En entrevista, el titular de la sala penal especializada en justicia para adolescentes del STJE, consideró que la propuesta realizada por la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán técnicamente es inconcebible pues aunque se reforme el código penal en Colima, tendría que realizarse una reforma a nivel nacional para que tuviera efecto.
Si no se hace la reforma federal, continuó, la Procuraduría General de la República (PGR) puede interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma local y “fácilmente la echarían abajo”; pero incluso si la dependencia federal no lo hiciera, cualquier abogado que defendiera a un menor de 18 años pudiera interponer un amparo y también lo ganaría.
Además, continuó, México ha firmado diversos tratados internacionales al respecto por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera actuar en consecuencia y reclamar al país la violación a esos acuerdos.
En su opinión, bajar la edad penal no representaría una reducción en la incidencia delictiva, pues diversos estudios de criminología concuerdan que no sirve de nada, porque ataca los efectos y no sus causas.
Aclaró que en su experiencia por los casos que ha tratado en la justicia para adolescentes, un joven que tiene problemas de drogas, un ambiente familiar y escolar perjudicial, es más proclive a cometer delitos u otros crímenes.
Mencionó que la ley contempla los casos especiales para aquellos jóvenes que han cometido delitos más graves como secuestro u homicidio, en cuyo caso es el juez que valora la situación del joven y lo sentencia a internamiento pleno o semipleno, si procede.
Pero enfatizó que en ninguno de los casos el internamiento supera los 10 años o si el joven alcanza la edad de 25 años.
