inseguridad que priva en la entidad”, puntualizó.
Aseveró que la actual administración ha optado, como una forma de paliar sus quebrantos financieros, por imponer un cobro a la población, “a todas luces, injusto, en lugar de fincar responsabilidades a quienes desfalcaron las arcas públicas”, dijo.
Sostuvo que el gobierno estatal muestra su insensibilidad ante la crisis económica que viven las familias colimenses “que ven con preocupación la carga impositiva que tendrán que pagar durante los primeros meses del año: predial, agua potable, tenencia, holograma, inscripción a la universidad, gasolinazos, etcétera”.
Núñez González precisó que el argumento del gobierno para aplicar el impuesto del reemplacamiento vehicular por cuestiones de seguridad “no es sino una confesión de la incapacidad del gobernador y su gabinete, particularmente de la Dirección de Transporte, de vigilar que todos los vehículos que circulen por la entidad tengan su documentación en regla”, puntualizó.
El perredista agregó que el hecho de que el gobierno admita que más del 30% del parque vehicular se encuentra en una situación irregular “confirma la magnitud del desastre en que se encuentran dichas dependencias, y la urgencia de reestructurarlas con personal honesto y capacitado, para contar con un padrón vehicular confiable”, añadió.
Por lo tanto, convocaron a la población a no pagar el impuesto, y a organizar a la población para demandar al gobernador que dé marcha atrás por lo que el próximo 6 de enero de 2011 realizarán una manifestación pacífica a partir de las 6 de la tarde.