LA DESPROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

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Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

La Real Academia Español (RAE) establece las siguientes acepciones para el término profesional: que ejerce una profesión; que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive; y, dicho de una persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes. Así pues, al unir las tres acepciones establecidas por la RAE, es posible definir a un profesional como alguien que practica de manera competente una profesión, la cual le da las posibilidades de solventar sus necesidades para vivir dignamente. Para Jurjo Torres (1998), la profesionalización de los docentes pasa ineludiblemente por tres acciones: “a) Incrementar el status social y económico del profesorado. b) Establecer una formación inicial del profesorado de calidad. c) Crear y potenciar la formación continuada del profesorado ya en ejercicio” (p. 177). Al considerar estas condiciones, la profesionalización del magisterio queda entredicho.

En relación al status social y económico, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su publicación Panorama de la Educación 2016. Indicadores de la OCDE (OCDE, 2016), los docentes mexicanos son de los que más trabajan a cambio de tener de los sueldos más bajos dentro de la organización que agrupa a 35 países. Mientras el promedio de ingresos anuales de profesores de los Estados de la OCDE, en 2014, fue de 42,675 dólares, los docentes mexicanos apenas superaron la mitad de estos ingresos: 28,262 dólares. El salario de los maestros mexicanos se abarata aún más al considerar que ocupan las primeras posiciones en cuanto a horas de trabajo anuales, 800en promedio por 788 horas como media de los países miembros de la organización. El ingreso de los maestros mexicanos pierde aún más su valor al tener en cuenta que, en promedio, a cada docente le toca atender a 28 alumnos, es decir, casi el doble de los que atienden el resto de los profesores de la OCDE (15). Así pues, los maestros mexicanos, en relación con los otros países de la organización, son los que pasan más tiempo en las aulas, con los grupos de alumnos más grandes, a cambio de los salarios más bajos.

El declive económico de los docentes mexicanos se ve reflejado en los raquíticos incrementos salariales conseguidos en los últimos años por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  Año con año el incremento salarial va perdiendo fuerza, al grado que, para 2017, el aumento logrado (3.08%) ni siquiera alcanza para hacer frente a la inflación de los precios de los productos y servicios en México. La evolución del aumento salarial a los profesores no deja duda de que sus condiciones económicas van en un descenso sostenido: de haber tenido un aumento del 4.9% en 2009 y 3.5% en 2014, se llegó a un miserable 3.08% en el presente año. Tales cifras, junto con las proporcionadas por la OCDE, demuestran que uno de los aspectos indispensables para la profesionalización del magisterio (el económico), ha experimentado un deterioro realmente considerable. Las tendencias observadas en la evolución del incremento salarial de los maestros hacen suponer que cada vez será menor el provecho económico de esta profesión.

Jurjo Torres señala, como segunda condición para la profesionalización del docente, una formación inicial de calidad. Las Escuelas Normales, instituciones centenarias en la formación magisterial, han sufrido golpes sin precedentes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, vislumbrando una posible reducción o incluso desaparición de este tipo de centros escolares: según el Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), en tan solo cuatro años de su administración (2012-2016) ha aniquilado a más de una cuarta parte de la matrícula normalista (37,259 estudiantes, es decir, 28.5%). La condición laboral de los profesores normalistas es uno de los componentes esenciales para que en este tipo de escuelas se ofrezca una formación de calidad. Al analizar la forma de contratación de los maestros, se advierte que durante el ciclo escolar 2016-2017, sólo el 58.9% se encontraba basificado. La basificación no sólo repercute en la estabilidad laboral sino que es requisito para participar en los procesos de homologación, los cuales permiten al docente ver incrementadas sus percepciones a partir de su desempeño y formación. Así pues, cuatro de cada diez profesores normalistas no tienen opciones de superación laboral y económica, aunado a la carencia de prestaciones. Sin soslayar las áreas de oportunidad de las plantillas docentes normalistas,  es de suponer que este tipo de situaciones tienen un impacto negativo en la calidad del servicio que se ofrece en estas instituciones. Considerando el panorama de maestros y alumnos, es posible advertir un panorama complicado en cuanto a la formación docente inicial.

