Los estragos de Rigo

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Carlos García Lemus|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tras varias semanas de incertidumbre en la sociedad colimense por conocer el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la elección de gobernador del estado y luego de que se dio a conocer un ante-proyecto que desestimaba las pruebas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), e iba en el sentido de validar la elección y, por tanto, el triunfo de José Ignacio Peralta Sánchez, todo dio un vuelco a raíz de la desafortunada, por decir lo menos, intervención del secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Rigoberto Salazar Velasco, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.

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En la máxima tribuna del estado, el funcionario estatal aceptó que la voz que se escucha en la grabación presentada por el PAN, como prueba de la intervención del Gobierno del Estado para apoyar al candidato de la Coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, era suya y que en todo caso estaba actuando en ejercicio pleno de sus derechos como ciudadano.

Si en primera instancia los magistrados del TEPJF habían desestimado esa prueba, porque no se demostraba fehacientemente que era la voz del titular de la Sedescol, la confesión de este, a unas horas de que se presentara el dictamen, fue el elemento que cambió por completo el sentido, primero del dictamen y, luego de la votación de los magistrados.

Finalmente la votación fue 4 a favor y 2 en contra del dictamen que proponía anular la elección de gobernador de Colima e invalidar la decisión del Tribunal Electoral del Estado de otorgar la constancia de gobernador electo a José Ignacio Peralta Sánchez, ordenando además al Congreso del Estado a nombrar a un gobernador interino y pidiendo al Instituto Nacional Electoral (INE), que organice y haga nuevas elecciones para gobernador de Colima.

Así, en unas horas que tuvieron a los colimenses pegados a la radio o siguiendo la transmisión de la sesión del TEPJF por internet, finalmente los magistrados invalidaron la elección, según sus argumentos, por la indebida e ilegal intervención de funcionarios estatales.

El sustento legal es el artículo 59 de la Constitución, fracción V, que señala que el gobernador del estado no puede “intervenir para que las elecciones recaigan en determinada persona, ya sea por medio de sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo este motivo de la nulidad de la elección y causa de responsabilidad”.

Hay que recordar que en el año 2003, se anuló la elección que ganó Gustavo Vázquez Montes, por ese mismo motivo, aunque hay que señalar también que las circunstancias son muy diferentes, pues en aquella ocasión fue abierta y descarada la intervención del entonces mandatario estatal, Fernando Moreno Peña, a favor del abanderado priista, mientras que en esta ocasión, pareciera que cualquier intervención del gobierno estatal, fue para perjudicar a José Ignacio Peralta.

Foto de archivo
Foto de archivo

JORGE LUIS Y LA LISTA NOMINAL ELECTORAL

A pesar de que el PAN celebró por este resolutivo, pues el TEPJF le dio la razón y finalmente anuló la elección, su ex candidato a la gubernatura, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, no salió bien librado de todo este enredo, pues fue señalado por cuatro magistrados por el uso indebido y la alteración de la lista nominal de electores y de querer engañarlos.

El autor del dictamen, magistrado González Oropeza, señaló que Jorge Luis Preciado quiso desahogar el juicio en los medios de comunicación y además pretendió presionar a los integrantes del tribunal federal.

También acusó al PAN y su candidato de tratar de engañar al TEPJF sobre supuestas anomalías utilizando ciertos medios para demostrar lo que no podía demostrar.

Lo más grave para Jorge Luis, es que en el resolutivo del TEPJF se indica que se turnó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que investigue el presunto mal uso del listado nominal con el que el PAN falseó pruebas ante el TEPJF para acreditar, “con engaño”, que presuntamente habían votado muertos, personas ausentes o impedidos.

Habrá que esperar los alcances de esta investigación y si eso no será un impedimento para que Preciado Rodríguez sea el abanderado del PAN en la elección extraordinaria.

¿ACCIÓN CONCERTADA?

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Rigoberto Salazar Velasco no es un novato en política, ha sido presidente del Comité Directivo Estatal de su partido, diputado federal y diputado local, en una larga trayectoria partidista de más de 25 años, por lo que resulta difícil dar crédito a la hipótesis de que su confesión, ante el Congreso del Estado y a escasas horas de que se realizara la sesión del TEPJF, haya sido un yerro o una acción de carácter estrictamente personal.

Si bien no se puede especular que Rigo Salazar haya recibido la orden directa de alguien para salir a decir lo que dijo ante los diputados (en un evento que además no tenía nada que ver con esa declaración), lo cierto es que muchos priistas lo señalan desde la tarde del 22 de octubre como un traidor y como el responsable directo de que los magistrados del TEPJF hayan finalmente anulado la elección.

En pocas palabras,  Rigo Salazar le dio la llave a los panistas para que su impugnación prosperara, pues los magistrados dijeron que si bien en las primeras pruebas el PAN no había la certeza de que la voz en la grabación presentada era del titular de la Sedescol, ante la confesión de este el día 20 de octubre en el Congreso del Estado aceptando que sí era él, pues a ellos les quedaba clara la intervención del Gobierno del Estado en la elección y esa es una causal de anulación.

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El mismo José Ignacio Peralta Sánchez señaló en rueda de prensa la noche de ese 22 de octubre, que había perdido en el tribunal lo que ganó en las urnas. “La elección se anula por un hecho de un tercero que es ajeno completamente a mi persona y a la campaña política”, dijo Nacho Peralta, quien resaltó que su campaña fue limpia y en todo momento se apegó a la legalidad, por lo tanto todos los 119 mil 437 votos que se lograron el 7 de junio y que le dieron el triunfo electoral, fueron votos completamente limpios.

