Juan Carlos Flores|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado una investigación para deslindar responsabilidades en presuntos actos de corrupción en donde una exfuncionaria que laboraba en la aduana de Manzanillo “es pieza clave”.
De acuerdo a una publicación del periódico Milenio, la FGR tiene ya información sobre el mecanismo de corrupción que actuaba en las aduanas del país, principalmente en Manzanillo, donde se ubicaron la mayoría de las irregularidades, hasta el momento, detectadas.
Según ese medio de comunicación, se retenían contenedores con mercancía legal y también había despachos que presuntamente promovían recursos ante tribunales colegiados, haciéndose pasar como representantes de las empresas que afectaban.
Milenio Diario destacó que “una ex funcionaria que laboraba en la Aduana de Manzanillo se ha convertido en la pieza clave en la investigación”.
Agrega la información que “en marzo se le solicitó (a la ex funcionaria) la renuncia porque presuntamente no permitía que salieran los contenedores de una zona libre de la mencionada aduana”.
Lo anterior, para que un despacho que se ostentaba como representante de empresas de marcas importantes solicitara a personal del IMPI su intervención para asegurar la mercancía e imponerle multas altas por supuestamente violar derechos de propiedad intelectual.
Según las pesquisas, algunos casos llegaron al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, donde un despacho se ostentó como representante de una empresa de marca de renombre, motivo por el cual la compañía inició una disputa para demostrar que al despacho nunca se le extendió un poder notarial.
Recordaron que desde el inicio de la presente administración se revisa la gestión de Miguel Ángel Margáin, quien fue director del IMPI, además de que investigan los conflictos de interés que pudieron existir a partir de su llegada, porque fue abogado del despacho Arochi & Lindner, bufete especializado en asuntos referentes a la propiedad intelectual.
MILENIO ha publicado que las dependencias indagan presuntos actos de corrupción en la Aduana de Manzanillo, donde no se permitía la salida de contenedores de una zona libre de la mencionada aduana, porque varios despachos alertaban al IMPI sobre la introducción de mercancías que supuestamente violaban derechos de propiedad intelectual.
Las autoridades han documentado, a través de denuncias, que a las empresas que se les aseguraba su mercancía se les imponía multas altas, por lo que muchas veces dejaban de pelear por sus productos, mismos que después era vendidos por empleados de aduanas.