CÁPSULAS POLÍTICAS
Por: Guillermo Montelón Nava
La indigna y sumisa actuación de los legisladores de Morena y sus aliados que aprobaron en comisiones las reformas a las Leyes de Amparo y la Ley de Amnistía, mientras que en el pleno aprobaron ya el dictamen de reformas a diversas leyes para apoderarse de los fondos de cuentas inactivas de las AFORES, pero que incluso pretendieron incluir los recursos de las cuentas activas, representan de hecho un verdadero golpe de estado con el fin de avanzar hacia la implantación de una verdadera dictadura, donde el presidente concentre todo el poder, incluso para de manera autócrata otorgar el perdón a cualquier delincuente, así se trate de alguien que haya cometido un delito grave.
Las implicaciones de estas reformas sin precedente, ponen al desnudo las pretensiones de este gobierno de cuarta, que, en el caso de las AFORES, en principio se podrán apoderar de más de 40 mil millones de pesos con el pretexto de crear el Fondo para las Pensiones del Bienestar, pero en una cuenta concentradora donde simplemente desaparecen las cuentas individuales de los trabajadores sin que el propietario pueda saber ni del total de sus ahorros ni de rendimientos, de hecho, con el riesgo de perder en definitiva su dinero. La ambición de poder, aunada a la falta de recursos y de liquidez por el pésimo desempeño administrativo de los recursos públicos que han sido derrochados en obras sin planeación alguna, pero que también utilizan para la compra de voto y para aplicar mecanismos de control y manipulación de las clases más necesitadas, hoy tienen al gobierno al borde de la debacle, pues no solo dejarán un país muy endeudado, sino en la quiebra total en cuanto a finanzas públicas se refiere.
El tema de las AFORES dará aún mucho de qué hablar por las duras críticas que esto ha generado y porque seguramente habrá grupos de trabajadores que reaccionarán ante este robo en despoblado. De hecho no se descartan acciones de inconstitucionalidad que presentarán los legisladores de oposición. Mientras tanto, lo que sí tenemos es un motivo más para que los trabajadores, sobre todo los de la tercera edad no voten más por Morena; muy mal cálculo de Obrador en este tema.
Por si fuera poco, este gobierno le asesta otro duro golpe de estado a los derechos fundamentales de los mexicanos. Se trata de una modificación a la Ley de Amparo, mediante la cual se limita a los jueces de distrito y al poder judicial en general cuando se trate de conceder amparos ampliados, es decir, cuando se trate de juicios que afectan a colectividad. Según el dizque doctor en Derecho Ricardo Monreal, la reforma es para evitar que se abuse de este derecho por parte de los jueces y magistrados, cuando lo que se causa es un grave daño a la sociedad mexicana, sobre todo a quienes no disponen de información ni de recursos para interponer juicios de amparo individuales cuando un funcionario público, sea municipal, estatal o federal afecte sus intereses como persona, es decir simplemente no podrá defenderse de cualquier abuso de autoridad.
Esta aberración aprobada por Morena y sus cómplices traidores a la patria, nos muestra otra vez la clara intención de tener sometidos a los ciudadanos y, nuevamente tenemos ahí una razón más para que mediten muy bien su voto y evitar que la 4T le siga causando daño al país y a los mexicanos, como es en este caso de un derecho tan elemental. Allá ellos.
Pero además de estos duros golpes a los mexicanos, los legisladores de Morena también aprobaron en Comisiones la Ley de amnistía que le otorga poder absoluto al presidente para otorgar perdón o indulto a cualquier delincuente, sea cual sea la causa de su enjuiciamiento, sea que esté juzgado, sentenciado o que simplemente sometido a proceso judicial. Se trata de darle al ejecutivo facultades únicas que simplemente contradicen todo principio de procuración y administración de justicia, pues de nada servirá que el ministerio púbico haya realizado un excelente trabajo para acreditar responsabilidades administrativas y penales a un individuo para ser vinculado a proceso y de la misma forma se invalida toda determinación de un juez que haya dictado sentencia condenatoria contra el indiciado o el delincuente. Bastará que el presidente lo decida y se otorgará el perdón. Se trata de una disposición por demás sospechosa que bien podría confirmar la confabulación de este gobierno con la delincuencia. Pronto lo sabremos.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.