STSGE piden a Senadores y diputados federales no ser transferidos de la modalidad 10 a la 38 del IMSS

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Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.-   Burócratas adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) entregaron cartas a legisladores federales por Colima para que intervengan en evitar que el Gobierno del Estado y la Delegación Colima del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los transfiera de la Modalidad 10 del IMSS a la Modalidad 38.

La entrega la realizaron más de 2 mil 500 trabajadores encabezados por el dirigente gremial del STSGE, Martín Flores Castañeda.

Los trabajadores entregaron las solicitudes en la oficinas de los Senadores Joel Padilla Peña, Gricelda Valencia de la Mora, Gabriela Benavides y el Diputado Federal Mario Delgado.

En esta se pide el apoyo para que les sea respetado el Convenio original de incorporación al IMSS “Modalidad 10” en el que se encuentran desde el año 1981, con coberturas de seguro de enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo invalidez y vida, cesantía y vejez y servicio de guardería. En caso de ser cambiados, sólo se tendría derecho a seguro de enfermedad y maternidad, y riesgo de trabajo.

Además en el documento expresan la preocupación que tienen de perder esos beneficios de seguridad social, lo cual es un logro sindical y laboral de los trabajadores desde 1981.

En esta solicitud requieren el apoyo de los Legisladores de las Cámaras Alta y Baja, para intervenir ante el director General del IMSS, Zoé Robledo, para revisar con la intervención del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y del dirigente sindical, Martín Flores Castañeda, el convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS en la modalidad 10, con un salario promedio de cotización de 4.1 salarios mínimos por trabajador, con lo que se genera la seguridad de seguir contando con esta prestación y que no afecten las finanzas del Estado.

Cabe hacer mención que el convenio original de incorporación al IMSS en la “Modalidad 10”, del año 1981, beneficia a todos los servidores públicos del Gobierno del Estado, así como a las trabajadores de los 10 ayuntamientos y los Organismos Públicos Autónomos y Descentralizados de carácter estatal y municipal, es decir, alrededor de 18 mil trabajadores y sus familias.

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