“DESDE LA CURUL 26”
Por: Juan Ramón Negrete Jiménez
Por andar más distraídos en la grilla política, los diputados del Congreso del Estado han dejado mucho qué desear y lo peor de todo es que esas distracciones le cuestan muchos miles de pesos al pueblo de Colima, que finalmente es quien tiene que pagar las consecuencias y todo porque los diputados andan más distraídos primero en que acomodarse para brincar a otro cargo y después por andar en la búsqueda del respaldo ciudadano que los lleve nuevamente a seguir cobrando tres años más, aunque los resultados que aporten sean magros.
Esto se lo comento porque por esas distracciones, otra vez el Congreso del Estado, perdió un millonario juicio, que no debió haber sucedido y lo peor que no haya habido una sola persona en el Poder Legislativo, ni en las áreas jurídicas del Gobierno del Estado, para haberse defendido y en consecuencia haber evitado este vergonzoso hecho.
Es más el Congreso del Estado, todos los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, tuvieron que reaccionar hasta que les llegó el memorándum en el sentido de que si no acataban una sentencia del Poder Judicial de la Federación, estaban en riesgo de haber sido destituidos, por desacato.
Por eso en la última sesión ordinaria del pasado 9 de mayo, no les quedó de otra más que doblar las manos y acatar, mediante decreto lo que les ordenó el Poder Judicial de la Federación.
¡Ah! eso sí, no sin antes hacerse los dignos y sacar un posicionamiento señalando que acataban el resolutivo, porque era producto de una sentencia de un juicio de amparo, el cual, el Congreso del Estado ni las manos metió, ni tampoco el Gobierno del estado, como debió haber sido su obligación.
Pero déjeme ir por partes para que entienda usted de qué se trata…
La actual Quincuagésimo Octava Legislatura, el 10 de noviembre del año 2015, emitió el Decreto número 10, publicado el día 14 del mismo mes y año, mediante el cual concedió jubilación al ciudadano, Arturo Martín Leal Martínez, con el 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de confianza adscrito al Juzgado Civil del Primer Partido Judicial dependiente del Poder Judicial del Estado.
Bueno pues resulta que según dicen ahora los diputados tratando de justificarse, el citado juez Arturo Martín Leal Martínez, no obstante que los términos de decreto respondían al contenido de la iniciativa correspondiente, enviada por el Ejecutivo del Estado y que el monto de la jubilación, era igual al 100% de las prestaciones que venía percibiendo, éste interpuso demanda de amparo en contra del Decreto relativo, radicándose bajo el expediente 1829/2015-VI-OM, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado.
El Juicio antes mencionado fue resuelto por el Juzgado de origen declarando la constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso, particularmente el contenido del Decreto emitido por esta Legislatura.
El juez Arturo Martín Leal Martínez, interpuso recurso de revisión el cual fue a su vez resuelto por el Trigésimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, determinando suplir la deficiencia de la queja y conceder al quejoso, el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que deje insubsistente el decreto antes mencionado y se conceda al quejoso su jubilación en los términos establecidos en la Ejecutoria de Referencia.
Resulta que el juez en cuestión, no obstante que había sido jubilado con el 100 por ciento de sus percepciones, promovió un juicio contra el decreto aprobado por el Congreso del Estado, pues sintió que el cargo de Juez y sus percepciones le quedaban “chiquitas” y demandó ser jubilado con la categoría inmediata superior, esto es con la de Magistrado Propietario.
Según el decreto número 10 publicado en el Tomo 100, del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 14 de noviembre de 2015, número 64, página 2375, se concedía la pensión por jubilación a Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de confianza, adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer Partido Judicial, dependiente del Poder Judicial del Estado.
Según ese decreto debía pagarse mensualmente la cantidad de 41 mil 780.44 pesos y anualmente la cantidad de 501 mil 366.28 pesos, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afectara la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
De entrada hay que decir que esta cantidad original aprobada en el decreto 10 de noviembre de 2015, rebasa lo establecido por la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, donde el sueldo máximo es de 16 salarios mínimos por día, es decir un aproximado mensual de 38 mil 400 pesos.
