Por: Gustavo L. Solórzano
Le doy vueltas a mi cabeza y no encuentro por dónde empezar, “en este Colima olvidado de Dios cualquier cosa puede pasar” dijo una señora hace días en la fila de una tienda de autoservicio. Me disculpo si alguien se siente ofendido o lastimado, la sociedad es la que manda.
No es la primera vez que el Honorable Congreso de nuestro estado es sometido por grupos cuyos intereses son totalmente ajenos a los de la sociedad. Lo lamentable en esta ocasión es que quienes últimamente vienen incurriendo en situaciones anómalas son algunos de los que se desgarraron las ropas pregonando un cambio que no ha llegado ni a morralla, ¿Me explico? En el 2015 un diputado ganaba la nada despreciable cantidad de 103 mil 358 pesos. Al siguiente año, en virtud de su “extenuante y destacado trabajo” decidieron concederse un aumento que modificó significativamente su sueldo a una cifra superior a los 200 mil pesos. ¿Es mucho verdad? A partir del primero de abril de 2015, el salario mínimo general en el área geográfica “B” era de $68.28 pesos diarios ($1.83 pesos diarios más) y en el área geográfica “A” se mantuvo el actual salario mínimo de $70.10 pesos diarios, contra los casi siete mil diarios que ganaba un diputado.
Lo anterior solo por citar un ejemplo que ha dejado mucho que desear de nuestros empleados los diputados. Naturalmente detalles como ese motivaron para que mucha gente no votara más por los mismos partidos y eligieran una nueva opción. No fueron los candidatos, pues hubiera ganado cualesquiera que fuera ajeno a los partidos existentes, fue la sociedad harta de tanto abandono. Hace unos días, al parecer, de manera lamentable, según señala el diputado Carlos Cesar Farías, las actuales fracciones en el congreso estatal llegaron “a limites impensables de prácticamente corrupción”. Pues denuncia que en el tema de la elección para la nueva titularidad de la Comisión Estatal de Derechos humanos, no se respetaron los méritos, las habilidades, las competencias de los participantes y se dio lo que el remarca como “un albazo a los derechos humanos de los colimenses”.
El diputado Carlos Cesar Farías agrega en su denuncia que se dio “una metamorfosis detestable y corrupta entre diputados plurinominales” poniéndoles nombre y a la fracción a la cual pertenecen, señalándolos como “esos que nadie votó por ellos”. Finalmente tras afirmar que esas “practicas arcaicas veníamos a eliminarlas”, advierte que no se prestará a ningún tipo de arreglos.
La gente se da cuenta de todo, hoy las redes sociales han desbancado a los medios y en cuestión de minutos las noticias llegan a los ciudadanos. Hoy la palabra cumplida está en vías de extinción como el propio planeta. El mal político y el mal servidor público, dicen una cosa y hacen otra, han dejado de escuchar, se esconden para no atender a los ciudadanos. La gente se siente defraudada, impotente ante “la misma historia” que se repite una y otra vez.
Tan solo por citar otro ejemplo, en enero del 2017 dos mujeres y un hombre se “atrevieron a cuestionar” la ironía es mía, a los diputados solicitando ser escuchadas. La diputada que hacía uso de la voz se concretó a solicitarles “guarden la compostura” ante la completa indiferencia del resto de tribunos, además de la suya. “Por actitudes como esta, por no escuchar al pueblo, no nos dejan otra alternativa más que hacer esto. (Manifestarse) Buscan estos cargos únicamente para beneficiarse, para gozar de sus privilegios que ellos mismos se otorgan, no se los da el pueblo”, expresó en ese entonces el ciudadano Roberto Ochoa, acompañante de las damas en cuestión. Obviamente la sesión transcurrió sin que nadie, absolutamente nadie moviera un ojo hacia las valientes personas, bueno, solo los reporteros que ahí se encontraban.
Lamentable pues, que quienes están para velar por los intereses de los ciudadanos, los hacedores de leyes, no puedan ponerse de acuerdo en algo tan sencillo, cumplir y hacer cumplir la constitución en bien de la sociedad, siendo así, que la misma sociedad se los demande. Es cuanto.