Bitácora reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Por primera vez, desde que se fundó el Premio Estatal de Periodismo, se reconocerá a quienes tienen más de 50 años de trayectoria. Entre ellos, entrañables amigos y maestros: Roberto Águila Vázquez, Juan Ramón Negrete, Jesús Murguía, Carlos Arévalo y el fotorreportero Pablo Cerna.
A todos ellos los entrevisté para el semanario de El Comentario, en textos donde compartieron su visión del periodismo y cómo lo han ejercido durante medio siglo. Que el Congreso local —un poder que representa la voluntad ciudadana— los reconozca públicamente no es sólo un mérito personal. Es también un acto de justicia hacia la profesión y un reconocimiento al valor del periodismo para la democracia.
El periodismo, como he dicho en otros espacios, va más allá de una actividad mercantil. Su fin es social. Su función: construir opinión pública a partir de información veraz, crítica, contrastante, incluso incómoda. Su propósito: equilibrar el discurso oficial y confrontar la narrativa del poder, sea de gobierno o de oposición. El periodismo incomoda. Esa es su virtud.
Por ello, que el Congreso haya tenido la apertura para escuchar a periodistas con trayectoria, como Arnoldo Delgadillo, y que además se hayan incorporado propuestas para legitimar la nueva metodología de premiación, habla bien del Legislativo.
Desde este espacio, también quiero felicitar a quienes este año obtuvieron el Premio Estatal de Periodismo en sus diferentes categorías. Que su reconocimiento sea un aliciente para seguir produciendo trabajos de calidad, comprometidos con el derecho ciudadano a saber y con el fortalecimiento de la esfera pública.
Porque sin prensa crítica no hay democracia. Prueba de ello son los regímenes autoritarios, donde periodistas son silenciados, perseguidos, asesinados. En esos contextos, no hay debate público. Sólo propaganda. Cuando desaparece la labor crítica de la prensa, lo que sigue es la oscuridad del autoritarismo. Una oscuridad que caracteriza a las dictaduras.
Dos puntos
Los “acordeones” electorales que el partido hegemónico reparte entre su militancia son una prueba irrefutable del fracaso del proceso para elegir, por voto, a integrantes del Poder Judicial. No sólo constituyen un delito por coacción del sufragio. También evidencian que el mecanismo es tan complejo que se requiere un manual para entenderlo. Cuando un proceso es tan confuso que necesita instrucciones previas, está mal diseñado. Y lo más grave: lo que se juega no es menor. Se trata del último contrapeso del diseño constitucional. Un poder que debe ser autónomo, con perfiles técnicos y jurídicamente capacitados. No serviles. No obedientes al régimen. Cuando se impone el dedazo, como en el caso de la ministra Lenia Batres, lo que queda no es justicia. Es subordinación.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.