Irregularidades de exdiputados tienen 3 años para prescribir: Fracción del PAN

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Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tres integrantes de la fracción panista del congreso del estado dieron a conocer que las irregularidades que cometieron 8 exdiputados de la pasada legislatura tienen tres años para prescribir.

En rueda de prensa, Luis Ladino Ochoa, coordinador del grupo parlamentario panista, desmintió al presidente de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez, en el sentido que los exdiputados ya no pueden ser sancionados por haberse aprobado bonos de 50 y 100 mil pesos en la pasada legislatura.

“Lo mencionado es incorrecto, porque el término que se refiere el diputado Santiago Chávez es al juicio político y no a las responsabilidades administrativas derivadas del proceso de revisión y cuentas públicas”, dijo.

Alegó que el procedimiento que el Osafig y el congreso llevan a cabo es por faltas administrativas que, según la ley de Fiscalización Superior del Estado, tienen hasta 3 años para prescribir.

Explicó que en esta segunda hipótesis, la acción de sancionar prescribe en tres años, lo anterior se fundamenta en el artículo 9 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima.

En cuanto a la supuesta omisión e incumplimiento del OSAFIG por la entrega indebida de los informes de resultados, aseguró que la ley determina lo que el citado informe debe de contener, y de la revisión que se hizo de los informes de resultados en la página de internet de dicho órgano de fiscalización, se puede apreciar que se cumple a cabalidad con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Por esa razón, continuó la panista Martha Sosa, no se aplica el 126 de la Constitución Local que establece que los funcionarios públicos que gocen de fuero sólo podrá exigirse su responsabilidad en delitos y faltas oficiales hasta un año después de concluido su encargo y para tal efecto expiró el pasado 1 de octubre.

Sosa Govea recordó que ella fue inhabilitada para ocupar cargos públicos en el 2003 derivado de una propuesta de sanción aprobada en el 2001, un año después de que concluyó su gestión como alcaldesa de Manzanillo.

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