Análisis Político
Por: Abel González Sánchez
Colima está políticamente dividido por tantos partidos y por los intereses empresariales y grupales, lo que hace más complejo la solución de la problemática social en diferentes áreas, por tal motivo recientemente el Secretario de Seguridad Pública en la entidad, Francisco Javier Castaño Suárez admitió públicamente que la presidencia municipal de Villa de Álvarez no participaba al ritmo que los demás municipios en la coordinación de la seguridad pública, lo que dificultaba disminuir los delitos sobre todo en casas habitación y empresas, la alcaldesa Yulenny Cortés asegura la clase gubernamental que no asiste a ninguna reunión de seguridad pública o de otro rubro que convoquen las dependencias federales o el gobierno del Estado porque son priístas, pues ella es panista y los tricolores son sus adversarios.
Esta actitud política personal de la alcaldesa aseguran los funcionarios estatales y federales lejos de favorecer al municipio hace más complejo la solución a los problemas municipales porque se trabaja en forma aislada y descoordinada, porque las fuerzas de seguridad federales y del Estado no realizan acciones conjuntas en una sola dirección.
En Colima gobiernan tres partidos, el PRI es representado por el Gobierno del Estado, las delegaciones federales y dos municipios, el PAN gobierna a seis municipios entre los cuales se encuentran Manzanillo, Colima, la capital y Tecomán contando con la mayor parte de la población y dos municipios más son administrados por el partido verde quienes trabajan más coordinados con los priístas. Por otra parte el Congreso del Estado también está dividido y hasta hace poco los panistas eran mayoría y tenían el control, pero con la salida de tres legisladores panistas para convertirse en independientes se mejoraron las condiciones políticas de este poder legislativo para llegar a mejores acuerdos a favor de la sociedad, aunque sin embargo todavía hay jaloneos, que dificultan atender la problemática estatal.
CAUSÓ IMPACTO EL ASESINATO DE UN ALCALDE
El lamentable asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, estremeció nuevamente a la sociedad colimense, al igual como ocurrió el asesinato de Silverio Cavazos y otros funcionarios del gobierno estatal en la administración de Mario Anguiano o con el atentado que sufrió Fernando Moreno Peña ex gobernador del estado, así como la ejecución reciente del delegado federal de Sedatu, Jaime Vázquez Montes, hermano de Gustavo quien fuera gobernador, y así ocurrieron otras ejecuciones como la de Daniel Cortés Director del Agua en el H. Ayuntamiento de Manzanillo.
Aunque esta ola de violencia estadísticamente ha venido a menos en el número de muertes en los últimos meses, la ciudadanía otra vez se consternó y se alarmó porque impactan estos hechos pues se trata de un reconocido político y nuevamente la gente en forma natural y los partidos con su grilla buscan culpables o tratan de relacionar estas muertes sin ningún sustento legal por razones personales o políticas para desorientar a la sociedad, afortunadamente el propio gobernador informó que la policía estatal en coordinación con la municipal y federal lograron capturar a dos de tres presuntos responsables de esta ejecución
Pero, ¿Sabían que el responsable legal para detener al crimen organizado e investigar estas muertes violentas en el estado y de todos los municipios del país es el gobierno federal?, porque la persecución, investigación y responsabilidad en materia de seguridad en los delitos cometidos en todos los estados y municipios por la delincuencia organizada es asunto que le compete legalmente al gobierno federal, así lo establece nuestra magna Constitución y las recientes reformas aprobadas desde Zedillo, Fox, Calderón y las más recientes de Enrique Peña Nieto, pues la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional, la Ley Federal contra la delincuencia organizada con sus recientes reformas indican claramente que la responsabilidad en la persecución, aprehensión e investigación de los delitos de la delincuencia organizada es del gobierno federal conjuntamente con sus diferentes dependencias federales en materia de seguridad quienes se coordinaran con los estados y municipios.
EL PACTO SOCIAL POR LA SEGURIDAD
La muerte violenta de un alcalde en funciones debería de poner a reflexionar a los partidos que principalmente gobiernan, PAN, PRI y Verde Ecologista y al resto que también son parte del desarrollo social y económico de la entidad, así como a los legisladores locales, cámaras empresariales, organizaciones sociales y religiosas, líderes de colonias e instituciones de los tres niveles de gobierno en el Estado para convocar y reunir a todos no únicamente a firmar un pacto social por la seguridad si no hacer el compromiso abierto para iniciar así una nueva etapa de reconstrucción del tejido social de Colima y unificar acciones concretas en prevención del delito en forma conjunta y acordar acciones estratégicas policiales operativas y de investigación para atender todos así el llamado que ha hecho reiteradamente el gobernador Nacho Peralta para recuperar la tranquilidad, porque la seguridad pública es tarea de todos.