TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una ley que catalogue como delito grave que las dependencias federales no ejerzan los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos. Es una propuesta de reforma al artículo 64 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el subejercicio será sancionado, al revisar las faltas enumeradas en esa ley no hay ninguna que describa con precisión el subejercicio. A este motivo responde la propuesta para que sea sancionada la conducta de funcionarios, ya que es muy grave que por criterios torcidos sean afectados sectores y ciudadanos. Bien por esta iniciativa morenista que busca garantizar la dinámica del poder desde la aplicación correcta y puntual del presupuesto nacional.
De este modo, si un funcionario cae en el subejercicio se expondría a una pena administrativa y, al ser una conducta grave, podría ser castigado con la suspensión, destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal en el servicio público.
Los subejercicios afectan directamente la aplicación de los programas sociales y eso es intolerable en una democracia. Un funcionario que incumple deliberadamente las metas presupuestarias es un inepto que no debe estar en la administración pública haciendo daño con sus actos erróneos.
En los tiempos no tan lejanos del Prian, los recursos federales se usaban con sentido meramente político; si un gobernador le hacía malos gestos al de Los Pinos, se exponía a que su entidad no se viera beneficiada por los mismos. Si iba a haber elecciones, se subejercía el gasto y se promovía en los estados los meses previos a la jornada electoral para influir y beneficiar a los candidatos de los partidos. Y casi tenían que arrodillársele al presidente mandón para que les perdonara sus fallas políticas y volver a colocarse así en la esfera de su interés.
De igual modo, en ese uso discrecional de recursos, sucedía que los finales de año se soltaban recursos que habían estado guardados, y el régimen federal exigía entonces rapidez en su asignación y posterior ejecución. Había que gastar por gastar quizás porque de otra forma los recursos extraordinarios se cancelaban hasta para el año siguiente.
En la actualidad, hay una lucha política desigual por esos recursos. Fluyen los de los programas federales que representan dádivas y objetivos clientelares, pero escasean los que se destinan a infraestructura básica. El centralismo nos está asfixiando. Los alcaldes no se la andan acabando por estos días y claman al poderoso que se apiade de ellos para librarse del ridículo ante sus electores. Los más apurados son los que tienen cierto futuro.
Colima no es la excepción en esa regla que mide en forma distinta a las entidades según las afinidades políticas. El alcalde capitalino Leoncio Morán, que trae buena dinámica de trabajo, reclamó – a ver si no le sale el tiro por la culata y le dan un castigo adicional – al gobierno federal la liberación de recursos para obras en el municipio que gobierna, que tiene en el programa respectivo como las más urgentes el asfaltado de la ciudad.
Colima es una ciudad por la que transitan más de 250 mil autos diariamente, sus vialidades están destruidas. Es una ciudad que no nos merecemos. Morán se quejó diciendo que el año pasado presentó, ilusionado, un paquete de obras por más de 800 millones de pesos, que no fueron considerados en el presupuesto de egresos federal para este año.
“Se requiere más inversión pública y privada que genere mayores empleos y mejor pagados para que se reactive la actividad económica – que está en etapa de desaceleración – y haya mejores condiciones para todos” expuso Morán Sánchez. Y rotundamente, dijo: si no se quiere entregar recursos a municipios, pues que hagan obras sin que importe que las ejecute el gobierno federal”.
Pues sí, si no hay otro camino mas que ese, debe fluir el recurso federal. La parálisis debe terminar. De esa aplicación, como dice LMS, depende en gran parte el movimiento y la recuperación económica del municipio.
La iniciativa de Morena de castigar a funcionarios que no gasten el dinero programado y caigan en un subejercicio presupuestal suena bien, pero yo me pregunto que si el responsable es el propio secretario de Hacienda o el presidente de la república, ¿ promoverán los morenistas su destitución por violar la ley ? Es pregunta, no se enfade nadie.