TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Con razón justificada surgió un gran enojo social los últimos días en varios sectores de Colima con motivo de la aprobación por el congreso local de algunas jubilaciones que por su monto son notoriamente ofensivas para la población en general y para extrabajadores de la burocracia estatal que al retirarse obtuvieron pensiones conforme a la ley. Se violó un tope establecido con criterios dizque de igualdad que al final resultó de risa loca pues solo aplica para quienes no tienen padrinos poderosos. Entonces, recuerdo palabras sabias de Facundo Cabral: no dejes que tu vida la resuelva el estado porque te da menos de lo que te ha quitado.
Nadie en sano juicio discute el derecho que todo trabajador tiene, tras cumplir ciertos años de servicio, de obtener una jubilación justa que compense el esfuerzo realizado a lo largo de su vida. Nadie podría mostrar disgusto si, además, quienes gozan de esa prestación se distinguieron por sus cualidades y se dedicaron íntegramente a servir y no a servirse a sí mismos, a vivir en la justa medianía conforme al ideal juarista. El colmo de los colmos ha sido la aplicación de medidas distintas, discriminatorias para fijar las pensiones. Excelsas para algunos y restrictivas para otros, los no sindicalizados. Todo eso con la intervención de un congreso en el que algunos de sus integrantes son juez y parte y que lejos están de ser representantes modelo. Si yo fuera uno de ellos, no saldría ni a la calle.
Recuerdo en este instante también cómo se aplican criterios legales en contra de trabajadores de confianza que reciben un trato separatista por parte de autoridades para las que hay empleados de primera y de segunda clase. Entiendo que hay un principio general de derecho que estipula la igualdad de toda persona ante la ley. Letra muerta, por lo visto.
Por ello, le asiste la razón al dirigente sindical Martín Flores que se manifestó contra la autorización del congreso de jubilaciones por encima de la ley “que provocan un agravio a la sociedad y afectación a las finanzas del estado”. Recordó Martín que la ley establece un tope a las pensiones y jubilaciones de 16 unidades de salarios mínimos, sin embargo “el Ejecutivo ha enviado iniciativas con un tope de de 38 mil 600 pesos con derechos a incrementos y algunas prestaciones”. Confió en que el congreso estatal venidero “pueda revertir las jubilaciones recientes, lo que también podría hacer el ejecutivo estatal al no publicarse aún el decreto respectivo.” Aquí se muestra ingenuo Martín.
Serán peras o manzanas, pero la advertencia del líder sindical no debe echarse en saco roto en cuanto afirma que puede haber “afectación” a las finanzas por los casos aludidos y aún por todas aquellas jubilaciones que han rebasado los topes legales y las que podrían autorizarse en el futuro con los mismos criterios. Pobres finanzas, no aguantarán mucho.
Es evidente, por otro lado, que el fenómeno pensionario debe estudiarse a fondo y que la nueva ley que lo tutelará tendrá que valorar los intereses del sinnúmero de partes interesadas en la creación de ese orden nuevo, cuidando la viabilidad de las finanzas destinadas al pago de pensiones y jubilaciones. Ha de garantizarse para los años siguientes, bajo un sistema de equilibrio financiero, que los fondos fijados sean manejados responsablemente a fin de que produzcan dividendos que permitan hacer frente a las obligaciones crecientes por esos conceptos.
Por otra parte, es menester que el Estado introduzca y haga valer en la nueva ley de pensiones criterios de justicia y equidad. No puede dar un trato discriminatorio a ningún trabajador por el solo hecho de que no es sindicalizado. Los que tienen esta condición y los de confianza sirvieron a los gobiernos con eficacia en términos generales. Muchos, entre los de confianza y los sindicalizados, terminaron su labor con enfermedades producto, seguro es, del apuro diario en el cumplimiento del deber, de grandes cargas de stress por enfrentar problemas. Algunos – de los de confianza- terminaron quizás alejados de sus familias por cumplir deberes y no otorgaron la atención debida a sus más cercanos. Se sacrificaron, pues. Todo esto debe valorarse. Todos los trabajadores son iguales, el Estado no debe generar víctimas entre quienes le sirven. Los que toman decisiones han de tener en cuenta esto que escribo. Deben tener sensibilidad para comprenderlo. Los trabajadores son personas con derechos.
Y si son personas, pues tienen derechos insustituibles. Partiendo de ello, deben tener acceso a pensiones y jubilaciones en los mismos términos en que los tiene cualquiera otro trabajador y con goce en los incrementos de ley. Todos parejos. Es mi deseo que haya cabeza, corazón y carácter de funcionarios y congresistas en estos trámites para que todo transcurra por el sendero de la justicia. ¿A poco pido mucho?