Bueno pues el susodicho juez, recurrió al amparo de la Justicia Federal, el cual mediante oficio 4589/2018, de fecha 28 de febrero de 2018, se notificó al Congreso del Estado de Colima, los puntos resolutivos de la sentencia pronunciada en el recurso de revisión 476/2016, mediante el cual, primero, revoca la sentencia recurrida.
Segundo, la justicia federal, ampara y protege al quejoso Arturo Martín Leal Martínez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
La ejecutoria esencialmente señalaba que los efectos del amparo eran, primero, dejar insubsistente el decreto impugnado; y, segundo, emitir uno nuevo en los términos ordenados en la ejecutoria.
El juez primero de distrito, había dado tres días, esto mediante acuerdo emitido el 27 de febrero de 2018, al Congreso del Estado, para cumplir con la sentencia, misma que le fue notificada mediante oficio 4589/2018
Mediante oficio número DPL/1887/2018, de fecha 7 de marzo del presente año, los secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, diputado Federico Rangel Lozano y diputada Julia Licet Jiménez Angulo, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la ejecutoria dictada en el expediente del recurso de revisión 476/2016, promovido por Arturo Martín Leal Martínez, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo número 1829/2015-VI-OM, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Como en el mes de marzo los diputados andaban de vacaciones, bueno, de receso, como que no les cayó el “veinte” de inmediato, porque de entrada el plazo de tres días fijados por el Juez Primero de Distrito en el estado, ya estaban rebasados para cuando ellos turnaron la sentencia a la Comisión de Hacienda.
Los agarraron dormidos…
La resolución dictada por el Trigésimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, agarró dormidos a todos los diputados y asesores jurídicos, incluido el Oficial Mayor del Congreso, que no acertaron a defenderse.
Aceptaron la sentencia del Tribunal de Circuito, como si ésta hubiera sido la última instancia, cuando este órgano jurisdiccional siento que rebasó atribuciones en las que no tiene competencia.
Por ejemplo amparó al juez quejoso y le concede que se le jubile con la categoría inmediata superior, que es la de Magistrado del Supremo Tribunal, sin embargo es el titular del Ejecutivo del Estado, el único facultado para proponer candidatos a Magistrados y es la mayoría calificada del Congreso del Estado, la única facultada para nombrar a un magistrado.
¿Dónde estaba el Oficial Mayor?, ¿dónde estaban los asesores jurídicos del Congreso?, ¿dónde estaba el Comisionado Jurídico del Gobierno del Estado, a quien le pasó de noche esta determinación y le nombran al Supremo Tribunal de Justicia del estado, un magistrado que no fue propuesto por el Gobernador del Estado?, ¿dónde estaban todos?
Todavía más, el presidente de la Comisión Permanente de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Estado, diputado José Adrián Orozco Neri, remitió el 2 de marzo, un oficio al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (101/2018), magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, con el objeto de contar con la información nominal correspondiente a un magistrado propietario y con ello determinar la jubilación que ampara la resolución de mérito.
Pero lo peor fue que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, da respuesta al Oficio del Presidente del Congreso del Estado, le manda por escrito cuánto gana un magistrado, pero al parecer sin preguntar para qué quiere esos datos el presidente del Congreso.
Ahí Bernardo Salazar, informó que un magistrado tiene un sueldo mensual de 41 mil 252.80 pesos, un sobre sueldo de 26 mil 814,32 pesos; 20 mil 477.74 pesos, por quinquenios (no dice por cuántos); 277.32 pesos de previsión social múltiple; 834.50 pesos por el concepto de despensa (¿de veras requerirán ese apoyo de despensa los magistrados?; 463.08 pesos de ayuda para renta (como si la necesitara cualquiera de los integrantes del Supremo Tribunal); 6 mil 806.71 por compensación; y, 5 mil 662.20 pesos, de estímulo, lo que hace un salario mensual de 102 mil 588.67 pesos.
