PUNTO SOCIOLOGICO
Por: J. Daniel Miranda Medrano
Recientemente se designó al nuevo fiscal del estado y éste a su vez hizo el anuncio de que la Nueva Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, se integrará mediante una gran consulta a las organizaciones civiles; lo anterior con el fin de designar a la persona que reúna los requisitos, el perfil y la sensibilidad para atender este tipo de delitos. Señaló que desea que el proceso para designar al nueva fiscal surja de un proceso similar al que se realizó cuando él fue designado, al haberse abierto a la sentir de los grupos organizado (sic).
En primer lugar hay que ser conscientes que nuevo fiscal no surgió de un proceso como el él mismo señala, pues todos sabemos cuál fue su origen, y si bien es positivo que dicho proceso se abra a consulta de la sociedad civil para legitimar el proceso y que se tengan servidores públicos avalados y respaldados por organismos civiles, esto no es suficiente para que se logren los objetivos que se dicen perseguir con este nuevo organismo. La complejidad de los temas que va a tratar esta nueva fiscalía exige socialmente que no se tenga un nuevo ente burocrático como tantos otros que existen. Y es que en temas de procuración de justicia México y Colima carecen de instituciones sólidas que solucionen los graves delitos y problemas de todo orden, incluyendo los de género y trata de personas.
Es un gran reto, basta ver el record que tiene Colima en homicidios y feminicidios, líder nacional en estos rubros, pues solo durante los primeros cinco meses de 2018 se registraron 298 asesinatos en esta entidad, la cifra más alta en comparación con el mismo periodo de los últimos años, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la experiencia que tenemos con organismos e instituciones como el CAM, el ICM o la procuraduría de la mujer deja mucho que desear. De acuerdo con la misma fuente, Colima también se encuentra en el primer lugar nacional, con una tasa de 1.81 casos por cada 100 mil habitantes, superando a Zacatecas (1.32), Sinaloa (1.22) y Guerrero (1.07), entre otros. Estos se convirtieron en edificios que albergan burocracia y muy poco o casi nada hacen en realidad. Les faltan recursos, no cuentan con gente especializada, existen los amigos y recomendados y por ello se han convertido en un derroche de recursos públicos.
Si la nueva fiscalía por estrenarse va a caer en los mismos vicios y errores de los ya existentes del ramo, entonces vamos a tener lo mismo de siempre. No solo basta cambiarle el nombre, atribuciones y ordenamientos legales a las instituciones si en el fondo y en realidad las cosas van a tener a la misma vaca, pero disfrazada.
Habría que preguntarle a los ciudadanos y a las mujeres de a pie, a las que toman la ruta para desplazarse y con grandes trabajos cubren sus necesidades básicas o la de sus hijos, que impresión tienen de los organismos citados y en qué porcentaje sienten que les ayudaron o solucionaron sus problemas.
Si es así ¿Para que una nueva fiscalía en cuestión de género y trata de personas?
Twitter; @jdanie17