Por: Ángel Durán
En Colima, las personas con discapacidad enfrentan una dura realidad en su derecho a la movilidad.
A pesar de que este es un derecho fundamental que está en la Constitución y en la ley, el Estado no ha garantizado que existan las condiciones necesarias para que puedan moverse libremente.
La falta de vehículos especializados y adaptados es una de las principales barreras que viven a diario.
Actualmente, las personas con discapacidad se ven obligadas a utilizar taxis convencionales, los cuales no están adaptados para sus necesidades.
Además de ser caros, casi no te quieren llevar porque para ellos, representa en muchas ocasiones bajar y auxiliar al pasajero y los choferes no están sensibilizados para hacer este trabajo.
Esto no solo es incómodo, sino que además implica un gasto mucho mayor que el que debería asumir cualquier otra persona.
Los altos costos del servicio se suman a la discriminación que enfrentan al solicitar un taxi.
Es común que los taxistas se nieguen a llevar a personas con discapacidad cuando se dan cuenta de su situación.
Esta negativa, que puede ser disfrazada con excusas como “voy recoger a entregar el carro, es hora de intercambio” o “ya tengo otro servicio”, esto es una clara violación a sus derechos.
En aquellos casos en los que los taxistas aceptan prestar el servicio, el costo suele ser más elevado, lo que agrava la exclusión económica y social de estas personas.
Es urgente que el Estado de Colima y la Secretaría de Movilidad tomen medidas para solucionar esta situación.
No se puede seguir ignorando las necesidades de las personas con discapacidad, que diariamente enfrentan barreras para ejercer su derecho a moverse libremente.
Se necesitan vehículos adaptados en el transporte público y en los servicios privados como taxis.
Garantizar este derecho es una obligación del Estado. El acceso a un transporte digno, accesible y seguro para todos los ciudadanos es fundamental.
Negarlo es una violación de los derechos humanos que el Estado tiene la obligación de proteger. Sin soluciones, se continúa perpetuando la exclusión y discriminación hacia las personas con discapacidad.
Aunque han existido reclamos por parte de organizaciones y personas afectadas, las autoridades han sido omisas en su respuesta.
A pesar de la insistencia, no se ha avanzado en la creación de políticas públicas que garanticen un transporte accesible para todos.
Esta indiferencia no solo refleja la falta de empatía, sino también una grave falta de compromiso con los derechos de los ciudadanos.
Es necesario recordar que el derecho a la movilidad es básico para poder acceder a otros derechos como el empleo, la salud o la educación.
Sin transporte adecuado, las personas con discapacidad ven limitada su participación en la vida pública y su acceso a servicios fundamentales.
El Estado está fallando en su responsabilidad de garantizar estos derechos.
Colima debe implementar cambios reales y efectivos para asegurar que todas las personas, independientemente de su condición física, puedan desplazarse con seguridad y dignidad.
No hacerlo es perpetuar una injusticia que afecta a un sector vulnerable de la población, negándoles su derecho a la igualdad de oportunidades.
Es imperativo que las autoridades no solo escuchen los reclamos, sino que actúen de inmediato.
Cada día que pasa sin soluciones, se sigue afectando la calidad de vida de miles de personas.
El Estado tiene la obligación de corregir esta situación y asegurar que el derecho a la movilidad se garantice para todos.
No podemos permitir que Colima siga siendo un lugar donde las personas con discapacidad estén condenadas a depender de un sistema de transporte que las excluye.
La inclusión y la accesibilidad deben ser una prioridad en la agenda pública, y se debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un transporte digno.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.