VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
Sorpresivamente 6 de los 11 consejeros del INE aprobaron una moción para interponer una controversia constitucional en contra de la disposición que se incluyó como parte de la reforma a la Ley de partidos y Procesos electorales, aprobada por el legislativo, mediante la cual se le otorgan a Guadalupe Tadey, presidente de ese organismo, facultades que le corresponden al Consejo General, como es la de designar a Directores Generales y subdirectores de área. Con ello en automático, si es que la corte le da entrada, queda en suspenso el proceso de preparación de la aberrante elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
Aunque un poco tarde, los consejeros, esos que le dieron a morena una mayoría calificada de manera indebida, comienzan a darse cuenta de su error y con esta controversia podrían enmendar esa grave acción que hoy tiene al país sumido en esta crisis, al facilitar la excesiva concentración de poder, ya no tanto en la presidente Claudia, sino en el poder legislativo que se está convirtiendo en el instrumento de destrucción de la República, al querer adueñarse del poder judicial con dos absurdas reformas inconstitucionales y totalmente antidemocráticas porque desaparece de tajo la división de poderes y además de regresiva, atenta contra derechos fundamentales de los mexicanos, como es el derecho de amparo.
De prosperar la controversia constitucional ya interpuesta por consejeros del INE, en principio se retrasarán los trabajos preparatorios del proceso electoral del próximo junio del 2025, pues todo quedará suspendido hasta en tanto resuelva la Suprema Corte de Justicia esta demanda, tras de lo cual iniciará el proceso de nombramiento de los titulares que están pendientes luego de que, desde el proceso electoral ordinario de este año, se trabajara con encargados no titulares, generando diversas complicaciones.
A lo anterior habrá que agregar el tema presupuestal de lo que habrá de requerirse para organizar y realizar el proceso de elección de los funcionarios del poder judicial, pues se estima que dicho proceso tendrá un costo superior al que representó la elección presidencial. De hecho en una primera proyección del INE, se habla de que se requerirán por lo menos 13 mil millones de pesos, lo que de entrada sería más que suficiente para que, al menos por esta ocasión se pospusiera este capricho, ya que las finanzas del país no están como para que se desperdicie esta cuantiosa cantidad de dinero.
Por otra parte y ante la numerosa declinación de jueces y magistrados que salieron sorteados en la tómbola para participar en la elección, a lo que se agrega la honrosa renuncia de los 8 ministros autónomos, probablemente el Congreso tendrá que modificar los términos de la convocatoria pues en principio los comités de selección de cada uno de los poderes, como es el caso de los designados por el poder legislativo, no inspiran confianza por ser puras personas afines a Morena, lo que podría dar lugar a que muchas personas interesadas en participar decidan no hacerlo por la falta de objetividad con que actuará ese comité de selección.
Sin embargo no debemos perder de vista que los de morena, especialmente los coordinadores de las bancadas en las Cámaras de diputados y de Senadores están enfermos de poder y sus excesos ya los pone en el papel de verdaderos tiranos, incapaces de medir el alcance de sus devaneos sin importarles el daño que le hacen al país dejándolo muy mal parado frente a los organismos internacionales con los que se tienen acuerdos firmados y que tienen valor constitucional por el principio de convencionalidad pero, sobre todo, por destruir los cimientos jurídicos de la República, a fin de imponer sus caprichos fuera del estado de derecho que hoy ya se encuentra muy afectado por el golpe de estado técnico en contra del poder judicial.
Ante este panorama, aún existe la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo, al menos parcialmente, la Reforma al Poder Judicial y que la presidente Claudia entre en razón acate lo que el poder judicial determine que incluye el que solo se sometan a elección a los Ministros de la Corte y a los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación.
Si bien la ponencia del ministro José Luis Gonzáles Alcántara no es del todo bien vista por los juristas, sobre todo porque varias de las acciones de la propia corte dan por aceptada la reforma, se ve como una salida al conflicto político y a la crisis constitucional, además de que el propio INE tendría en ello la oportunidad de reivindicarse al acatar lo que la corte determine y ya no se organice la elección de jueces y magistrados de circuito.
Pero más allá de lo que la corte resuelva, lo que es urgente es que la oposición y los liderazgos de la sociedad civil organizada, fortalezcan las acciones de resistencia y que llamen a la ciudadanía a reflexionar y tomar conciencia de lo que podrá suceder si se permite la tiranía de estos falsos mesías que llegaron enarbolando banderas de democracia, de honestidad y legalidad, pero que resultaron lobos con piel de oveja. Aún es tiempo.
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