Análisis Político
Por: Abel González Sánchez
México es uno de los países con más desigualdad social en América Latina y del mundo, aunque hay muchos otros peores, pero tan solo 10% de las familias más ricas de nuestro país acumula las dos terceras partes de la riqueza nacional yel 1% de esas familias cuenta con más de un tercio de la riqueza mexicana, de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La mala distribución de la riqueza en México ha sido manejada según un estudio reciente del sociólogo Roberto Burne, egresado de la Unam, por los grandes grupos empresariales y políticos incrustados en las esferas de los partidos políticos durante muchos años quienes han aportado dinero para las campañas incorporando a sus seguidores en las estructuras gubernamentales, en la Suprema Corte, en los Juzgados Federales y en la Cámara de senadores o de diputados federales, ellos representan a los grandes inversionistas y han diseñado estos esquemas con otros grupos de inversionistas internacionales de otros países estableciendo acuerdos para sustentar políticas globales de desarrollo, que generalmente benefician a estos mismos grandes empresarios.
Lo mismo ocurre dice el sociólogo, en los estados del país, también hay grupos de inversionistas locales que van apoderándose de los grandes recursos de los estados y de los que llegan a las entidades vía federación y con acuerdo del gobernador en turno hacen grandes negocios, así se pierden miles de millones que destinan a las diferentes instituciones públicas como a las universidades o para la seguridad pública, son programas oficiales aparentemente para beneficio de la sociedad, pero hacen muchos negocios privados, por eso tanto rectores de las universidades y gobernadores se hacen multimillonarios de la noche a la mañana, y se convierten en inversionistas locales, ¿Y de dónde? Por tal motivo al cambio de gobierno de López Obrador está centrando y controlando los recursos destinados a las universidades y de las delegaciones federales.
EL RETO INMEDIATO DE OBRADOR Su principal reto es sin duda mejorar la distribución de la riqueza en México. No podemos negar que si López Obrador ganó con un aplastante triunfo nacional por el hartazgo de la sociedad que pedía a gritos el cambio, fue precisamente por este tema, por la gran desigualdad social, la cuerda gubernamental hacia la ciudadanía la estiraron demasiado y se les reventó, la desigualdad es ya enorme y la inconformidad política fue cada vez mayor al designar a muchos funcionarios prepotentes e insensibles a los problemas sociales, independientemente de las famosas reformas equivocadas, empezando por la de educación, con el acoso del magisterio nacional, culpándolos de un aparente fracaso educativo tan solo para desterrar a Elba Esther Gordillo. Por tal motivo es justificable que López Obrador promueva muchos programas federales de apoyo urgente a las familias más pobres lo que trae preocupado a muchos inversionistas coludidos con la anterior administración federal, pues dicen que es un tiradero de dinero público, cuando quizás paraba de todos modos en los bolsillos de los altos funcionarios que ahora son multimillonarios.
LA CASETA DE CUYUTLÁN UN EJEMPLO DE CORRUPCIÓN Nadie duda que un ejemplo de corrupción de las diferentes administraciones federales son las casetas de cobro, que no existen en la mayoría de los países del mundo, cuando el gobierno federal y los estados están obligados en realizar estas obras, pero el problema es que los corruptos gobiernos dice el sociólogo Roberto Burns, permitieron hacer inversiones a futuro hasta por 50 años y colocan a familiares o amigos como socios constructores con prestanombres, el gobierno siempre justifica la entrada de los empresarios por falta de recursos, pero no los obliga a respetar acuerdos para que liberen las carreteras en tiempos reales y limitados, dándoles concesiones sin control estricto, y sin que pasen por un acuerdo de las cámaras de los legisladores federales para su ampliación, simplemente porque hay corrupción en la SCT y están al margen de la propia Constitución General de la República y así concesionaron a Ferrocarriles Nacionales de México también y muchas otras paraestatales en beneficio de particulares.
Por ello consideramos que fue un acierto político y económico para los colimenses que trabajan en la entidad la negociación que hizo el presidente Manuel López Obrador recientemente, de abrir el paso gratuito a los automovilistas por esa caseta de Cuyutlán, porque por la vía legal o de gestión nadie la había logrado ni el Gobierno del Estado, hay que ser objetivos y realistas, pues nadie olvidará que el gobierno estatal y federal mandaba patrullas para evitar fueran tomadas, protegían a los concesionarios, pero ahora falta tener o lograr un documento que asegure por parte de la SCT con acuerdo de la empresa de que se va legalizar ese pacto presidencial en forma indefinida del paso gratuito y no sea exclusivamente vigente mientras gobierne López Obrador, además deberían bajar las cuotas a los tráileros porque son pagos altos y criminales que finalmente pagan los ciudadanos al comprar la mercancía.
Por lo anterior la desigualdad debe equilibrarse más, “la debemos ver como el principal desafío estructural para el desarrollo de nuestro país” por parte del ahora presidente Manuel López Obrador, pero no únicamente es tarea del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, municipales y también de los empresarios, inversionistas y de la misma sociedad, porque es un fenómeno que afecta a la misma seguridad pública por el desempleo y la marginación, por eso urge implementar a la par nuevas estrategias de reactivación económica y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, es una tarea compleja sin duda, ayudar a los que menos tienen, pero muchos países lograron superar la gran etapa de crisis, misma que estamos viviendo, pero ahora son países desarrollados.