 1,400 pesos por el arrastre y $50 pesos por día en el corralón y tuvo que presentarse al Juzgado Cívico de Colima para resolver primero su situación de la multa por la licencia vencida, dijo que allí sí lo atendieron bien, que de $1,170 pesos la multa, se la dejaron en $260 pesos, pero en taxis y días perdidos de laborar y el arrastre fue mucho mayor el dinero que perdió dijo muy molesto.
EN OTROS ESTADOS LAS GRÚAS Y CORRALONES ESTÁN REGULADOS Las reformas aprobadas en otros estados precisan las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, pero aquí los chicharrones truenan por quien te detenga, sea tránsito municipal, judicial, policía estatal o de Movilidad, ellos deciden su propia ley personal, hasta por alguna mirada fea del conductor, hay vacíos en reglamentos municipales y en la legislación estatal para los operativos y detención vehicular. Además, se obliga a que todas las tarifas por concepto de arrastre, salvamento y guarda de vehículos sean públicas, pero no lo hacen, y se supone que deben ser autorizadas dichas tarifas por el Congreso del Estado para que sean fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con la Ley de Gobierno Digital. “Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué motivo realmente se le manda al corralón, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, así dijeron en el Congreso de Michoacán y también ya lo hizo así el Estado de México. Por eso decimos, ojalá el Congreso de Colima ya despierte.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.