TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Como leemos o escuchamos diariamente tantas noticias, quizás tardaremos en valorar el anuncio de que viajar por la autopista y pasar por la famosa caseta de Cuyutlán ya no costará a los automovilistas de Colima 130 pesos que se cobran y que representa una tarifa altísima para el poco kilometraje de ahí hasta al puerto, sino que ahora los usuarios pagarán solo 45 pesos. La reducción es de 85 pesos no es despreciable, pero seguro que las autoridades respectivas continuarán insistiendo en su quita definitiva.
Este asunto ha sido un verdadero problema pues a lo largo de varios meses miles de colimenses protestaron porque el cobro por el uso carretero era desproporcionado e injusto y además porque financia aún erróneamente infraestructuras similares en otros estados. Quedó claro que el costo de la autopista ya se cubrió tras los varios años que lleva de operación.
El lunes pasado, fuentes oficiales confirmaron que el gobernador Ignacio Peralta entre varias de sus gestiones para resolver ese tema, insistió ante el secretario de Gobernación en la revocación de la caseta de cobro. Sin embargo, considérese que es fin de sexenio y que todo mundo en las oficinas gubernamentales hace maletas o se dispone a incorporarse al nuevo régimen y que por lo tanto la atención disminuye sobre la resolución de esos asuntos urgentes. Pero seguro que Ignacio volverá a la carga entrando el año para lograr el retiro definitivo de la caseta pues reiteró que debe eliminarse.
Pero ha sido la diputada federal Indira Vizcaíno Silva la que le puso el cascabel al gato y prosperó en sus gestiones ante la concesionaria para colgarse su primera medalla y lograr un beneficio real para cientos o miles de colimenses que transitan a Manzanillo por recreación, negocios o trabajo y viajan por la autopista para llegar más pronto y correr menos peligro ante la circulación masiva de trailers ( normales y de doble remolque), que son una amenaza verdadera.
Indira explicó que por su parte habrá más gestiones para logar el retiro definitivo de la caseta mediante las vías jurídica y política, y reafirmó que tanto el presidente electo Amlo y el próximo secretario de SCT, Javier Jiménez Espriú, se comprometieron a revisar contratos y concesiones otorgados por el gobierno federal respecto a la construcción y concesión de carreteras.
Lo evidente es la acción reivindicativa de Indira, que está iniciando con paso firme su nuevo recorrido político. Andrés Manuel está mandado un mensaje preciso en el sentido de que los asuntos en los que sea parte el gobierno federal, tendrán que pasar por las manos de la siguiente delegada de programas integrales de desarrollo. Hasta este momento, se ignora si Amlo metió las manos ante la concesionaria y la intimidó de algún modo como lo hizo a una empresa minera su próximo secretario de SCT, pero jure usted que así ha de haber ocurrido para darle un espaldarazo fuerte a su representante en Colima.
A la mayoría de colimenses lo que les importa es que las autoridades y representantes se dediquen a trabajar generando el bien. Porque muy mal aspecto dan, de veras, los políticos, cuando solo viven destrozándose unos a otros en la lucha por huesos más carnudos y se olvidan que fueron electos o nombrados para servir. O cuando se la pasan sacándose fotos que hacen publicar en las redes diciendo mil cosas o colgándose del trabajo de otros en un eterno bla, bla,bla, mientras los problemas persisten.
Esta resolución, que ojalá sea temporal y de paso a una definitiva en unos meses más, llega en buen momento para los colimenses. Indica que fructificó el movimiento de protesta contra la caseta de cobro, que la reducción de la cuota significará un apoyo a la economía de muchas familias, que se extiende el nivel de seguridad y protección a los viajeros por la autopista, que aparece la justicia porque se avanza en acabar con el agobio social de pagar mucho por un derecho constitucional de transitar por donde los mexicanos quieran. Y de pilón, considérese fructífera que la lucha por quitar la caseta no es solo contra los intereses de una empresa, sino de toda una estructura de poder enraizada en los sótanos de la burocracia mexicana más intensa.
Bien por la gestión de la diputada federal Indira Vizcaíno, quien se solidariza con la población contra el abuso de una empresa que recuperó desde hace muchos años lo que invirtió en la construcción de la autopista y que por el maridaje existente con sectores del gobierno central ha continuado abusando. Situación que debe terminar muy pronto si los gestores como Indira no quitan el dedo del renglón.