Bitácora reporteril
Por: César Barrera Vázquez
El campo mexicano enfrenta una crisis severa. La falta de agua, la desaparición de Financiera Rural y la eliminación de programas de apoyo han dejado a los productores en el abandono. La soberanía alimentaria está en riesgo: México importa más del 40% del maíz que consume y la compra de carne brasileña se ha disparado ante la falta de incentivos para la producción nacional.
Los números son claros. En 2018, el presupuesto federal para el sector agropecuario era de 73 mil millones de pesos; en 2024, apenas supera los 49 mil millones, una reducción del 33%. Este recorte afecta especialmente a los pequeños y medianos productores, responsables de más del 50% de los alimentos que llegan a la mesa de los mexicanos.
Mientras el campo se deteriora, el gobierno redirige recursos a programas clientelares, desmantelando estructuras de productividad para sustituirlas con transferencias directas. Como consecuencia, los subsidios al sector han caído un 60% y las importaciones han crecido un 30% en los últimos cinco años. El costo es alto: el país pierde capacidad de autosuficiencia, la producción nacional se debilita y el hambre en zonas rurales se agrava.
Frente a este panorama, la senadora Mely Romero Celis ha sido una de las pocas voces que ha alertado sobre la crisis. Desde la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, ha impulsado iniciativas para recuperar los apoyos eliminados y revertir el abandono del sector. Ha denunciado con contundencia la indolencia gubernamental y las consecuencias de una política pública que, lejos de fortalecer la autosuficiencia alimentaria, la destruye.
El abandono del campo no es sólo un problema económico, sino de justicia social. Según el Coneval, el 61% de la población rural vive en pobreza. Sin financiamiento, sin infraestructura productiva y con un sistema de precios que favorece las importaciones, miles de familias campesinas han quedado desprotegidas. La crisis hídrica sólo agrava el problema: no hay inversión en tecnificación, ni subsidios para insumos, ni estrategias para garantizar el acceso al agua.
Ante este panorama, Mely Romero ha planteado soluciones concretas. Junto con la Confederación Nacional Campesina (CNC), impulsó un programa de beneficios para productores y constructores, buscando mitigar los efectos del abandono gubernamental. Su trabajo ha sido un intento por recuperar la capacidad productiva del campo y ofrecer alternativas a los agricultores que han sido dejados a su suerte.
El país no puede depender de importaciones para alimentarse. Recuperar la autosuficiencia es una cuestión de seguridad nacional. Las alternativas existen: reactivar el financiamiento rural, rescatar la infraestructura productiva y garantizar el acceso a incentivos.
El Senado tiene la responsabilidad de corregir el rumbo. Mely Romero lo ha dicho con claridad: salvar al campo aún es posible, pero el tiempo se agota. ¿El gobierno escuchará estas advertencias o seguirá sacrificando al agro en nombre de su agenda electoral?
Dos puntos.
Mely Romero ha demostrado responsabilidad legislativa. Sin embargo, el bloque oficialista ha ignorado cualquier propuesta opositora, sin importar su impacto positivo. Con esta actitud, exhiben su mezquindad política y su desprecio por el bienestar colectivo.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.