El problema de nuestros queridos diputados, es que no leen las leyes que nos rigen, ni aún cuando les están dando de garrotazos, porque si se hubieran puesto a leer la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en su artículo 20, se especifica que:
“Artículo 20.- Ningún servidor público podrá percibir una remuneración igual o mayor a su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que sean compatibles en términos del artículo 24 del presente ordenamiento; que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado; o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Eso que significa, que el juez, no podía recibir una percepción igual o mayor, que su superior jerárquico que es el magistrado, por qué él no tiene esa figura, se la dio el Trigésimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, pero no tiene validez, porque ni fue propuesto por el Gobernador, ni fue votado por las dos terceras parte de los integrantes del Congreso del Estado.
A punto de destituirlos…
Los diputados como que no creían que la justicia federal sí estaba actuando en serio, aunque se hubiese extralimitado en sus funciones, y pues le dieron largas, mandando el asunto a la congeladora.
El caso es que el 02 de marzo el diputado José Adrián Orozco Neri, solicitó al Juzgado Primero de Distrito en el estado, la ampliación del plazo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en virtud de que el concedido originalmente al Congreso era insuficiente para recabar la información nominal a la categoría inmediata superior de Magistrado Propietario y determinar así la pensión a favor de Arturo Martín Leal Martínez.
El juzgado en mención accedió a conceder esa ampliación y le autorizó 10 días contados a partir del 6 de marzo de 2018.
Los diputados no cumplieron y les llegó el ultimátum, o resolvían en definitiva lo que se les ordenó por el Tribunal de Circuito, o caían en desacato y en consecuencia todos los diputados corrían el riesgo de ser destituido, por eso el pasado 9 de mayo, por fin sacaron el dictamen, donde sin siquiera meter las manos fueron vapuleados otra vez.
Así se expidió un nuevo dictamen que deja sin efecto al decreto número 10 publicado en el Tomo 100, del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 14 de noviembre de 2015, número 64, página 2375.
En cumplimiento a la resolución recaída en el recurso de revisión 476/2016, referente al juicio de amparo 1029/2015-VI-OM se concede la pensión por jubilación móvil integral al C. Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 100% de las percepciones correspondientes a la categoría de magistrado propietario, que a juicio de la autoridad federal que resolvió el juicio de revisión descrito, es la categoría inmediata superior, a la de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer Partido Judicial, dependiente del Poder Judicial en el Estado, que aquél ocupaba.
Por eso está a punto de colapsar el Sistema Estatal de Pensiones, por estos elevadísimos sueldos de la alta burocracia, porque ¿sabe cuánto se llevará esta persona? Casi un millón y cuarto de pesos anualmente-
De acuerdo a la sentencia no solamente se le pagará la pensión que es de 102 mil 588.67 pesos, y anualmente la cantidad de un millón 231 mil 064.04 pesos, sino que deberá hacerse de manera retroactiva desde la fecha en que se le había concedido a Arturo Lean Martínez, su jubilación, es decir desde el 14 de noviembre de 2015.
¡Ah! y también se ordenó que se le pague por única vez la cantidad de 12 mil pesos “por concepto de fondo de retiro a jubilados, con lo incrementado a través de los subsecuentes convenios celebrados con el curso del tiempo a la fecha de la jubilación”.
Los diputados al momento de aprobar el dictamen, se hicieron los dignos, aún cuando fue culpa de ellos al no haber sabido defender al pueblo de Colima.
La presidenta de la legislatura, la diputada Juanita Andrés leyó un pronunciamiento a nombre del Congreso para decir que “el orden constitucional y legal del Estado Mexicano, constriñe a toda autoridad para acatar las determinaciones que emitan los tribunales del Poder Judicial de la Federación por tal motivo esta Soberanía se encuentra obligada en el caso concreto a conceder el debido cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado que antes se menciona”.
“No obstante es conveniente dejar constancia de que esta Legislatura no comparte en este caso, el criterio sustentado por la autoridad judicial federal, pero en observancia al régimen jurídico que nos impera, debe proceder a emitir los autos legislativos necesarios para dar vigencia al mandamiento judicial”, diría la legisladora
Los diputados de la fracción del Partido Acción Nacional, tratando zafarse y evadir su responsabilidad, dijeron que votarían a favor “en acatamiento de una orden judicial federal, misma que se desprende de un juicio de amparo, tal y como se establece en los antecedentes de este decreto, en cumplimiento a lo ordenado”.
