*A pesar de que el Congreso del Estado conoció en su momento la necesidad de más recursos en dicho Poder, los diputados locales aprobaron un presupuesto insuficiente que ha provocado esta problemática.
Oscar Cervantes|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Hasta el momento, los más de 600 trabajadores del Poder Judicial del Estado no han recibido el pago de sus aguinaldos y las prestaciones de fin de año, debido a que el Congreso del Estado aprobó un presupuesto insuficiente para cumplir con la operatividad y nómina en este Poder.
En rueda de prensa, el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, refirió que en su momento cuando acudieron al Congreso del Estado, manifestaron las necesidades que ha enfrentado por años ese Poder, lo cual refleja la importancia y necesidad de aprobar un presupuesto mayor.
Comentó que necesitan al menos más de 246 millones de pesos para poder cumplir con los compromisos antes señalados, sin embargo el Congreso les aprobó 216 este año y el mismo presupuesto para el próximo, decisión legislativa que pondrían en el mismo escenario al Poder Judicial en 2020.
Lamentó el retraso en el pago de aguinaldo a quienes integran el Poder Judicial del Estado, situación que aclaró, no tiene que ver con el manejo inadecuado de recursos o la falta de previsión por parte de la presidencia del Tribunal.
“Cada año el pleno del Supremo Tribunal aprueba el proyecto de presupuesto que contempla las necesidades reales que garantizan a la sociedad el derecho humano de acceso a la justicia, por lo que este proyecto se presenta para el ejercicio fiscal correspondiente”, expresó.
No obstante, indicó que año con año a final del ejercicio fiscal se tiene que solicitar al gobierno estatal y este hace transferencias adicionales al monto total del presupuesto autorizado para el Poder Judicial, con el fin de cumplir con los pagos de nómina y compromisos de fin de año, que de otro modo no pudieran solventarse por haberse autorizado un monto menor al realmente requerido.
Dejó en claro que la situación que se está viviendo no es una responsabilidad directa del ejecutivo del estado, ya que el gobernador ha entregado al poder judicial durante el año, mediante las ministraciones quincenales y mensuales, los 216 millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2019.
Asimismo, el mandatario estatal autorizó una ampliación del presupuesto de 10 millones de pesos al presupuesto original para cumplir con el pago de nómina de la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre, cumpliendo con ello la obligación de suministrar los recursos que corresponden al Poder Judicial, sin embargo aun así los recursos aportados resultan insuficientes para atender lo requerido.
Hizo saber que desde hace más de 20 años, de manera recurrente al autorizarse el presupuesto por parte del Congreso del Estado, se le asigna al Poder Judicial como parte del presupuesto global del gobierno del estado, una parte menor a la que se requiere para atender de manera adecuada el servicio de administración de justicia, cantidad que se entrega mediante ministraciones quincenales para el pago de nómina y mensuales para servicios generales y gastos de operación.
“En otras palabras, las autoridades financieras del gobierno estatal le han fijado al Poder Judicial un techo financiero al elaborar el presupuesto global, el cual siempre resulta inferior a lo que se necesita en la prestación de los servicios”, apuntó.
Por tal motivo, busca gestionar ante el gobierno del estado para que se consideren 26 millones de pesos que se necesitan para cumplir con los compromisos de fin de año.
Sostuvo que ni magistrados, ni jueces, ni actuarios, ni proyectistas han recibido los aguinaldos a pesar de que son 626 trabajadores activos y jubilados.
“Son 361 trabajadores de confianza y 265 sindicalizados, de los cuales 171 son activos y el resto son jubilados y pensionados”.
Bernardo Salazar dijo que de parte del ejecutivo podría existir una respuesta entre hoy y mañana sobre esta petición, e insistió que este problema no corresponde a la presente administración, pues desde hace 20 años existe esta problemática.