En relación a la última de las condiciones propuestas por Jurjo Torres para la profesionalización docente, la formación continua, hay una perspectiva desalentadora. En el estudio Los docentes en México. Informe 2015 (INEE, 2015) es posible advertir una crisis severa en la formación continua que se ofrece a los profesores. En el año 2013, el presupuesto otorgado al Sistema Nacional de Formación Continua se tradujo en un raquítico promedio de 363.91 pesos para las actividades formativas de cada docente de Educación Básica. Tal falta de voluntad de las autoridades para asignar recursos a este Sistema es un reflejo del poco interés por contar con cuerpos de docentes mejor preparados. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en suma, reconoce las “desfavorables condiciones materiales y de infraestructura, servicios y recursos humanos para los dispositivos de formación” (2015, p.119) de los docentes.

Un caso muy ilustrativo de la trágica formación continua es el de los Centros de Maestros, instituciones especializadas en la actualización y la capacitación de los docentes. El estudio referido en el párrafo anterior hace alusión a que, producto del escaso presupuesto del Sistema Nacional de Formación Continua, se detectó que “en promedio, cada centro atendía a 267 escuelas (…), y para hacerlo, 83% del conjunto total contaban con un equipo conformado por no más de diez personas” (INEE, p.117).  Con esta carga inhumana a la que son sometidos los Centros de Maestros, no es difícil imaginar la calidad de formación que se ofrece a los centros escolares y docentes a su cargo.

Las deficiencias en la formación continua se manifiestan también en el programa de tutoría destinado a dar acompañamiento a los docentes de nuevo ingreso. En el documento La Educación Obligatoria en México. Informe 2017 (INEE, 2017), se dejan entrever fallas serias en los procesos de tutoría a los maestros de nuevo ingreso, tales como una tasa baja de respuesta para desempeñar la tutoría (¿motivada por aspectos económicos?); dificultades para establecer comunicación entre tutores y tutorados; o necesidades formativas y de acompañamiento no cubiertas por los propios tutores. Asimismo, se advierte una posible simulación de los procesos de tutoría, pues casi la mitad de los tutorados (44.6%) del ciclo escolar 2015-2016 no tuvo al menos una sesión de tutoría, mientras que ni siquiera un tercio de los tutores del ciclo escolar 2014-2015 recibieron incentivos económicos por haber desempeñado su función. El documento referido se deja entrever una posible improvisación para la realización de las tutorías: carencia de condiciones institucionales mínimas y la falta de definición de procesos fundamentales y facultades de los actores.

Así pues, considerando lo expuesto en líneas anteriores, es evidente que la Reforma Educativa concretada en 2013 fue la cereza del pastel de un proceso largo que derivó en hacer de la docencia un empleo prácticamente desechable, en desvalorar la figura del profesor, situaciones que sin duda sufrirán en mayor medida las futuras generaciones de maestros.  Aún sin contar con una retribución económica adecuada para su función y careciendo de opciones de formación inicial y continua adecuadas, los maestros pueden ser despedidos, al menos cada cuatro años, “sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa”, tal como se establece repetidamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Considerando los factores económico y formativo (inicial y continuo) propuestos por Jurjo Torres, es evidente que el magisterio enfrenta un retroceso en su profesionalización, perpetuado por el gobierno en complicidad con otros actores, incluso algunos que se supone deberían impedir esta situación.

 

Twitter: @proferoger85

*Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

 

REFERENCIAS

INEE. La Educación Obligatoria en México. Informe 2017. México: INEE, 2017.

OCDE. Panorama de la Educación 2016. Indicadores de la OCDE. Madrid: Santillana, 2016.

SEP. Sistema de Información Básica de la Educación Normal. (Disponible en: www.siben.sep.gob.mx).

TORRES, Jurjo. El curriculum oculto. Madrid: Morata, 1998.