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POR LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Por: Noé Guerra Pimentel

El pasado viernes 14 de octubre fue un día histórico no solo para la comunidad universitaria sino también para Colima y las próximas generaciones, el Congreso local apostó por la autonomía de nuestra máxima casa de estudios y, con ello, atajó en el aire y dejó sin efecto otra fallida intentona que a diferencia de aquí en otras latitudes de manera soterrada grupos hostiles patrocinados por la ultraderecha mexicana desde hará dos décadas vienen ejecutando con éxito, principalmente en escuelas superiores del centro del país, donde no solo se ha semiprivatizado el acceso de jóvenes a los mismos, sino que paulatinamente los han venido convirtiendo en ámbitos facciosos de adoctrinamiento político ajeno a la pluralidad académica y atentatorio de la libertad formativa de todo individuo.

Por eso y contra lo que aseguran sitios electrónicos como “perriodismo”, con su línea permanentemente antagónica a la actual rectoría universitaria encabezada por Eduardo Hernández Nava, espacio virtual surgido desde la asunción de éste a la máxima responsabilidad universitaria, se quedan cortos cuando en la nota de Oscar Adrián Luna, afirman que: “El Congreso del Estado desechó la propuesta de nueva Ley Orgánica de la Universidad de Colima que, entre otras cosas, contemplaba acotar el poder del Rector y debilitar al denominado Grupo Universidad (…) que desde hace casi cuatro décadas mantiene el control de la institución educativa”. Cuando el supuesto grupo dicho por quienes se reconoce como integrantes nunca existió y si así fue ya no existe, naturalmente imposible a cuatro décadas, como lo afirma; pero no, esto no era tan simple, iba más allá y es el apetito voraz de quienes desde fuera y desde la oscuridad y viendo aquí la oportunidad con una mayoría del PAN actuaron rápido en su afán por hacerse del control universitario, y no me refiero a los presuntos disidentes, en detrimento de la educación pública, la libertad de cátedra y la autonomía interna de las decisiones que solo competen a los universitarios.

Tiene razón la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones que por conducto del diputado Federico Rangel Lozano valoró que la iniciativa presentada el 24 de mayo del año pasado, suscrita por el ciudadano Salvador González Villa pues la misma evidentemente no cumplía con las formalidades relativas a una iniciativa popular, pues no fue suscrita por cuando menos por el 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del Estado, como lo establece la ley en la materia, por lo que sin más desechó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, sobre lo que el legislador de manera certera acotó que “Una propuesta de Ley Orgánica debe de responder a la necesidad de resolver una carencia o problemática determinada, la propuesta surge no para resolver un grave problema universitario que por lo demás es inexistente”, salvo para los disidentes, agregaría yo.

El mismo diputado Federico Rangel, tal y como lo cita en su portal el noticiero radiofónico Ángel Guardián: “también dijo que el Consejo Universitario de la referida casa de estudios es la autoridad competente para proponer reformas a la Ley Orgánica de la propia institución. Explicó que en opinión de esa Comisión no existe en el documento que se analiza un estudio previo de política legislativa que motive y sustente la necesidad de que el Congreso expida una nueva Ley Orgánica” para la Universidad de Colima. En el documento de la resolución se señala, entre otras cosas, que en la propuesta del catedrático se advierten intereses particulares y de grupo, y se incurre en expresiones inexactas y falsas, puesto que no demostró dicha propuesta normativa que tuviera el consenso generalizado de la comunidad universitaria, como afirmó contar el documento. En la iniciativa mencionada, sin explicación ni justificación alguna, se formula la creación de nuevos órganos de autoridad, se recurre a procesos internos de decisión aparentemente democratizadores, que en realidad supondrían la creación desordenada y disfuncional de burocráticas estructuras de mando y de gravosos procedimientos”, refiere el documento. Por todo lo anteriormente analizado en la presente consideración, se puede afirmar con toda convicción que esta propuesta profusa y ampliamente analizada no significa un avance, al contrario, constituye un riesgo para la autonomía, la estabilidad y el desarrollo de la vida académica de nuestra máxima casa de estudios.”

De esta manera nuevamente quedó conjurada otra propuesta que sumada a la anterior, presentada por el PRD en 2014 y desechada por mayoría en agosto de ese mismo año, ahora con el cobijo del GPPAN trataron de meterla como iniciativa popular, en ambos caos buscando violentar una figura que en lo sucesivo deberá salvaguardarse con mayor celo, la de su Autonomía, baste recordar que con fundamento en la fracción VII del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1962, se le dio vigencia a través de su primera Ley Orgánica y que el 22 de noviembre de 1980, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la misma Universidad de Colima. En este sentido han resultado improcedentes las consecutivas propuestas de reforma que, casualmente, no han emanado de los universitarios en pleno sino de grupos disidentes internos, como es lógico.

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