En rueda de prensa, acompañado de locatarios y transportistas, narró que la apoderada legal es una mesa directiva de transportistas, bajo la figura de condóminos, que desde el 2002 está acéfala pues no se ha reunido en asamblea para nombrar a la siguiente dirigencia.
Este asunto legal se prolongó hasta en octubre de 2010, cuando un interventor del gobierno, Armando Ramón Pérez Gutiérrez, asignado a la Secretaría de Gobierno, se presentó en las instalaciones de la central y ordenó ciertas medidas como el cobro de baños, estacionamiento e incrementó las tarifas por corrida.
“Simplemente se aparecieron como apoderados legales, sin que hubiera una asamblea de la mesa directiva (…) sin ningún respaldo legal”, aseveró el perredista.
Sin embargo, las instalaciones carecen de vigilancia, mantenimiento, y se complicó mucho más después del paso del huracán Jova que dañó seriamente la infraestructura y las vialidades aledañas.
Rodríguez García reclamó esta ilegal intervención y sentenció que debe ser la cooperativa la que nombre inmediatamente una nueva dirigencia para que tome el control de la Central de los rojos, pues según el acta legal, donde se establece la intervención del gobierno a través de una asociación civil, pueden pedir préstamos a nombre de ellos y tomar decisiones.
A su vez, Gustavo García Lares, presidente de la mesa directiva de la central suburbana, detalló que las corridas se cobraban por carril en 500 pesos, pero a raíz de la intervención del gobierno lo hacen en 5 pesos por corrida lo que ha elevado las cuotas y en caso de que no se pague, el chofer es detenido por la fuerza pública.
Además de que el gobierno se apropió de un carril que no se utiliza ni nadie paga por él, lo que reclamaron que se especifique cual será su destino.
