Regular la Minería

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Editorial

La población de San Juan de Sabinas, perteneciente al municipio de Nueva Rosita, en Coahuila; fue conocida en todo el mundo, aquel 19 de febrero de 2006, porque ocurrió un accidente en la mina Pasta de Conchos, donde quedaron sepultados 65 trabajadores del turno de esa mina de carbón, operada por el Grupo México, la minera más grande del país.

Ese accidente, del cual hasta la fecha no se han dado a conocer públicamente las causas del mismo, fue sólo la punta del iceberg, de la serie de irregularidades, como protocolos de seguridad, toxicidad de las minas, falta de equipo, pésimas condiciones laborales y hasta permisos para operar, entre otras anomalías.

Es claro que la explotación de la minería, trae múltiples beneficios para la población donde está o están asentados los yacimientos del mineral y México como muchos otros países es rico en varios rubros.

Regionalmente podemos ubicar a la zona de Pihuamo, Jalisco, donde la explotación del hierro ha sido una fuente de ingresos para la población, pero también para las grandes y pequeñas compañías nacionales y hasta extranjeras.

Minatitlán con su consorcio minero Benito Juárez en la mina de Peña Colorada ha explotado durante medio siglo esos yacimientos de hierro y en los últimos años la compañía Ternium ha venido invirtiendo cada vez más en las acciones, llegando a ser de contrapeso a la manera que operaba anteriormente Peña Colorada por sí sola, sin embargo no suficiente para erradicar los vicios de antaño.

En este lugar existe una problemática mayor que en otros lugares mineros, involucrando de manera fundamental el ecocidio en discusión entre diferentes organizaciones civiles, autoridades y pobladores de la zona; líderes y sus contratos que los ponen bajo la observación de los representados, hasta las políticas aun encontradas entre el manejo de la empresa minera y su socio principal Ternium.

Las compañías mineras nacionales o extranjeras que operan en casi todo el territorio nacional, destinan una parte de sus recursos económicos en llevar beneficios sociales para la población donde se ubica el yacimiento del mineral.

En ocasiones los acuerdos se hacen con la autoridad estatal o municipal, en otros casos con los ejidatarios y hasta con los caciques y grupos delictivos llegan a operar en esas negociaciones.

Aunque más allá de la explotación es necesario regular esos yacimientos y analizar el peligro que representan para los trabajadores, cada año son docenas de muertos que cobra esa labor.

Por ello, no es de extrañarnos que voces discordantes exijan una nueva ley para la minería en México, así en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería Tóxica, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iris Vianey Mendoza Mendoza informe que su grupo parlamentario haya presentado una nueva ley.

Además de que no es casualidad que ella es oriunda del estado de Michoacán, lugar muy rico en yacimientos de metales, aunque también  con fuerte presencia de cárteles de la droga.

 

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