Mayor Atención a Víctimas del Delito

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    La legisladora manifestó la necesidad de buscar el establecimiento de un programa eficaz de interposición y registro de quejas para que la policía pueda rendir cuentas de su actuación en los casos de violencia, ya sea de violencia familiar, hostigamiento sexual o violación, por mencionar algunos casos.
    “Consideramos además la creación de unidades especializadas de atención, con oficiales de policía capacitados para atender a las víctimas en los casos de este tipo de delito, de tal forma que sean capaces de aplicar el procedimiento de detección y técnicas de investigación que permitan la eficacia probatoria, evitando en todo momento la minimización o la degradación de la mujer, la actuación del personal exclusivamente necesario, así como el exceso de exposición innecesaria de la víctima”.
    La senadora Sosa Govea dijo que de lo anterior se desprende que es necesario:
    a) Se tomen las medidas respectivas para que se concretice la homologación de los derechos que tienen las víctimas de delitos y del abuso del poder en términos de lo que establece el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Principios de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.
    b) Se tomen las medidas respectivas a efecto de institucionalizar establecer la colaboración y coordinación de los tres órdenes de gobierno que garantice los derechos de las víctimas la cual necesariamente debe involucrar a las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen con víctimas, principalmente en las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, salud, educación y desarrollo social.
    c) Se diseñen y apliquen Diseñar programas institucionales multidisciplinarios de vinculación con organismos públicos y privados en todos los niveles de gobierno, que permitan ampliar el universo de atención, observancia y protección de los derechos de las víctimas y acciones de fomento, capacitación, prevención de la victimización, y el combate a las inadecuadas prácticas administrativas de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley.
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