EXCÉLSIOR

Ciudad de México, 31 de julio.- A pesar de promesas en contrario y exigencias de los legisladores, la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin mediar información o reporte al Congreso como se lo había pedido, ya adjudicó dos de los tres contratos por 160 mil equipos de cómputo a la empresa Synnex de México y, paradójicamente, ahora está esperando que en los restantes 80 mil, la firma Videonet le entregue las fianzas que garanticen el cumplimiento de este compromiso presidencial con los alumnos de primaria, en este proyecto piloto, de Tabasco, Sonora y Colima.

Precisamente porque el consorcio ganador no entregó las señaladas fianzas fue que el mismo Emilio Chuayffet, titular de la SEP, el 13 de julio pasado, procedió a rescindirle el convenio que permitiría surtir estas laptops para noviembre próximo.

Y como en este asunto danzan casi 770 millones de pesos en los tres tramos de la operación, más la eventual inhabilitación por un mínimo de tres años, las representaciones legales de las firmas originalmente triunfantes, de entrada, interpondrán un juicio de nulidad a esa rescisión que califican de injusta y contraria a derecho.

Expertos y académicos consultados por este diario cuestionaron el escaso tacto con el que la Secretaría de Educación llevó a cabo la licitación y cómo, fuera del marco legal, se divulgaron informes en los medios que exacerbaron el nerviosismo en los mercados, como el caso del afianzador. No descartan hipótesis en el sentido de que fuertes intereses hayan descarrilado al primer lugar del concurso con el aval de funcionarios públicos metidos en el proceso.

Mientras tanto, todo indica que el proceso de entrega de estos equipos informáticos se retrasará una vez más, ahora sin una fecha determinada, en detrimento de los educandos y de todo el programa, el cual pretende distribuir más de cinco millones de computadoras portátiles a los estudiantes de educación básica el año entrante en todo el país.

El pasado miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le solicitó “respetuosamente” a la máxima autoridad educativa que aportara “los criterios de selección en comparación con las propuestas de los demás concursantes, así como el cambio de proveedores” en un punto de acuerdo.

Al buscar la explicación de la SEP, un vocero de la dependencia,off the record, adujo que no habría información oficial de la parte en la que se encontraba este asunto y mientras “el proceso administrativo continúa”. Por el momento, “la Secretaría no tiene comentario”, expuso.

A pesar de los señalamientos y exhortos de la Permanente, así como de la Comisión Especial de la Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, en el sentido de esclarecer —mediante un informe pormenorizado— las presuntas irregularidades en el proceso que hicieron que Chuayffet tomara la determinación de rescindir el contrato a las firmas triunfantes del concurso respectivo, éstos fueron ignorados.

Las firmas que se llevaron el concurso de licitación, cuyo fallo oficial fue divulgado el pasado 31 de mayo —Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca— han iniciado demandas legales para resarcir el daño que, aseguran, les fue infringido por lo que, arguyen, fue una “acción orquestada” por algunos de los actores involucrados no sólo para impedirles cumplir los requisitos estipulados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, sino para inhabilitarlos al menos durante tres años para participar en nuevas licitaciones a futuro.

La problemática de este programa piloto ha causado escozor en el ámbito legislativo.

En entrevista con Excélsior, el diputado panista Juan Pablo Adame, responsable de la Comisión Especial de la Agenda Digital, llama la atención al hecho de que en el eventual caso de que se entreguen, aunque tarde, esas computadoras a los educandos, no contarán, por ejemplo, con un seguro contra robos, situación que pone en duda la seguridad de los equipos correspondientes por mucho que se esgrima que tendrán un color característico o un programa electrónico para inutilizarlas en caso de hurto.

Pero además, “¿cuándo van a recibir nuestros niños esas computadoras? ¿Las van a recibir? ¿Será en este periodo del semestre o en este año que está por concluir? Hoy, la propia SEP se queda atrasada en la entrega de las computadoras”, resalta el legislador de Acción Nacional.

Esta dependencia, alerta Adame Alemán, solicitará en diciembre entrante más presupuesto para poder entregar estos equipos a otras entidades el año próximo, pero si la entrega de las primeras computadoras será en noviembre —en el mejor de los casos— “justo en ese mes estaremos votando el presupuesto los diputados federales y sería muy irresponsable de la SEP pedir más dinero para estos efectos si todavía no tenemos los indicadores que nos puedan medir el éxito o no de este programa”, advierte el diputado blanquiazul.

También integrante de esta Comisión y de la de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara baja, el perredista Fernando Belaunzarán le ha pedido una y otra vez al secretario Chuayffet esclarecer en forma didáctica “si hubo una presión ilegítima para que desarroparan a quien ganó. Y (si hubo) una especie de conspiración para quitar al primer lugar. Esas dudas están y lo que se tiene que hacer es aclararlas. Está ya la denuncia de que hubo presiones para que las afianzadoras no les dieran los recursos comprometidos”, le hace ver al funcionario.

Antonio Ibarra, abogado de las tres empresas ganadoras, indica que dentro del juicio de nulidad contra las decisiones de la SEP se expondrá, por ejemplo, que el cambio legal de proveedor de laslaptops —de una empresa china a otra—, que se filtró por parte de una de las empresas concursantes, Synnex, y se difundió por la misma dependencia, provocó fuertes problemas en el interior del mercado afianzador.

Eso generó ruido, contaminación hacia las afianzadoras que desafortunadamente no sintieron que el contrato, efectivamente, se iba a suscribir por parte nuestra, y en esa medida nos ocasionó el que no estuviéramos en condiciones de dar cumplimiento a los requerimientos por parte de las afianzadoras y poder obtener la misma”, observó el especialista legal.

Excélsior buscó a los representantes de Synnex de México para que expusieran la versión de lo que ha ocurrido, particularmente de su participación en el proceso licitador y en lo que ha decantado, pero esgrimieron tener una agenda “muy llena” que impedía conocer su opinión.

 

Los equipos son sólo un apoyo

La subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez, aseveró que las laptops que le serán entregadas a niños de quinto y sexto grados, no sustituyen a los libros de texto.

Si bien es cierto que en la actualidad “no basta el libro”, las 240 mil computadoras portátiles que se pretende entregar a los alumnos de esos dos grados en Colima, Tabasco y Sonora “se sumarán a los textos”, como una herramienta más para mejorar los aprendizajes de los niños.

Ese equipo tecnológico no viene a sustituir ni a los libros de texto gratuito, ni a las bibliotecas de aula, ni a las bibliotecas de escuela, se suma como una herramienta más que debe permitirnos mejorar resultados de aprendizaje”, apuntó.

Durante su participación en el banderazo para distribuir los últimos 602 mil libros de texto que faltan, la subsecretaria presumió que las laptops se integrarán a la formación de los alumno como material de apoyo para su aprovechamiento académico, ya que tampoco representan una “solución mágica”. La SEP incluirá laptops como herramientas de aprendizaje.