Juan Carlos Flores|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Las empresas NPG Technology y NPG Latam, S.A. de C.V. recibieron varios créditos del Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo Económico (Sefidec) por un monto de 30 millones de pesos que no han sido recuperados.
De acuerdo al informe sobre la auditoría al Sefidec elaborada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) se advierten diversas irregularidades que dañaron el patrimonio de esta dependencia gubernamental en la administración de Mario Anguiano Moreno.
LA HISTORIA
El grupo empresarial, originario de España, prometieron en 2014 uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno anguianista: la instalación de una ensambladora de pantallas de televisión en Tecomán con una inversión de más de 100 millones de pesos para producir 200 mil televisiones para ser distribuidas en el mercado nacional y latinoamericano.
De acuerdo con el entonces secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, la instalación de la empresa generaría cientos de empleos de la llamada mano de obra calificada.
Pero la compañía NPG perdió todas las licitaciones que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El primer concurso público se llevó a cabo en octubre de 2014 en donde la multinacional española no quedó entre los ganadores y fue superada por HTCJ, Diamond Electronics, Elektra y Komarket, todas ellas con base en operaciones en la ciudad de Tijuana, Baja California.
En esa primera etapa, se concursaron 2 millones 300 mil televisores digitales y para una segunda etapa se proyectaron 4 millones 400 mil televisiones, a partir de diciembre de 2014.
Luego perdió el segundo concurso realizado en diciembre y el tercero realizado en mayo de 2015 – para producir 2 millones 657 mil televisores- según consta en documentos publicados en el sitio web de la SCT.
Otras 5 licitaciones quedaron desiertas por la SCT.
LAS TRANZAS
A pesar de ello, las empresas NPG recibieron del Sefidec tres créditos por el orden de 30 millones de pesos según consta en el informe del Osafig.
El otorgamiento de estos créditos no contó con el estudio de factibilidad de las empresas “en virtud de que el proyecto básico presentado, aun cuando hace referencia al montaje y fabricación de líneas de ensamble, los procesos de producción y control de calidad, no es
concluyente respecto a un plan específico de ventas que asegurarán en su momento la colocación de televisiones en el mercado nacional”.
Además, no consideraron que en las sesiones del 8 de diciembre del 2014 y 16 de enero de 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso IMPULSA –de donde se otorgaron los créditos- la empresa NPG ya había sido descalificada para concursar en las licitaciones públicas de la SCT.
“Esta situación pasó inadvertida por el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, designado responsable del proyecto por el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, y por la directora del Sefidec en ese entonces, Haydé Quintero Vázquez, ya que a pesar de ello, dictaminaron a favor de la empresa para otorgarle los créditos”, señala el documento.
El Osafig cuestionó sobre el aval y la garantía que se interpusieron por la compañía para asegurar el cumplimiento del pago del crédito, en donde Pedro Julián Pastor Saez y Enrique Cosío Sánchez fungieron como aval y deudor solidario respectivamente.
Sin embargo, señala el documento, el Sefidec no logró acreditar la solvencia legal y moral de estas dos personas “por lo que resulta imposible determinar si contaban con elementos suficientes para fungir como avales y deudores solidarios para responder por los créditos de la empresa”.
En cuanto a las garantías, el informe del Osafig encontró que la empresa presentó parte de sus bienes inmuebles, con facturas, para cumplir este requisito pero resultaron sin valor jurídico por contravenir las reglas de operación del fideicomiso.
Inclusive, tampoco se encontró evidencia del representante legal de la empresa, por lo que se desconoce si esa persona estaba facultada jurídicamente para ejercer actos de comercio en México.
La empresa nunca realizó ningún pago ni el Sefidec requirió los montos del crédito ni ejerció ninguna acción penal durante los 18 meses de retraso que tuvo.