Solamente el diputado Crispín Guerra, le añadió que “en acatamiento de una orden judicial federal, voto a favor, pero hoy me siento burlado como Diputado, es una vergüenza esas decisiones del Poder Judicial y están violando la libertad y democracia del trabajo legislativo”.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, dijo que muy a su pesar, votaría a favor, porque así lo señalaba “una orden judicial federal, misma que se desprende de un juicio de amparo, tal y como se establece en los antecedentes de este decreto, en cumplimiento a lo ordenado mi voto muy a pesar mío, ustedes saben todos, que todas las jubilaciones, me abstengo porque no tenemos los elementos, este es un acatamiento y a pesar, a pesar de mi conciencia de decir que no, acato la orden y a favor”.
Lo grave de todo este asunto es que ya se mostró el caminito a todos los que se vayan a jubilar y que pretendan hacerlo llevándose estratosféricas cantidades, al cabo lo harán a sabiendas de que en el Congreso del Estado hay muchos que cobran, pero nadie que realmente defienda a ese Poder de las erratas que con tanta frecuencia cometen los legisladores.
Habrá que preguntarle al Gobernador que siente que le hayan impuesto un magistrado que él no envió y que su flamante Comisionado Jurídico, ni por enterado se dio.
Para cerrar…
Viene AMLO a Manzanillo…
**Únicamente le comento que esta semana estará en Manzanillo Andrés Manuel López Obrador, seguramente el evento congregará a todos los y las candidatas de la coalición “Juntos Haremos Historia” que ya se sienten Senadores y senadoras, diputadas y diputados federales, diputados y diputadas locales y presidentes, síndicos y regidores, hombres y mujeres, porque aunque no han hecho campaña, salvo contadísimas excepciones, se la pasan diciendo en los cafés y en las redes sociales, que la deje debe votar por ellos, porque así lo ordenó “ya sabes quién”, y que les urge tener una foto con su mesías para ir a vendérsela a los electores..
Este lunes a las 9:30 horas, se hará el anuncio oficial de la visita en rueda de prensa, por Claudia Yáñez Centeno, quien es candidata a diputada federal “porque el CEN así lo dispuso, que yo era la mejor opción”, dijo en una entrevista, aunque haya reconocido que no conoce el proceso legislativo ni para derogar una ley, mucho menos su contenido.
Homenaje a Humberto Silva…
**Este lunes se están cumpliendo cuatro años del fallecimiento del licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, ex rector de la Universidad de Colima, ex legislador federal y local, ex funcionario estatal, hombre de gran influencia en el estado, que aportó mucho para el Colima que hoy tenemos.
A partir de las 9:00 horas, se rendirá un homenaje en memoria del licenciado Silva Ochoa, en la tumba donde reposan sus restos en el panteón municipal de Colima, donde sus amigos y familiares, acudirán a montar guardias de honor y depositar algunas coronas y arreglos florales. El evento está siendo organizado por la fundación Jorge Humberto Silva Ochoa, que encabeza Jorge silva, uno de los hijos de tan destacado colimense
Habrá sesión en el Congreso…
**Por otra parte déjeme comentarle que también este miércoles a partir de las 11:00, (hora del Congreso, dos horas más tarde), habrá sesión ordinaria de la Quincuagésimo Octava Legislatura; vamos a ver con qué sorpresa nos salen.
**Y antes de concluir déjeme decirle que “Desde la Curul 26”, abordaré en breve el tema donde la mayoría del Congreso “le regaló” una diputación a la fracción del PAN, violando la Constitución, la Ley Orgánica, su Reglamento y el Código Penal, a grado tal que una diputada en funciones, sin separarse del cargo, rindió protesta otra vez a ser diputada, pero bueno, ya se lo estaré platicando ampliamente… por hoy hasta aquí la dejamos.