“La Denuncia como responsabilidad social del profesional de la Psicología” 8 razones ha considerar

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Por: Guillermo Ramírez Zavala

Actualmente nos invade en nuestras vidas un panorama de desconfianza social e institucional que influyen en nuestra toma de decisiones, algunos elementos de esta desconfianza son la falta de credibilidad institucional resultado de las múltiples situaciones de corrupción existentes por estas, sobre todo por las instituciones adheridas al poder judicial, otro elemento que suma a la desconfianza que hago referencia es la escasa Cultura de la Legalidad que como ciudadanía y profesionales hemos construido, así mismo un factor importante son los procesos burocráticos y re-victimizantes del procedimiento legal que llevan a generar una postura de indiferencia ante los fenómenos de la violencia y su denuncia, a partir de lo ya escrito muchas veces como profesionales de la psicología nos alejamos del área jurídica porque nos podría parecer de manera generalizada como sesgada, punitiva y corrupta, pero esto muchas veces es debido a un vicio que oscila en ambas ciencias cuando se desconocen e ignoran la funciones para las que fueron creadas, diferentes mitos pero con la misma finalidad que es la desacreditación de funciones impera en el Derecho hacia la psicología.

Sin embargo hay momentos donde ambas disciplinas buscan hacer un frente común y eso es en hacer alto a la violencia y específicamente la violencia contra la infancia, para esto la denuncia es una herramienta que funciona como un reflector para evitar el aumento de la cifra negra de víctimas de violencia y generar un registro de un acontecimiento que está presente y que al ser visibilizado obliga a quien corresponde preverlo, sancionarlo y tratarlo.

La relevancia de este tema permite la construcción de diferentes posturas sobre la manera de intervenir por el profesional de la psicología, posturas que por un lado buscan solo la intervención clínica, apostando a la solución de la violencia solo si se trabaja con recuperar la relación del sistema familiar, por otro lado se problematiza al infante atendiendo de manera individual su situación y por último esta la promoción de la denuncia ante los hechos de violencia.

A partir de esta última postura reflexiono si la promoción de la denuncia ¿es responsabilidad social de las y los profesionales en psicología?, o la motivación de denunciar un hecho violento nace ¿por una decisión moral? o ¿será por una decisión ética? o ¿jurídicamente obligatoria? Así mismo ¿existe una sanción jurídica para quien no denuncie la violencia hacia la infancia?

Entre todo lo anterior y para ejemplificar consideremos un panorama donde los padres son generadores de un contexto de violencia, que limitan un pleno desarrollo de la infancia, la psicóloga y el psicólogo ¿que deberían hacer? ¿consultar primero a los padres sobre la problemática y sus implicaciones? respetando su derecho a la información o ¿impera el interés superior del niño a través de su derecho al acceso de la justicia y a una vida libre de violencia? denunciar lo ocurrido, con la finalidad de activar las medidas necesarias en el resguardo integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la decisión final sería resultado de un análisis ponderativo de los derechos de ambas partes, pero para hacer este análisis ponderativo de derechos, ¿el Psicólogo que razones previas debería conocer para entender la importancia de la denuncia?, a continuación  expongo 8 razones a considerar por que se debería denunciar.

La primera razón por la que  podemos exigir de quienes se conforman como profesionales  de la psicología, la obligación de denunciar, es por el aspecto ético del cual se rige el psicólogo. Parte de este aspecto se encuentra en el DECRETO DE TARASOFF el que surge en 1976 por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos donde se determina la obligación de advertir y proteger a una posible víctima.

Una segunda razón es que  una de las 6 estrategias del programa “ENDVIOLENCE” de UNICEF convoca a que los miembros de los estados que se comprometieron con el programa alienten a los niños a buscar apoyo profesional y a que se denuncien los actos de violencia sobre estos.

La tercera razón se debe a que parte de las funciones del psicólogo jurídico dentro del Estado del Arte de la Materia que nos ocupa según el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid es: “…contribuir a mejorar la situación de la víctima…” esto implica como lo menciona uno de los exponentes actuales de la psicología jurídica, J. Urra, que entre una de las tantas obligaciones deontológicas del Psicólogo en esta área es que si se tiene del conocimiento de un delito se le obliga a denunciarlo.

Las anteriores son algunos argumentos internacionales que buscan homologar buenas prácticas basadas en evidencias. De la misma manera presento a continuación a nivel Nacional algunos puntos que promueven la denuncia e incitan al profesional de la salud mental a sumarse en esta labor.

Cuarta.- En el Código Nacional de Procedimientos Penales en su Artículo 222 sobre el Deber de denunciar, menciona que es obligatorio denunciar una situación que se considere constitutiva de delito ante el Ministerio Público para lo cual el negarse consistiría en ser acreedores de sanciones correspondientes.

Quinta.- Es de considerar que uno de los principios rectores de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes es el acceso a una vida libre de violencia, dentro de esta misma Ley su Artículo 46 refiere lo anterior y hace énfasis también en el resguardo de la integridad personal de los antes mencionados, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, lo ya expuesto es una labor de la ciudadanía al ser miembros de un Estado Democrático de Derecho.

Sexta.-Lo anterior nos lleva considerar que los Derechos Humanos no son negociables y menos los de las niñas, niños y adolescentes, la única obligación que se hace referencia sobre “obligaciones” es la que tienen las personas adultas y los Estados en garantizar el pleno ejercicio de los derechos (de manera integral), esta consideración que me encamina a la séptima razón de la responsabilidad social que tenemos al denunciar.

Séptima- La Violencia es de carácter pública, y por lo tanto de interés social, es algo que nos afecta e importa como sociedad,  los delitos que son de interés público se persiguen de oficio aunque a la víctima directa no le de interés; la sociedad como tal si le interesa y por lo tanto no depende de un individuo que se investigue.

Octava.-Por lo anterior hemos de considerar que las NNA, son un grupo vulnerable y su situación se agrava conforme su edad y no porque sean inferiores o con falta de capacidad, pero sus necesidades biopsicosociales limitaran la manera que dimensionan la problemática en la que están viviendo, por lo tanto será obligación de cualquier otra persona generar los espacios u oportunidades para que la NNA tenga acceso a la justicia y este pueda ejercer sus derechos de manera integral.

Todo lo anterior ha sido resultado de una inquietud al conocer el artículo de Bárbara Straccali “Dilemas éticos en la psicología forense” donde se menciona que de cada 10 psicólogos, 9 de los especialistas en infancia que ejercen de manera privada o se encuentran como servidores públicos no utilizan alternativas para que las NNA tengan acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia.

Las razones más reiteradas que aludieron los profesionales para explicar la “no denuncia” fueron las siguientes:

1- No es competencia de la psicología

2- Por desconocimiento.

3- Temo ser cómplice de la re victimización del niño, niña, y adolescente, ya que no confío en el accionar del Sistema de Justicia.

4- Recomiendo la denuncia a algún adulto del entorno del paciente, y ya es su responsabilidad.

5- Por miedo a represalias.

Esta reflexión es un parteaguas para más adelante hablar sobre los beneficios psicosociales de la denuncia, la promoción de la denuncia dará como resultado romper acciones que sigan in-visibilizando, callando y omitiendo la violencia ya que creo que toda teoría psicológica se vuelve obsoleta cuando no se armoniza con un Estado Democrático de Derecho.