TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Es importante que las autoridades estatales, haciendo auto crítica, reconozcan que no pueden solas contra la delincuencia y que hace falta el apoyo federal, concretamente del presidente electo Andres Manuel López Obrador, a quien el secretario de gobierno, Arnoldo Ochoa González, ha pedido que Colima sea el primer estado donde se aplique el nuevo modelo de seguridad pública. Y la verdad, sobran las razones.
Con un total de dos mil 22 homicidios dolosos, cometidos en la entidad durante el mandato de José Ignacio Peralta Sánchez, de enero del 2016 hasta septiembre del 2017, ( si se agregan los homicidios de esta fecha última hasta el 31 de octubre, tendríamos otros 900 aproximadamente), Ochoa González reconoció ante el Congreso local que no ha funcionado la estrategia de seguridad implementada hasta el momento, aunque justificó que lo mismo ocurre con los gobiernos de todos los partidos. “No han dado resultado ni donde gobierna el PRI, ni donde gobierna el PAN, ni donde gobierna el PRD, ni donde hay un gobernador independiente, esa es la realidad, hay que cambiarla”, aseguró.
Desde luego que esta afirmación última no es para consolar a nadie, ( como decir: mal de muchos, consuelo de tontos), pero si hay fundamento al decir que el crimen organizado está imparable en todo México y que nomás no se le ha combatirlo con efectividad casi en ningún lado. Miles y miles de millones de pesos se han invertido los últimos años sin que se avance firmemente en esa tarea. Es como si se hubieran tirado a un bote de basura, ni más ni menos.
En lo que respecta a Colima se anticipa un posible alivio, escribí hace seis quincenas, porque se anunció que en el primer trimestre del año próximo se combatirá la delincuencia con tecnología de punta, y con el debido rigor. Que así sea. Se instalarán, vale repetirlo para avizorar un grado menos de desconfianza, entre otros dispositivos, dos mil botones de emergencia, 13 arcos carreteros y 825 cámaras de vigilancia para “garantizar una comunicación directa entre autoridades y ciudadanos”. Y a principios de septiembre, ya se instalaron 575 botones de alerta de emergencias en unidades de transporte público urbano, que es “una de las alternativas para mejorar el sistema de alerta en Colima y perfeccionar las posibilidades de respuesta oportuna”.
El gobernador Ignacio Peralta, expuse, cumpliría así un compromiso en el inicio de su gestión plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo de atender la demanda de seguridad de la población con la operación del Centro 5 de Inteligencia, como se le denomina al sistema de control y vigilancia que permitirá la mejoría en los parámetros de seguridad. No deben permitirse fallas en ese sistema, representa una inversión cuantiosa para que por negligencia, exceso de burocracia o por la infiltración de la delincuencia en ese aparato, todo vaya a resultar inútil. Los colimenses, estoy seguro, permanecerán vigilantes acerca de la operación del C5i, que representa una oportunidad muy valiosa para aspirar a la paz y la tranquilidad que merece nuestra sociedad.
Vale recordar que el costo total por inseguridad y el delito en México durante 2017 fue de 299 mil millones de pesos, cifra que equivale a 1.65 por ciento del PIB nacional, informó recién el Inegi al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2018.
El estudio estimó que 25.4 millones de personas mayores de 18 años de edad fueron víctimas de algún delito durante aquel tiempo y anotó que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo fue de 39 mil 369, cifra que supera a los 37 mil 17 registrados en 2017.
Estamos pues sumidos en una vorágine de violencia sin parangón en nuestra historia, como si estuviéramos en guerra. O Peor que eso. De lugares que antaño eran sinónimo de paz y de inversión hacia arriba, como Guanajuato por ejemplo, o Colima, hoy son un mero recuerdo.
Crímenes contra sacerdotes, desapariciones, trailers circulando cargados de cuerpos humanos en descomposición, fosas por todos lados, ejecución de inocentes, violencia insólita en los estadios, violaciones y asaltos a mano armada en domicilios y calles, linchamiento de inocentes, ajustes de cuentas entre personas por motivos mínimos, feminicidios, constituyen una realidad aterradora que urge resolver. Que se insista en esa moción de auxilio al gobierno federal es muy conveniente y que el pacto oficial propuesto para “combatir la violencia familiar, de género, escolar, contra las adicciones para bajar índices delictivos” ofrezca resultados pronto.