El diputado señaló que la respuesta conjunta de los titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y de Contraloría es insuficiente y dudosa.
Ayer, Jesús Orozco Alfaro, secretario de Administración, señaló en rueda de prensa que la empresa Consorcio Vanguardista de México, S.A. de C.V, se dio de alta en el mes de enero; cumplió con todos los requisitos que marca la Secretaría de Hacienda; así como los propios en la SEDUR, por lo que le dio la invitación para que realizara los trabajos, para los cuales cobró un millón 179 mil pesos para un estudio de costo-beneficio.
Por su parte, González Saldaña señaló que no se explica por qué los contratos fueron otorgados a esta supuesta empresa el 16 de marzo de 2012, si la baja frente a la Secretaria de Hacienda fue el 30 de enero de este año.
Advirtió que tampoco se explicó porque el domicilio declarado de Hidalgo No. 1952 interior 104 de la ciudad de Guadalajara, corresponde a una casa habitación sin números interiores y que desde hace años es utilizada por una representación de seguros.
El líder panista cuestionó el porqué se han destinado tales cantidades de dinero para la realización de esos estudios, ya que pagar un millón 179 mil pesos por un estudio de costo-beneficio para modernizar un camino vecinal como el del Veladero de los Otates-El Paraje, exige de una explicación creíble.
“Lo que se desprende de las declaraciones de Orozco Alfaro, así como de Alejandro Torres y de Luis Gaitán, es el afán de justificar una operación absolutamente dudosa aclarando que el gobierno respetó los mecanismos de contraloría interna, cuando ni siquiera se verificó que la dirección de la empresa a las que se les otorgaron jugosos contratos fuera valida y existente” declaró el presidente estatal del PAN.
Raymundo González reiteró que los cuestionamientos y las denuncias del PAN siguen sin ser aclaradas, no sólo en el caso del Consorcio Vanguardia de México, sino también en los otros casos de probable corrupción, como el que benefició al hijo del diputado federal Carlos Cruz y el de las obras licitadas mucho después de haber sido ejecutadas en el municipio de Tecomán.
González Saldaña consideró revelador que funcionarios del gobierno estatal descalifiquen de forma personal a quien se atreve a cuestionar y denunciar hechos, que dejan entrever posible corrupción ya que esto confirma la falta de argumentos para negar los cuestionamientos, además de una predisposición al autoritarismo y la intolerancia.
Para concluir Raymundo González pidió una investigación exhaustiva sobre estos hechos y rechazó el intento de los funcionarios estatales de confundir a los ciudadanos con respuestas evasivas e inconsistentes.