En eso coincidió el magistrado Manuel González Oropeza, autor del proyecto de sentencia de la anulación de la elección, quien señaló que “se sugiere la anulación de la elección, no porque esté viciado el proceso por sí mismo… no se tiene ninguna prueba de que los votos de los ciudadanos hayan sido mal habidos. Hubo un cómputo que demuestra que en la votación ganó el PRI. Sin embargo, la nulidad se da porque la injerencia viola el artículo 59 de la Constitución”.

Y en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI tienen la misma opinión, pues ya su presidente Manlio Fabio Beltrones, declaró que el PRI denunciará a Rigoberto Salazar Velasco por tumbar la elección de Colima.

Además de las declaraciones de Rigo Salazar, los magistrados del TEPJF también consideraron la intervención del Procurador General de Justicia del Estado, Marcos Santana, quien el 27 de abril, informó en rueda de prensa sobre la detención de tres brigadistas del PAN acusados de comprar votos y advirtió que ese delito iba ser perseguido por la dependencia a su cargo.

LO QUE VIENE

Ahora, ante la anulación de la elección, se esperan tiempos difíciles para Colima en materia de gobernabilidad y de estabilidad. Ya el PRI presentó la propuesta de una terna para elegir gobernador interino, lo que corresponde al Congreso del Estado.

La terna está integrada por el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, por el Notario Público Ramón Pérez Díaz y por el doctor José Rivas Guzmán.

Los panistas por su parte, han señalado en voz de su coordinadora Martha Sosa Govea, que muy probablemente presentarán sus propias propuestas y es aquí donde se presenta otro problema entre los diputados, pues los priistas, en voz de su coordinador, Federico Rangel Lozano, han dicho que el PAN no puede presentar una terna, que eso sería ilegal y violatorio al artículo 57 Constitucional el cual reproducimos aquí.

“Artículo 57.- Si por cualquier motivo la elección de Gobernador no estuviere hecha y publicada para el día primero de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no estuviere en posibilidad de tomar posesión de su cargo, cesará no obstante, en sus funciones, el Gobernador que esté desempeñando el puesto y el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el Gobernador que por cualquier motivo no pudiera tomar posesión del cargo, y convocará a elecciones, no debiendo exceder el interinato de dos meses”.

Los panistas argumentan, de nuevo en voz de Martha Sosa que “legalmente esto es posible y no se violaría el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Colima. Es que estamos partiendo de visiones diferentes. Hay que leer con cuidado el 57. La cuestión es que ellos (los legisladores del PRI), parten de un supuesto de que el gobernador por alguna circunstancia no pudiera ocupar el cargo, pero en estos momentos no tenemos gobernador electo. Al anularse la elección, el resolutivo segundo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó el cómputo, la constancia de gobernador electo y por lo tanto, no hay, legalmente hablando, un gobernador electo”.

Así es que el asunto podría entramparse en el congreso local, donde por cierto los panistas aprobaron otra reformar a la fracción I del artículo 204, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para ampliar el plazo para la designación del gobernador interino hasta el 31 de octubre.

Inmersos en pleitos partidistas, los legisladores no se ponen de acuerdo para la designación del gobernador interino y el tiempo apremia, pues quien sea nombrado por el Congreso del Estado deberá rendir protesta el próximo 1 de noviembre.

SOCIEDAD CONFUNDIDA Y ENFADADA

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Como señalamos al principio, habrá que ver hasta dónde llegan los daños causados por esta anulación, que los priistas achacan al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco.

Muchos colimenses han mostrado también su enfado por una nueva anulación de la elección de gobernador y se preguntan por qué seis magistrados del TEPJF no tomaron en cuenta y le dieron más valor al sufragio de casi 300 mil electores.

Hay que pensar también en el gasto millonario que esto conlleva, pues habrá nuevas campañas y un proceso electoral que será ahora responsabilidad del INE (mención aparte merece la pésima actuación de los integrantes del Instituto Electoral del Estado en este su primer proceso electoral).

Es asimismo lamentable para unos y para otros todo lo contrario, que una elección que se contó al menos dos veces, voto por voto, casilla por casilla, se venga abajo principalmente por la declaración de un funcionario que, hay que insistir, en nada benefició al candidato ganador y en cambio lo perjudica al grado de anular la elección.

Si van dos veces que en Colima se anula la elección de gobernador por ese artículo 59, es digno de analizarse, pues si bien es positivo que con él se busque inhibir y en su caso castigar a los gobernantes o funcionarios que intervengan en la elección a favor de un candidato, también es cierto, como parece en este caso, que el mandatario tiene en sus manos la forma de anular una elección, aún fingiendo apoyar a un candidato, cuando su objetivo sea precisamente el contrario, es decir, impedir a toda costa y, a cualquier costo social, político, económico y de gobernabilidad, el que alguien que no es de su agrado lo releve en el cargo.

Porque es un hecho que ni la declaración de Rigoberto Salazar, ni la actuación del Procurador General de Justicia del Estado, beneficiaron a José Ignacio Peralta, por el contrario, le robaron la gubernatura que le habían dado los colimenses en una contienda sumamente cerrada, y ahora dejan al estado en un momento de extrema dificultad política y de gobernabilidad, a la que por si algo faltara, se suman los graves problemas económicos que dejó el paso del huracán Patricia.