SCJN responsabilizó a Moreno Rivas por violaciones graves a los derechos humanos en 2007

0

*La comisión de la Verdad en Oaxaca  involucró al subsecretario de Seguridad de Colima con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró responsable a José Manuel Moreno Rivas, quien se desempeñaba como director de la Policía Ministerial de Oaxaca, así como al exgobernador Ulises Ruiz y otros exfuncionarios por “violaciones graves de garantías individuales” ocurridas en ese estado durante 2006 y 2007.

De acuerdo a publicaciones periodísticas de esa fecha, los ministros consideraron “que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en desorden generalizado en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año”.

Y agrega: “La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges”.

El resto de la noticia puede leerse en el siguiente link: http://www.jornada.unam.mx/2009/10/15/index.php?section=politica&article=014n1pol

Negro historial

En 2016, la Comisión de la Verdad en Oaxaca encontró responsable al actual subsecretario de Seguridad Pública en Colima, Manuel Moreno Rivas quien junto con otros funcionarios y el exgobernador se les acusó de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes durante los disturbios de 2006 y 2007 en ese estado.

El periódico Reforma publicó una nota sobre la relación de Moreno Rivas con un presunto auto-atentado del exgobernador José Murat en 2004 que fue desmentido por el propio funcionario público a través de una misiva dirigida a ese medio de comunicación.

También se le relacionó con la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la persecución a militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2007; en 2010 se le acusó de ser el autor material del plagio y violación de Aurora López Acevedo, lideresa de transportistas en Oaxaca.

En su respuesta, Moreno Rivas justificó que no se fincó ninguna responsabilidad en ninguno de los delitos por ninguna autoridad pero omitió señalar el resolutivo de la SCJN.

“En relación al señalamiento de la desaparición de dos integrantes del EPR, un servidor tampoco es culpable, por ello, ni siquiera fui requerido por parte de alguna autoridad ministerial para aportar información al respecto».

«En relación al señalamiento del C. Flavio Sosa, se realizó una investigación que involucró a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno que prestaron servicio en las fechas de los hechos señalados, sin resultar ningún tipo de responsabilidad en contra del suscrito».

“Sobre el plagio y violación que denunció en su momento la Lic. Aurora López Acevedo, en este caso -como en los anteriores- se trata de un señalamiento sin sustento, prueba de ello es que ni siquiera fui requerido ante la autoridad en relación a los hechos denunciados toda vez que nunca se interpuso denuncia ante la autoridad correspondiente”.

La Comisión de la Verdad en Oaxaca fue una iniciativa creada en 2014, aprobada por el congreso local en el decreto 2056, para la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado en donde recomendó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social de ese estado que retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz.

También al el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; y la ex Sub Secretaria de Derechos Humanos del Ejecutivo, Rosario Villalobos Rueda, así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública, por presuntos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.

De acuerdo con el portal Aristegui Noticias, esta comisión observó y registró los hechos con método deductivos e inductivo,  realizó la cronología de los hechos, elaboró una lista de las víctimas, llevó a cabo entrevistas con los involucrados, analizó la información y fue sistematizada.

Entre sus conclusiones, advierten que “El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

Anuncios